La Justicia decretó la quiebra de Lácteos Conosur SA, la empresa que controlaba la tradicional planta láctea La Suipachense, ubicada en Suipacha, provincia de Buenos Aires. La resolución fue firmada por el juez Leandro Julio Enríquez, del Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mercedes, quien ordenó abrir directamente la etapa de liquidación, poniendo fin al proceso que meses atrás había comenzado bajo concurso preventivo. La novedad fue difundida por el gremio lechero Atilra. El grupo venezolano Maralac controlaba la compañía; es la misma firma que administró la quebrada Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), que comercializaba los yogures y postres de SanCor. La Suipachense empleaba a 140 personas y, en los últimos tiempos, redujo drásticamente su producción en medio de un conflicto gremial. Acumuló una deuda postconcursal por cheques rechazados que ascendería a $8.458.599.415,78. Además, el gremio formuló reclamos por más de $1.000.000.000.
En su resolución, el magistrado ordenó “declarar en estado de quiebra a la empresa ‘Lácteos Conosur S.A.’ (CUIT 30-68714743-6)… Se deja constancia que no corresponde la tramitación bajo el régimen previsto por el art. 288 LCQ”. La decisión alcanza a una firma que atravesaba una crisis prolongada: la planta llevaba semanas paralizada, sin producción ni pago de sueldos, y estaba ocupada por sus trabajadores.
El juez asimismo dispuso la inhabilitación de la empresa y de su presidente, Jorge Luis Borges León. El fallo detalla: “Asimismo, se declara la inhabilitación de la fallida Lácteos Conosur S.A. y del integrante del órgano de administración Jorge Luis Borges León (DNI 95.239.435)… La inhabilitación de la fallida es definitiva”. La resolución también impuso restricciones migratorias al indicar: “Hacer saber a las autoridades migratorias la necesidad de autorización judicial expresa para salir del país del presidente de la fallida…”. La medida busca asegurar la disponibilidad del directivo mientras se investigan posibles irregularidades en la gestión.
En el plano económico, la decisión ordena comunicar la quiebra al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que todas las entidades financieras bloqueen cuentas y depósitos a nombre de la empresa. “Ordenar que se libre oficio al BCRA para que tome nota del decreto de quiebra y lo comunique a todas las instituciones financieras… cerrar todas las cuentas corrientes… y embargar y transferir los saldos existentes”, expresó el fallo.
También se decretó la inhibición general de bienes y la prohibición de pagos: “Decretar la inhibición general de bienes de la fallida…” y “prohibir la realización de pagos a la firma fallida…”. Con esas medidas se impide cualquier movimiento patrimonial hasta que la Sindicatura determine el destino de los activos.
Otro punto relevante fue la clausura de la planta industrial y el control de su documentación. “Proceder a la constatación y clausura del establecimiento de la fallida… El oficial de justicia procederá a la incautación de libros y documentación… y constatará el estado de ocupación e identificará a los eventuales ocupantes”. La medida pretende preservar los bienes y la información contable mientras se relevan los activos que podrían integrarse a la masa de la quiebra.
La Sindicatura, que ya intervenía en el concurso preventivo, continuará en funciones durante la quiebra. “Resultando este último continuación de aquél, corresponde que prosiga con su actuación la Sindicatura interviniente en el concurso”, sostiene el fallo. El juez le encomendó, además, garantizar la provisión de servicios básicos y la seguridad del predio: “Solicitar a la Sindicatura que adopte las medidas necesarias para la provisión de los servicios esenciales… y garantizar la seguridad de la planta”.
El texto también advierte sobre la posibilidad de dar intervención penal: “…deberá arbitrar los medios necesarios, en caso de corresponder, para dar urgente intervención a la Justicia Penal”, ante eventuales delitos atribuibles a los representantes de la empresa.
La empresa acumuló una fuerte deuda postconcursal
El fallo fija los plazos del proceso. Los acreedores podrán verificar créditos hasta el 10/02/2026, según el texto: “Fíjase fecha hasta la cual podrán presentarse los acreedores a verificar sus créditos, en el día 10/02/2026”. Luego, la Sindicatura deberá presentar las impugnaciones hasta el 27 de febrero, y remitir los informes individuales y generales entre el 30 de marzo y el 14 de mayo de 2026, con posibilidad de observaciones hasta el 29 de mayo. Finalmente, se ordenó modificar la carátula del expediente a “Lácteos Conosur S.A. s/ Quiebra (Grande)” y notificar de forma automatizada a la empresa y a la Sindicatura.
Con más de 70 años de trayectoria, La Suipachense llegó a procesar alrededor de 250.000 litros diarios de leche y ocupaba a 140 personas, constituyéndose en uno de los principales motores económicos de Suipacha y su zona de influencia. La planta era reconocida por la producción de quesos y dulce de leche, con presencia en todo el país. En los últimos meses la producción se detuvo por completo y los trabajadores ocuparon el predio en reclamo de salarios y aguinaldos atrasados. Con la quiebra decretada, la empresa pasa formalmente a administración judicial.
