El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 rechazó la solicitud de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que un juzgado Civil y Comercial se encargue de la ejecución de sus bienes en el pago de los daños por defraudación al Estado en el marco de la causa Vialidad.
Los jueces Jorge Gorini, Gonzalo Giménez Uruburu y Andrés Basso afirmaron que son ellos quienes decidirán sobre el decomiso de los bienes de la exmandataria, cuyo valor todavía se encuentra en discusión. Además, delegaron en los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola la tarea de identificar dichos bienes para avanzar en su ejecución.
Los abogados de CFK, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, argumentaron que el tribunal confundía el “decomiso” con la “reparación de los perjuicios”. Sin embargo, los magistrados rechazaron este argumento y reafirmaron su autoridad para decidir sobre la ejecución de los bienes.
En este sentido, Gorini, Giménez Uriburu y Basso señalaron que el decomiso “no es equiparable a la obligación de indemnizar”, sino que se considera “una pena accesoria vinculada a la responsabilidad por el delito cometido”. También enfatizaron que “en los delitos de corrupción, el decomiso cumple una función reparatoria frente al daño social causado, destinado a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente perjudiciales. Por lo tanto, es pertinente mantener la competencia de este tribunal para ejecutar la pena de decomiso firme, como sanción penal accesoria con efecto reparador a favor del Estado, sin que se deba supeditar su cumplimiento a acciones civiles”.
Asimismo, ordenaron a Luciani que proceda con la elaboración del inventario de los bienes a decomisar, indicando que “el Ministerio Público Fiscal cuenta con plenas y suficientes facultades para promover, en sede judicial, las medidas necesarias para la identificación exhaustiva de los bienes cuya titularidad corresponde a los condenados”.
En cuanto a la cifra del decomiso, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el 11 de septiembre con el fin de analizar si confirma o no la actualización del monto establecido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, que asciende a 684.990.350.139,86 pesos.
Esto fue necesario tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que llevó al tribunal inferior a actualizar el monto fijado en 2022. En esa ocasión, los jueces habían determinado que la suma del decomiso debía ser de 84.835.227.378,04 pesos, valor que debía ajustarse al momento en que la sentencia quedara firme, lo cual ocurrió en junio de este año.
