La Agencia para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos comenzó a reubicar a su personal en República Dominicana tras el cierre temporal de su oficina en ese país caribeño. El anuncio despertó inquietud en ámbitos diplomáticos y de seguridad, ya que ocurre en el marco de una investigación por presunta corrupción al interior de la propia agencia.
La decisión, comunicada oficialmente este viernes, dispone el traslado inmediato de los agentes destacados en territorio dominicano. La medida se adopta “hasta nuevo aviso”, informó la representación diplomática de Estados Unidos.
La embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah F. Campos, difundió el jueves un mensaje contundente acerca de la gravedad del caso.
En sus palabras, la corrupción “no tiene espacio en el Gobierno estadounidense ni en ningún otro”. Campos calificó el uso indebido de un cargo oficial para beneficio propio como una “violación repugnante y deshonrada de la confianza pública”.
El mensaje se difundió por canales oficiales de la embajada y, hasta ahora, es la única referencia pública sobre la naturaleza de las acusaciones que motivaron el cierre de la oficina de la DEA.
Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, evitó detallar las acusaciones específicas que han trascendido. En una declaración oficial enfatizó el protocolo de respuesta de la agencia: “No haremos comentarios sobre las acusaciones específicas que se hicieron públicas”, señaló.
Cole subrayó que la DEA “coopera plenamente con las autoridades competentes” y que se están revisando los hechos para proteger la integridad de sus operaciones.
El administrador enfatizó la política de tolerancia cero frente a la mala conducta. “La DEA exige a su personal los más altos estándares de integridad y rendición de cuentas”, afirmó Cole.
Agregó que “cualquier denuncia de mala conducta o corrupción se trata con la máxima seriedad, y actuamos con rapidez para evaluar los hechos y garantizar la rendición de cuentas cuando corresponda”.
En los últimos años, el Gobierno de Estados Unidos ha resaltado la cooperación con República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) del país caribeño informó que, en el último año, se incautaron 48 toneladas de estupefacientes como parte de una estrategia “sin precedentes” contra el crimen organizado.
Estas cifras han sido citadas reiteradamente por autoridades estadounidenses como prueba de una relación bilateral sólida en la lucha contra delitos como el narcotráfico y el lavado de activos.
El cierre de la oficina de la DEA y la reubicación de su personal constituyen un desafío para la continuidad de esas acciones conjuntas. No obstante, tanto la embajada estadounidense como la DEA han reiterado que la integridad y la transparencia seguirán siendo valores centrales de su política exterior y operativa.
En su declaración, Terrance Cole defendió el profesionalismo de los integrantes de la DEA: la agencia “no tolera ninguna conducta que manche la insignia o erosione la confianza depositada en nosotros por el pueblo estadounidense y nuestros socios internacionales”. Cole subrayó el honor y la responsabilidad de los “miles de profesionales de la DEA” que trabajan en distintas partes del mundo.
El cierre temporal de la oficina de la DEA en República Dominicana se produce en un momento en que la colaboración regional en materia de seguridad se está fortaleciendo.
La reubicación del personal podría afectar, al menos de manera transitoria, los mecanismos de intercambio de información y las operaciones conjuntas que han sido clave en la lucha contra el tráfico de drogas en el Caribe.
Por ahora, las autoridades estadounidenses han optado por reservarse los detalles de la investigación. La comunidad internacional permanece a la expectativa de nuevas revelaciones sobre el caso y sobre el futuro de la cooperación antidrogas en la región.
