El presidente del Instituto de Derecho Penal, Procesal y Criminología, Miguel Ángel Cullen, comentó sobre la controversia generada con el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, a raíz del debate sobre la reforma del Código Procesal Penal propuesta por el Poder Ejecutivo.
En una entrevista en el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Cullen afirmó que “la crítica no es hacia la convocatoria del gobierno; al contrario, la aplaudimos. Sin embargo, cuestionamos que el gobierno, con buen criterio, invitó al Colegio de Abogados, pero no incluyó al Instituto, que se ocupa de esta problemática”.
Cullen expresó su desconcierto por esta omisión: “No tengo la menor idea del motivo. No nos mezclamos en la política interna del Colegio; no somos parte de ninguna lista y no interrumpimos. Todos nuestros eventos son autofinanciados. Sin embargo, parece que no nos quieren, evidentemente”.
Además, destacó que “el colega que nos representa lo hará con profesionalismo y responsabilidad; incluso nos llamó y manifestó su interés en escucharnos y llevar a cabo nuestras propuestas”. Subrayó el hecho de que “el Instituto forma parte del Colegio de la Abogacía, pero goza de cierta autonomía, desarrolla sus propios debates y posee ideas independientes. Esta vez no se nos invitó, como ocurrió anteriormente con la reforma de la ley de Juicio por Jurados. A pesar de que el gobierno convocó al Colegio, nos dejaron de lado una vez más, y eso es lo que queremos señalar”.
En este contexto, Cullen mencionó que desde el Instituto “hemos presentado tres proyectos y apoyamos el proyecto de la Sala Penal, que se elaboró con la participación de todos los actores involucrados: jueces de Garantía, defensores, fiscales y el Colegio a través del Instituto. Fue un proyecto muy debatido, pero desgraciadamente no prosperó. Hemos tomado la iniciativa para mejorar un Código que necesita ser revisado”.
Acerca de los aspectos a reformar, Cullen señaló que “hay dos puntos específicos a resaltar, ya que resulta extenso abordar los veinte a reformar. El primero es la revisión de los plazos de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), lo cual apoyamos completamente”.
En relación a los otros puntos, enfatizó que “tenemos dudas de que el proyecto final sea beneficioso para el ciudadano o para aquellos que enfrentan un proceso penal. A pesar de no indicarlo de manera explícita, se sugiere ‘limitar las facultades del juez de Garantías’, algo que no se debe permitir. Es esencial ampliar esas facultades. Muchos jueces han expresado su deseo de contar con más herramientas, especialmente para salvaguardar las garantías constitucionales”.
Cullen también destacó que “bajo la premisa de que los abogados son responsables de todo, se ha instaurado la idea de que existen resoluciones que pueden ser apeladas y otras que no. Esto es totalmente incorrecto. Cualquier resolución que infrinja un derecho constitucional no puede ser válida y debe ser revisada. ¿Acaso los jueces son infalibles?”.
Abogó por el enfoque inverso: “Debería ser revisada toda decisión que afecte un derecho o garantía constitucional. Sin embargo, parece que se ha optado por favorecer la celeridad a expensas de esta revisión necesaria, considerando que los jueces, como seres humanos, pueden errar”.
Como ejemplo, mencionó el caso de los contratos fraudulentos, donde no hubo dilación en la investigación: “Ocho años han pasado y seguimos sin saber cuántos contratistas están involucrados. No podemos ir a juicio sin conocer la cantidad y naturaleza de los contratos. La dilación se produjo antes y ahora necesitamos controlar la investigación”.
Por último, aclaró que “nuestros puntos de discusión no solo abarcan delitos contra la administración pública, sino que afectan un amplio espectro de causas”.
“En una provincia que se destacó por tener un código oral ejemplar, respetando todos los derechos y garantías de imputados y víctimas, con una jurisprudencia avanzada que precedió a la famosa jurisprudencia Casal, que abrió el camino a la Casación. Poseemos una rica historia, mucho más rica que la de otras provincias. Fuimos pioneros en establecer el amparo en defensa de los derechos ciudadanos. Esa historia no puede ser desechada, y ahora se discuten cuestiones que implican un retroceso significativo”, concluyó.
