La canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llegó en febrero a $192.181 mensuales para un hogar promedio sin subsidios, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET.
El informe, sustentado en datos oficiales de la Secretaría de Energía, ENARGAS, INDEC y otras fuentes gubernamentales, indicó que el gasto creció 41% respecto al mismo mes de 2025, aunque se redujo 0,3% respecto de enero por factores estacionales y por una menor demanda de energía eléctrica y gas natural.
El relevamiento del IIEP reflejó la puesta en marcha del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que modificó la segmentación de usuarios y la cobertura de costos de los servicios públicos. Desde febrero, el régimen distingue entre usuarios de electricidad con o sin subsidio, mientras que en el sector del gas ningún hogar recibió bonificaciones en el precio mayorista. El estudio resaltó además que la cobertura tarifaria promedio alcanzó el 65% de los costos y que el Estado nacional absorbió el 35% restante.
En el detalle de la canasta, el transporte público constituyó el componente más oneroso, con un gasto mensual de $87.975, seguido por la factura de energía eléctrica de $47.935 y la de gas natural de $24.538, ambos valores correspondientes a usuarios sin subsidio. El gasto en agua potable sin subsidio se ubicó en $31.687. El IIEP explicó que estos montos se calcularon ponderando un hogar representativo del AMBA, con consumos promedio y un coeficiente zonal medio para el agua.
Canasta de servicios versus salarios
El análisis del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP subrayó que la canasta de servicios públicos representó el 11% del salario promedio registrado estimado para febrero, equivalente a $1.733.146. Con ese salario se podían cubrir nueve canastas de servicios públicos, frente a 9,6 canastas en febrero de 2025, lo que evidencia un aumento de la carga de los servicios sobre el poder adquisitivo.
La evolución de la cobertura mostró diferencias por servicio y por segmento de usuarios. En electricidad, los usuarios residenciales sin subsidio alcanzaron una cobertura del 100% del costo de abastecimiento, recuperando niveles previos al nuevo esquema. Para los usuarios con subsidio, la cobertura pasó de 29% en febrero de 2025 y 33% en enero de 2026 a 50% en febrero de 2026, lo que implica una menor proporción de costos financiada por el Estado y un mayor traslado a la tarifa final. En gas natural, la cobertura llegó al 101% para el usuario promedio sin subsidios, dado que en febrero no hubo bonificaciones según los lineamientos del SEF.
La composición de las facturas varió según el acceso a subsidios. Para usuarios sin subsidio en electricidad, la energía representó el 36% del total, el valor agregado de distribución (VAD) el 38% y los impuestos el 27%. En los hogares con subsidios, la energía significó el 19%, el VAD el 53% y los impuestos el 27%. En gas natural, la factura promedio nacional para un usuario sin subsidios ascendió a $30.291, con una distribución del 32% para el precio del gas, 46% para el VAD y 22% para los impuestos.
El IIEP detalló que en febrero la factura promedio de electricidad para usuarios sin bonificaciones mostró un aumento del 14,1% en el cargo variable, mientras que para quienes recibieron subsidios se registró una baja del 3,9%, como efecto del nuevo tope de 300 kWh mensuales para el bloque subsidiado. En gas natural, la eliminación de los segmentos N2 y N3 produjo incrementos en el cargo variable de 117% y 80% respectivamente para los ex beneficiarios, que pasaron a integrar un único segmento sin bonificaciones.
El peso de los servicios energéticos sobre el ingreso dependió del nivel de subsidio y del monto de los ingresos familiares. Un hogar sin subsidio con ingresos equivalentes a tres canastas básicas destinó 2,1% de sus ingresos a estos servicios, mientras que un hogar con subsidio y un ingreso equivalente a una canasta básica asignó 4,4%. Para los perceptores del salario mínimo, vital y móvil, la carga de los servicios energéticos llegó al 8,6% del ingreso.
En la comparación interanual, la factura de transporte aumentó 56% respecto a febrero de 2025, por encima de la inflación estimada. El gasto en agua, electricidad y gas natural trepó 19%, 35% y 37% respectivamente. El informe señaló que el transporte fue la principal causa del aumento de la canasta de servicios públicos, aportando 23 puntos porcentuales al incremento total del 41%; la energía eléctrica sumó nueve puntos, el gas cinco y el agua cuatro.
Cuánto subieron los subsidios
Los subsidios económicos a los sectores de energía y transporte registraron un aumento nominal del 140% anual acumulado a febrero de 2026, con una variación real del 82% anual. La energía explicó el 86% de los subsidios acumulados y tuvo una suba real del 175% anual, principalmente a través de transferencias a CAMMESA y ENARSA. Las transferencias a CAMMESA crecieron 87% en términos reales, mientras que las destinadas a ENARSA aumentaron 1872%. En contraste, los subsidios al transporte disminuyeron 43% en términos reales.
El informe consignó también que la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 593% desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, mientras que el nivel general de precios se incrementó 200% en el mismo período. En la comparación interanual, la canasta se elevó 41%, ubicándose diez puntos por encima del Índice de Precios al Consumidor, que registró una variación de 31%.
La dispersión de tarifas por región y por empresa distribuidora se mantuvo como un rasgo estructural del sector, influida por diferencias en los marcos regulatorios, la composición de costos y la existencia de distintas cargas impositivas. El IIEP remarcó que las comparaciones tarifarias entre jurisdicciones deben considerar estos factores para evitar interpretaciones equivocadas.
El costo promedio de la canasta de servicios públicos incluyó además el precio del litro de nafta y gasoil premium, que en febrero de 2026 promedió $1.877 y $1.945 respectivamente a nivel país, y la cobertura tarifaria de colectivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue del 32%. La brecha entre el costo regulado y el valor estimado por el IIEP resultó del 116%.
Por último, el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP consignó que la reducción real de las compensaciones al transporte del AMBA para colectivos y subte fue de 34% desde 2023. A partir de 2026, la determinación de los costos técnicos del transporte y el cálculo de los subsidios quedó a cargo de cada jurisdicción, poniendo fin a una larga tradición de centralización nacional.
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