“Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”. Este apotegma del general Juan Domingo Perón, pronunciado en uno de los momentos más críticos de nuestra historia, nos obliga a pensar en cómo debe responder el movimiento obrero frente a la ofensiva del plan económico que nos conduce indefectiblemente a la quiebra del sistema productivo nacional.
El ministro Luis Caputo sostiene que “la reforma laboral es el punto central del plan económico”. Eso implica, sin eufemismos, que los trabajadores somos quienes deberemos pagar una crisis que no hemos provocado. Lo mismo alcanza a los actuales y futuros jubilados: los aportes previsionales pretenden ser destinados a un fondo para financiar despidos.
Las propuestas laborales que se intentaron imponer por decreto fueron rechazadas por la Justicia. Por eso ahora buscan desarticular nuestros derechos en el Congreso de la Nación. Ya conocemos el mecanismo: los debates se resuelven detrás de puertas y favores, con transacciones que pagan votos a cambio de concesiones; la corrupción política se extendió hasta el punto de comprar voluntades a costa de nuestros derechos.
No contamos con el liderazgo de Augusto Timoteo Vandor, quien ordenó la toma de 11.000 establecimientos fabriles para imponer al gobierno fraudulento de Arturo Illia el Salario Mínimo, Vital y Móvil por encima de la línea de pobreza y denunciar la inflación que erosionaba los salarios. Tampoco están Lorenzo Miguel ni Saúl Ubaldini, que desde la clandestinidad organizaron las primeras movilizaciones y paros contra la dictadura cívico-militar más brutal de nuestra memoria. Sí están, en cambio, miles de trabajadores, delegados y dirigentes conscientes de que hemos llegado al borde del abismo. Llegó el momento de barrer a quienes pisotean los derechos obreros y se burlan del pueblo y de la Constitución Argentina.
Javier Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Daniel Scioli, Mario Lugones, Patricia Bullrich y todo el Gabinete nacional tendrán que rendir cuentas. Los sentaremos en el banquillo, pero antes debemos detenerlos. Son enemigos del pueblo. Hay que salir a la calle. Están violando la Constitución Argentina, que consagra el principio de progresividad y prohíbe la regresividad de los derechos: no se pueden quitar conquistas; sólo pueden ampliarse o mejorarse mediante propuestas más favorables. Así lo establece la Carta Magna.
Además, la misma Constitución habilita la lucha en su defensa y, en el artículo 36, reconoce el derecho a la “resistencia” contra quienes vulneren el orden institucional y sus principios. Esa interpretación fue la que invocaron las organizaciones del campo cuando salieron a las rutas a bloquear el país para proteger sus intereses.
Nosotros, por nuestra parte, tenemos derechos constitucionales que jamás se cumplen y es hora de colocarlos en la agenda nacional: el derecho a una vivienda digna, la participación en las ganancias empresarias, el control de la producción y una jubilación equivalente al salario del trabajador activo. Hoy estamos dos escalones por debajo de la línea de pobreza; resulta urgente revertir esta Argentina financiera donde la brecha social se ensancha.
Debe quedar claro que los derechos del trabajador no son una mercancía negociable, sino un sistema de protección destinado a equilibrar la desigualdad estructural entre capital y trabajo. Al pretender desmantelar la ultraactividad de los convenios y facilitar el despido arbitrario, el Gobierno no sólo ataca salarios, sino que quebranta el principio de “justicia social” que el artículo 14 bis eleva a rango constitucional. La estabilidad del trabajo no es un privilegio de una “casta”, sino una garantía de la paz social frente a la voracidad del mercado.
La experiencia de la Central Obrera Boliviana (COB) demuestra que los trabajadores deben ser interlocutores ineludibles en cualquier reforma que se pretenda implementar. En Bolivia, la unidad obrera impidió el congelamiento salarial y la eliminación de derechos constitucionales, recordándonos que la legitimidad de un gobierno se mantiene sólo si respeta a sus ciudadanos. Si el Poder Ejecutivo decide gobernar al margen de la ley, el pueblo tiene el deber moral de recordarle que el poder emana de su voluntad.
Está en juego la soberanía nacional cuando se intenta convertir a la Argentina en una factoría de servicios sin valor agregado, destruyendo la industria que la UOM ayudó a construir. Defender la Ley de Contrato de Trabajo es, en esencia, defender la patria. No hay nación posible sin industria, y no hay industria legítima que se sostenga sobre la miseria de sus trabajadores. La movilización no es sedición, sino un acto de defensa propia frente a un modelo que reduce al ser humano a un costo.
Como recordamos, la Unión Obrera Metalúrgica no vaciló en enfrentarse a la dictadura militar genocida cuando el sistema de partidos aplaudía. Tampoco dudó la UOM en ejecutar el primer paro contra un gobierno peronista en defensa de sus derechos el 27 de junio de 1975, obligando la salida del ministro José López Rega y exigiendo la homologación de los convenios colectivos de trabajo.
Siempre fue en la calle. El 17 de octubre de 1945 marca el comienzo de esta historia: la multitud impuso un proyecto de país distinto, en el que los trabajadores influirían en las leyes. Las grandes luchas obreras fueron para imponer un orden social más justo, desde la abolición de la esclavitud hasta la jornada de ocho horas; todo fue en pos de una mejora social.
Llegó la hora de salir a la calle a defender las conquistas del movimiento obrero y del pueblo argentino.
* Secretario General adjunto de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica Seccional Capital
