Cuadernos: detalles de los 48 imputados y sus ofertas para evadir el juicio oral

Fue un viernes marcado por una intensa estrategia judicial en el caso de los Cuadernos, tras diez días de actividad frenética. La fiscal Fabiana León había dado 24 horas a las defensas para decidir si deseaban finalizar el proceso a través de un mecanismo legal conocido como reparación integral (artículo 59, inciso 6 del Código Penal).

Este giro en la causa, solicitado por un empresario, ocurrió a menos de dos meses del juicio oral. Ante la posibilidad de que todas las partes hicieran la misma solicitud, la fiscal notificó a todos los involucrados para que expresaran su interés en participar en una audiencia sobre el tema. Además, el Tribunal otorgó cinco días para que los abogados de los imputados manifestaran si estaban dispuestos a “reparar el daño”.

La audiencia virtual comenzó pasadas las 10 bajo la supervisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7, presidido por Enrique Méndez Signori, con Fernando Canero y Germán Castelli como miembros. Todos los imputados, alrededor de 70 en esta fase del juicio, estaban presentes.

Al finalizar la audiencia, se escucharon varias declaraciones que marcarán la postura tanto de la fiscalía como de la Unidad de Información Financiera (UIF), dirigida por Paul Starc y que actúa como querellante. “En esta fiscalía no se vende impunidad. No hay precio que se pueda asignar al daño institucional causado. No es solamente patrimonial; erosiona la confianza pública y la legitimidad del Estado”, afirmó León.

Por su parte, Mariano Galpern, titular de la Dirección de Litigios de la UIF, manifestó la posición del querellante: “La duración del proceso no habilita la impunidad. Que un juicio sea complejo o prolongado no justifica extinguir la acción. Esto exige un mayor compromiso institucional; de lo contrario, ¿acaso un delito mayor lo convierte en más fácil de resolver? La complejidad es una prueba de la gravedad”.

León también reconoció que gran parte de las defensas había expresado la intención de ofrecer dinero para extinguir la acción penal, y que siempre se había mostrado renuente a esa alternativa. “El valor protegido es la probidad, la transparencia, el orden público. No hay una víctima disponible; no hay precio que se pueda asignar al daño institucional”, subrayó la fiscalía.

Galpern también abordó el tema de las transacciones: “Aceptar la reparación integral sería mercantilizar la corrupción, transformando el proceso penal en un sistema de transacciones donde el poder adquisitivo sustituye el principio de igualdad ante la ley”.

Lo que sigue son las propuestas realizadas por empresarios y funcionarios y cuánto han ofrecido para finalizar el proceso. La Nación ha reconstruido las ofertas de todas las defensas, que ahora deberán ser aceptadas o rechazadas por el Tribunal, detallando los montos convertidos a dólares según el tipo de cambio al momento de redacción:

• Adrián y Mauricio Pascucci, socios de la constructora Alquimaq: $133.000.000 en total.
• Gabriel Romero, propietario de Hidrovía y Ferrovías, arrepentido, ofreció US$344.840, mencionando que había pagado a Cristina Kirchner US$600.000 para extender la concesión del río Paraná.
• Rodolfo Poblete, ejecutivo de Hidrovía y Ferrovías, propuso US$33.788.
• Jorge Benolol, empresario, ofreció US$290.577.
• Aldo Roggio, entonces presidente del grupo Roggio, propuso US$1.267.108.
• Carlos Arroyo, también socio de Green, ofreció US$1.823.
• Carlos Román, dueño de la constructora Green, ofreció US$1.823.
• Fabián Ezequiel García Ramón, exdirector de Promoción de Energías Renovables, propuso US$908.824.
• Cristóbal López, Fabián de Sousa y Osvaldo Manuel de Sousa, socios de la constructora CPC, ofertaron en conjunto US$683.028,53.
• Enrique Pescarmona y Rubén Valenti, de Industrias Metalúrgicas Pescamona, ofrecieron US$344.638.
• Hugo Dragonetti, empresario de la construcción, propuso US$960.390, admitiendo pagos ilegales para acelerar desembolsos.
• Hugo Marín Larraburu, secretario del Jefe de Gabinete, ofreció US$30.537.
• Juan Manuel Abal Medina, jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, propuso pagar US$40.000, ajustados por tasa activa del Banco Nación.
• Roberto Orazi, constructor, ofreció US$92.176.
• Jorge Beniot, empresario, propuso US$29.057.
• Juan José Luciano, también empresario, ofreció US$60.818, ajustados por tasa activa del Banco Nación.
• Juan Manuel Collazo, exdirectivo de Helport, reconoció haber pagado coimas y ofreció US$603.255.
• Armando Loson, dueño de la energética Albanesi, propuso US$122.472.
• Julio José Paulecci, imputado, ofreció US$256.789.
• Luis Armani, constructor, ofreció US$3.378.
• Mario Rovella, socio de Rovella-Carranza, propuso US$494.541.
• Miguel Marcelino Azar, expresidente de Vial 3, ofreció US$162.182.
• Patricio Gerbi, de Coarco, se declaró arrepentido y ofreció US$139.698.
• Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa, ofreció US$138.531.
• Miguel Ángel Marconi, socio de Supercemento, propuso US$342.611.
• Ángelo Calcaterra, ex dueño de Iecsa, ofreció US$1.684.442.
• Ernesto Clarens, arrepentido en la causa, ofreció un barco y un departamento en Miami valuados en US$1,5 millones.
• Alberto Taselli ofreció US$10.000.
• Gabriel Pedro Losi propuso US$557.629.
• Ricardo Santiago Scundia ofreció US$221.109.
• Daniel Pitón ofreció US$93.119.
• Osvaldo Acosta, de Electroingeniería, propuso US$295.983.
• Juan Carlos De Goycoechea, Mario Maxit y César De Goycoechea, de Isolux Corsán, ofrecieron US$1.081.219 en total.
• Héctor Javier López Caballero, exgerente general de Iecsa, propuso US$460.641.
• Santiago Ramón Altieri ofreció US$309.239.
• Claudio Javier Glazman, arrepentido, ofreció US$206.904, tras haber admitido haber pagado sobornos.
• Mario Marcuzzi, el que menos ofreció, está dispuesto a pagar únicamente US$202.

En la audiencia, pocos comunicaron verbalmente las cifras que proponían; la mayoría optó por presentar escritos detallando los montos y, en algunos casos, explicando cómo se llegó a esos valores.

Hubo otros que no especificaron cuánto estaban dispuestos a pagar. Por ejemplo, algunos empresarios de la construcción como Oscar Sansiseña, Guillermo Escobar, Pablo José Gutiérrez, Jorge Mauricio Balán y Ricardo Scuncia propusieron ajustar el monto de sus embargos.

León argumentó que este tipo de ofertas a cambio de un sobreseimiento representa una mercantilización de la Justicia. “Si se permite esto, el mensaje social sería devastador. La pena o la absolución tienen una función social: definen qué conductas son inaceptables, disuaden futuros desvíos y garantizan igualdad ante la ley”, enfatizó.

Finalmente, concluyó: “Permitir salidas transaccionales abre un mercado de impunidad que beneficia a quienes pueden pagar; quebranta la igualdad con el ciudadano común, con el trabajador decente, y erosiona la confianza en las instituciones democráticas, destruyendo el honor de los países. La corrupción no solo afecta un patrimonio aislado, lo corroe todo”.

Ahora será responsabilidad de los jueces del Tribunal decidir si destinar algo más de 12 millones de dólares será suficiente para compensar el daño causado por este sistema de recaudación ilegal.

(Fuente: Diego Cabot para La Nación)