La situación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) generó un fuerte cruce político entre el senador justicialista Víctor Sanzberro y el legislador de Juntos por Entre Ríos Alberto Casiano Otaegui, con posiciones enfrentadas sobre el estado del organismo y el alcance del informe que desató la polémica.
El debate se originó a partir de un reporte elaborado por el síndico fiscalizador de la obra social, Pablo Giampaolo, quien integra el órgano de control en representación de la oposición vinculada al PJ. Su función institucional es supervisar el funcionamiento económico, administrativo y prestacional del organismo y elevar informes a los ámbitos de control político.
Desde el peronismo, Sanzberro cuestionó la respuesta de la intervención ante los datos difundidos por la sindicatura. Sostuvo que frente a información considerada relevante sobre la situación del organismo, la reacción oficial fue descalificar los planteos en lugar de brindar explicaciones de fondo. En esa línea, planteó que el debate debería centrarse en analizar los datos y esclarecer el estado real de la obra social.
La postura fue rechazada desde el oficialismo. Otaegui defendió la actuación de la intervención y calificó las críticas como una “operación berreta”, al sostener que se utilizan datos fuera de contexto para atribuir responsabilidades a la gestión actual.
El legislador remarcó que el informe analiza un ejercicio que no fue administrado por las actuales autoridades, por lo que consideró incorrecto responsabilizarlas por el resultado global del período. También afirmó que el crecimiento del pasivo y el déficit reflejados en la documentación fueron precisamente los factores que motivaron la decisión de intervenir el organismo.
Además, defendió la respuesta institucional de la obra social frente a los cuestionamientos y sostuvo que explicar o contextualizar la información forma parte de las responsabilidades de gestión.
En ese marco, el oficialismo también puso el foco en el origen del informe, al señalar que fue elaborado por la sindicatura que representa a la oposición dentro del organismo, lo que —a su entender— resulta un elemento relevante al momento de interpretar el enfoque del documento y el uso político de sus conclusiones.
Desde el peronismo, en cambio, sostienen que la pertenencia institucional del síndico no invalida el contenido del informe y que su función es precisamente controlar y advertir sobre eventuales problemas de gestión.
El intercambio dejó en evidencia dos lecturas contrapuestas sobre el mismo documento y sobre el rol de los organismos de control. Mientras la oposición insiste en la necesidad de explicaciones y transparencia sobre la situación de la obra social, el oficialismo sostiene que se intenta instalar una interpretación política que atribuye responsabilidades que no corresponden a la gestión vigente.
Así, el informe de la sindicatura y su interpretación volvieron a ubicar a la obra social provincial en el centro del debate político entrerriano, con posiciones cada vez más distantes entre oficialismo y oposición.
