Los Registros de la Propiedad Inmueble de Entre Ríos atraviesan un fuerte conflicto laboral luego de que los empleados denunciaran un recorte del 35 % en el pago de horas extras, con la advertencia de que en octubre podría aplicarse una nueva reducción similar.
La situación llevó al personal a declararse en estado de alerta, realizar asambleas y suspender la atención al público durante 8 a 12 horas en todas las dependencias de la provincia.
Los trabajadores sostienen que el recorte afecta sus ingresos y pone en riesgo el funcionamiento del organismo, responsable de tareas clave como la inscripción de inmuebles, el registro de inhibiciones, el registro público de comercio y la tramitación del régimen gratuito del “bien de familia”.
La tensión también preocupa a colegios de escribanos y abogados, que solicitaron una reunión para exponer las consecuencias de la medida. El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, junto con otras entidades, pidió la intervención del Gobierno para garantizar los servicios.
La falta de actividad genera demoras en la inscripción de escrituras, operaciones comerciales y trámites vinculados al acceso a créditos hipotecarios, lo que repercute en la economía provincial.
Frente a este escenario, el secretario de Justicia, Julián Maneiro, defendió la posición del Ejecutivo y aseguró que se está trabajando para encauzar el conflicto.
En ese sentido, el funcionario afirmó: “La situación del Registro de la Propiedad se está abordando mediante un diálogo permanente, con la convicción de que a través del consenso y el trabajo conjunto se puede arribar a una solución equilibrada y sustentable.”
El secretario destacó la apertura de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN): “Estamos conversando de manera muy positiva con el sindicato. La decisión de otorgar una tregua y poner distintas alternativas sobre la mesa demuestra voluntad de diálogo y compromiso con una salida consensuada”.
Maneiro confirmó que la propuesta gremial está siendo analizada por distintas áreas del Ejecutivo y remarcó que el Gobierno busca “una respuesta justa y equilibrada para los trabajadores”.
Al mismo tiempo, advirtió sobre el impacto que generan las medidas de fuerza en la sociedad. “Hemos también dialogado con los colegios profesionales de escribanos, abogados, ciencias económicas e incluso con representantes del Banco Nación, quienes nos transmitieron su preocupación porque estas medidas de fuerza generan demoras e inconvenientes en el otorgamiento de créditos hipotecarios y en líneas de financiamiento vigentes. Eso perjudica a los entrerrianos, al acceso al crédito de la clase media y al movimiento económico en general”, señaló.
Finalmente, el secretario de Justicia pidió comprensión a los empleados: “Sabemos que entienden que no se trata únicamente de un aspecto profesional, sino de un perjuicio concreto para los entrerrianos. Por eso es tan importante seguir transitando el camino del diálogo y la cooperación, que es la mejor manera de alcanzar soluciones duraderas.”
