A ocho meses de concluir su mandato, la actual gestión de gobierno encabezada por el intendente Julio Solanas enfrenta la necesidad de aprobar el presupuesto para este año. El proyecto original remitido en septiembre sufrió cambios: pasó de 240 a 264 millones de pesos y contiene numerosas artículos que establecen superpoderes para que el Ejecutivo pueda, entre otros puntos, tomar créditos, vender bienes municipales, ampliar el presupuesto y hasta desviar fondos que desde la Nación lleguen para obras públicas hacia Rentas generales, sin que ello pase por el Concejo Deliberante. El oficialismo pretende su aprobación en la próxima sesión y el bloque radical ya dio un guiño días atrás, al reunirse con el jefe comunal para su apoyo. "Ningún concejal puede aprobar este presupuesto, porque nadie puede ser cómplice del desfinanciamiento de la Municipalidad", advirtió ayer el edil Jorge Maier (Movimiento Social Entrerriano). Es que dijo, "el presupuesto es un dibujo de una mala administración que no evidencia un modelo de ciudad". Al analizar el nuevo cuadro de recursos y gastos, recordó que "la actual gestión siempre debió ampliar el presupuesto aprobado, incluso hasta dos veces por año", y pese a ello, cerró con déficit, que en 2006, dijo, "fue de 15 millones de pesos". Y para este año, el presupuesto prevé una amortización de deuda de 31 millones de pesos y 6 millones de pesos de intereses. El rubro más polémico lo constituye Personal. El Ejecutivo informó que hay 4.010 empleados en planta permanente y 130 temporarios, con contratos. A ello se añaden otros "800 contratos de obra", para los que pide autorización al Concejo. De ese modo, se registran más de 1.360 pases a planta en este año. "El municipio proyecta 113 millones de pesos de recursos propios, pero deberá destinar 130 millones para Personal. Ello demuestra la pérdida de autonomía financiera y la necesidad de contar con asistencia de la Nación", apuntó Maier, y acotó: "Este aumento de personal no tiene correlato en mejores servicios públicos", planteó. Por otro lado, advirtió sobre "la resignación de responsabilidades constitucionales" del Concejo en caso de aprobar la norma, que contempla artículos cuanto menos, polémicos. "Propone hasta desvío de fondos para obras públicas enviadas por la Nación, que constituyen una clara violación a las leyes", denunció. Además, dijo que "si en tres años se invirtieron 37 millones de pesos y 3 millones en estos tres meses de 2007, suponer que en ocho meses se invertirán 55 millones es un fantasía". Por ello, pidió que la Nación envíe inspectores para constatar que no se desvíen fondos. Y por último, reclamó al intendente electo José Carlos Halle que se inserte en la discusión, ya que esta situación afectará a su propia administración.
