Las declaraciones de Joaquín Benegas Lynch, candidato libertario, sobre la posibilidad de privatizar la represa binacional de Salto Grande continúan generando controversia. Al rechazo expresado en la Argentina se sumaron ahora voces críticas desde Uruguay, donde dirigentes políticos advirtieron que una medida de esa magnitud excede el marco de decisión unilateral.
Sergio Milesi, edil del Frente Amplio en el departamento de Río Negro y con experiencia previa en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), cuestionó duramente la iniciativa. “No se puede tirar cualquier cosa al voleo”, sostuvo en diálogo con medios locales. Para el funcionario, el planteo de Benegas Lynch ignora la naturaleza jurídica y política de la represa: “Estas son cuestiones de Estado, no son cuestiones de boliche. Salto Grande es un organismo binacional, donde los Estados Partes tienen que estar de acuerdo con las decisiones que se toman; no es un bien propio que pueda manejarse de manera unilateral”.
Milesi recordó que la discusión sobre a una eventual privatización de la represa no es nueva. “En el gobierno de Menem hubo un intento con Salto Grande. Ya en aquel entonces existió la intención de privatizarla. Después, en 1997, se planteó un proyecto de regionalización del lado argentino, en el que Entre Ríos tendría un 70% y Corrientes un 30%. Esos son los antecedentes”, repasó. Y añadió: “Hoy, con el gobierno actual de la Argentina, que se asemeja mucho al de aquel entonces, vuelve este tema a la agenda”.
El dirigente frenteamplista fue categórico al señalar que cualquier modificación en la administración de la represa debería contar con la aprobación del Parlamento uruguayo. “Si Argentina quisiera hacer algo con Salto Grande, tendría que tener el visto bueno del Estado uruguayo. Esto se cae por su propio peso. Me parece que habría que ser un poquito más responsables cuando se dicen estas cosas, porque desde el vamos sabemos que prácticamente es imposible llevarlas a cabo”, sostuvo.
Rechazo entrerriano
Antes de la reacción uruguaya, los dichos de Benegas Lynch ya habían generado un amplio rechazo en Entre Ríos. El intendente de Concordia, Francisco Azcué, advirtió que “no se puede especular con un tema tan sensible para la región”, mientras que la diputada nacional Carolina Gaillard lo calificó como “una provocación que desconoce la historia y la importancia estratégica de Salto Grande”.
En la misma línea se expresaron el exgobernador Gustavo Bordet, quien recordó que la represa “no es una empresa más, sino un organismo binacional que garantiza desarrollo energético a ambas márgenes”, y el diputado provincial Enrique Cresto fue tajante al respecto: “Para él la energía debe ser un negocio privado. Nosotros decimos lo contrario: la energía es un derecho y un recurso estratégico”.
Desde la conducción de Enersa, Uriel Brupbacher advirtió: “Hablar de privatizaciones como criterio general es complejo. Tenemos fundamentos para justificar por qué la empresa debe seguir siendo estatal, porque ayuda al desarrollo de la provincia”.
“Tirar al voleo”
En ese sentido, Milesi advirtió sobre la ligereza con que se plantean propuestas de alto impacto. “Cuando se dicen estas cosas, no sé si se subestima la capacidad de la gente, o si en realidad se tiran tantas cosas al voleo esperando que alguien las crea posibles. Pero Salto Grande es un organismo binacional con un convenio firmado en 1946, y detrás de todo están los Estados. No se puede plantear algo así sin el debido sustento jurídico y político”, remarcó.
Finalmente, el edil frenteamplista reivindicó la defensa de la gestión pública. “Defendemos lo público. Estamos convencidos de que el camino es por ahí. Obviamente que hay que hacer el esfuerzo para que lo público sea eficiente, el desafío está ahí: siempre lo público”, cerró.
Con estas declaraciones, la polémica en torno a Salto Grande trasciende las fronteras y refleja el malestar que genera tanto en Entre Ríos como en Uruguay la idea de avanzar con una privatización unilateral.
