La disputa por el patrimonio de la familia Kirchner entró en una etapa decisiva. La Cámara Federal de Casación Penal deberá decidir si confirma o revoca la orden de decomisar 19 bienes de los hijos de Cristina Kirchner, que hoy figuran a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, y que la Justicia pretende ejecutar como parte de la condena impuesta a su madre en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), que condenó a la expresidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta, admitió los recursos de apelación y elevó el expediente al máximo tribunal penal para su tratamiento.
En su resolución, los jueces del tribunal oral confirmaron que el monto del perjuicio al Estado, actualizado a la cifra cercana a los casi 684.000 millones de pesos, está firme y en fase de ejecución. No obstante, aceptaron que una instancia superior examine la legalidad de avanzar sobre el patrimonio de los hijos de la exmandataria, quienes no estuvieron imputados en el expediente por la obra pública y adquirieron esas propiedades mediante cesiones y sucesiones.
La ofensiva judicial para frenar el remate es doble. Por un lado, la defensa de Cristina, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que la medida dictada el 18 de noviembre contradice fallos previos y constituye un “avasallamiento” de lo establecido en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Sostienen que se está aplicando un modelo de sanción que excede los marcos legales al afectar bienes que ya no pertenecen a la condenada, violando tratados internacionales.
Por su parte, Luis Goldin, apoderado legal de Máximo y Florencia, impugnó la medida por inconstitucionalidad, alegando “arbitrariedad y lesión del derecho de propiedad”. Su postura es que el tribunal está “extendiendo indebidamente el régimen de decomiso sobre bienes de origen lícito y de terceros ajenos al delito”, vulnerando el principio de inocencia y el debido proceso.
El tribunal oral admitió que la disputa jurídica se centra en la aplicación de un “modelo de decomiso amplio” y de “valor equivalente”. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso acogieron los recursos al considerar que es “válido cuestionar si la sanción puede proyectarse sobre activos que, aunque vinculados temporalmente a la maniobra investigada, hoy pertenecen a personas que no fueron parte del juicio y que ostentan títulos de cesión regularmente acreditados”.
La definición quedó ahora en manos de la Sala IV de Casación, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, los mismos magistrados que ya analizan las restricciones al régimen de visitas de la expresidenta. Mientras se dirime la cuestión de fondo, las defensas anticiparon que, ante un revés en esta instancia, llevarán el reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia e incluso a organismos internacionales para impedir que el Estado adopte la posesión efectiva de las propiedades.
El objetivo: recuperar 684 mil millones de pesos
La orden de decomiso original procura recuperar los activos necesarios para cubrir el daño económico que, según se afirma, provocó la corrupción en la obra pública de Santa Cruz. Además de las propiedades de la familia Kirchner, la medida alcanza bienes del empresario Lázaro Báez y de sus firmas Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto, por pedido expreso de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola para garantizar el cobro.
Los inmuebles en disputa son propiedades ubicadas en Río Gallegos y El Calafate. La Justicia fijó que todo se ejecute “previa tasación” para cubrir la suma actualizada de $684.990.350.139. El fallo establece un orden: si el patrimonio de los principales condenados no alcanza para saldar la deuda, se avanzará sobre los bienes de los otros sentenciados, como el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad, Nelson Periotti.
Para los investigadores, la clave es que los inmuebles fueron adquiridos en el período bajo revisión, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. Mientras tramitan las apelaciones, la resolución dispone la inscripción preventiva de los bienes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Decomisados, y suspende su ejecución definitiva hasta que exista sentencia firme.
TC/ML
