La localidad bonaerense de Suipacha vive momentos de gran zozobra. Ha pasado casi un mes desde que comenzó el conflicto en La Suipachense, la histórica planta láctea que constituye uno de los pilares de su economía, y la situación sigue sin resolverse. La fábrica permanece cerrada, bajo la toma de empleados, mientras la incertidumbre se agudiza entre productores, trabajadores y vecinos. De procesar 250.000 litros de leche diarios, la empresa ha reducido su capacidad a 40.000 litros y finalmente se encuentra paralizada. El control de la compañía está actualmente en manos del grupo venezolano Maralac.
Fuentes cercanas a LA NACION informaron que “no se ha resuelto nada”. Indicaron que “no han reincorporado a los nueve empleados despedidos [administrativos señalados por la empresa como responsables de haber asumido la conducción financiera sin autorización y de realizar pagos indebidos]. La situación está estancada y solo contribuye a agravar el problema”.
El pasado martes se intentó avanzar en una audiencia de conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo provincial, en su delegación regional de Chivilcoy, pero la reunión resulta frustrante, sin logros concretos. “Los salarios siguen sin pagarse y la planta permanece paralizada”, añadieron.
En este contexto, advirtieron que habrá que esperar hasta el lunes próximo para una nueva conciliación obligatoria, cuando “aparentemente la empresa presentará alguna propuesta”.
En esa línea, describieron el grado de parálisis que enfrenta la empresa. “Hoy, la planta está tomada; no entra ni sale nada. Desde hace 20 días, no se recibe un solo litro de leche, lo que complica aún más la situación, ya que el tiempo se agota”, manifestó la fuente.
Ante una consulta, la firma declaró: “Desde hace varios días, los trabajadores agremiados han interrumpido sus actividades laborales de manera arbitraria, afectando el normal funcionamiento de la compañía. Esta decisión se adoptó sin acuerdo ni resolución oficial, acompañada de amenazas y actos de violencia hacia los trabajadores no agremiados, creando un clima de intimidación que impide su normal asistencia al trabajo”.
“El origen de este conflicto está relacionado con el despido, por causa justificada, de nueve trabajadores que participaron activamente en un intento de intervención de la administración de la empresa junto al sindicato. Este hecho constituyó una grave vulneración del orden institucional y legal, y fue tratado conforme a la normativa laboral vigente”, añadieron. Reiteraron “su total disposición al diálogo, siempre dentro del respeto por la ley y la convivencia democrática en el ámbito laboral”.
Asimismo, señalaron que han recibido numerosas muestras de apoyo por parte de productores tamberos, proveedores, entidades financieras, accionistas y otros actores relevantes del ecosistema productivo: “La Suipachense actuará con responsabilidad, firmeza y transparencia, garantizando la continuidad operativa en la medida de lo posible, y defendiendo los derechos de quienes desean y necesitan trabajar en paz”.
El conflicto estalló a mediados de agosto, cuando la empresa quedó bajo el control de sus 140 empleados, en medio de atrasos salariales, deudas millonarias y una drástica caída en la producción, según informaron fuentes gremiales.
Paralelamente, la comunidad reaccionó con marchas y manifestaciones de apoyo a los trabajadores, en un clima de fuerte incertidumbre respecto al futuro de la industria láctea local. Días después, el bloqueo a la planta intensificó aún más la situación.
El conflicto gremial se superpone, además, con una delicada situación financiera. La compañía debe afrontar el pago de una cuota de US$100.000 correspondiente a un compromiso asumido meses atrás. “La empresa venía cumpliendo, pero en este contexto será muy difícil hacerlo”, detallaron fuentes consultadas.
Mientras tanto, algunos grupos empresariales han mostrado interés en adquirir la planta. Sin embargo, el conflicto frena cualquier negociación, explicaron.
Según comentaron, existen algunas propuestas interesantes, pero todos observan con cautela el número de trabajadores en la planta y su situación financiera. “Hay personas interesadas porque es una empresa con muchos años de historia, que tiene un nombre y una marca, pero todos plantean la cuestión de la cantidad de empleados, ya que sería necesario despedir al menos a 70 de los 140, sumado al aumento de la deuda”, completaron.
El paro de actividades impacta de lleno en los tambos de la zona, que se han quedado sin uno de sus principales destinos para la producción diaria de leche y han tenido que redirigir sus productos. “Cada día que pasa se vuelve más difícil. No hay certezas sobre cuándo se desbloqueará la situación, lo que genera desesperación”, reconocieron fuentes cercanas a la fábrica, fundada hace más de 70 años.
Para una fuente, la falta de acuerdos y la ausencia de un plan de salida profundizan el riesgo de que la situación termine en una “quiebra definitiva”. Hoy, a un mes del inicio del conflicto, la planta sigue parada, los trabajadores no han recibido sus salarios y los posibles compradores aguardan.
