El conflicto por la pesca del langostino ha sumado en las últimas horas nuevos capítulos de amenazas y una tensión extrema, llevándolo al límite y agravando la paralización de la actividad que se extiende por meses.
Entre acusaciones cruzadas entre sindicatos, que incluso han llegado a amenazas de muerte a trabajadores, y múltiples allanamientos judiciales en Chubut, la última semana representó un momento crítico para esta industria, que ya ha reportado pérdidas millonarias y cuya inactividad impacta a miles de familias en todo el país.
Afiliados del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) realizaron el viernes una protesta frente a la sede del Sindicato de Capitanes de Pesca en Mar del Plata, un gesto que pone de manifiesto las profundas divisiones en el sector gremial.
En Puerto Madryn, al menos cuatro marineros denunciaron haber recibido amenazas de muerte “por haber aceptado firmar contratos con la empresa Conarpesa”. Esta amenaza fue divulgada públicamente por el secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, quien expresó en redes sociales: “Amenazar de muerte a un laburante es traspasar todo límite”. Además, confirmó que se iniciaron acciones penales por estos hechos. Poco después, la Policía local llevó a cabo d dos allanamientos, incautando teléfonos que podrían aportar pruebas sobre el origen de los mensajes intimidatorios.
En respuesta, la Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina emitió un enérgico rechazo a los actos de violencia. En un comunicado, las entidades firmantes manifestaron: “Repudiamos la violencia y extorsión contra trabajadores que desean ejercer su derecho a trabajar. Este no es el camino para construir la paz social ni fomentar el empleo argentino”.
El conflicto gremial se centra en la negativa del SOMU y del Simape a renegociar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), particularmente en lo que respecta a los pagos por producción, que constituyen el componente principal del salario de los tripulantes. Ambos sindicatos afirman haber firmado ya un acuerdo salarial con aumentos sobre los básicos, mientras que las empresas sostienen que los valores actuales son insostenibles.
Oscar Bravo (SOMU) y Pablo Trueba (Simape) mantienen posiciones firmes. Bravo insistió en que “no hay nada legal que firmar fuera del convenio ya vigente”, mientras que Trueba acusó a las cámaras empresariales de intentar “romper la paz social”.
A pesar de la tensión, se logró una excepción: la empresa Buenos Aires Pesca SA alcanzó un acuerdo con ambos gremios para que dos buques tangoneros zarparan bajo un esquema de pago transitorio, respetando el CCT.
El conflicto, que ya lleva cuatro meses de parálisis formal y mantiene amarrados a más de 100 buques desde hace casi un año, tiene consecuencias dramáticas: exportaciones detenidas que superan los 200 millones de dólares y un impacto económico significativo en alrededor de 5.000 familias que dependen de esta actividad.
Desde una de las cámaras empresariales se señaló que “no hay condiciones de seguridad para salir a pescar con acuerdos individuales, los trabajadores están amenazados”. También advirtieron que el costo laboral representa actualmente el 60% de la operación y que continuar sin actualizar el convenio vigente implicaría trabajar a pérdida.
A diferencia de SOMU y Simape, los sindicatos de Capitanes y Maquinistas sí acordaron revisar los ítems de producción, que aún se calculan según un precio por kilo de langostino fijado en 2005 (USD 12), mientras que en la actualidad el valor ronda los USD 6 por kilo.
NA/HB
