Revisión del Artículo
Luego de un verano complicado y un inicio de sesiones convencionales poco auspicioso, el Senado volverá a tomar impulso. Esto será impulsado principalmente por la oposición, decidida a marcar la agenda del oficialismo tras las recientes derrotas en esa cámara. Hasta el momento, el Gobierno no ha logrado capitalizar el viento de cola que la Casa Rosada buscó tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones porteñas del domingo pasado.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo logró debilitar a la oposición el miércoles pasado, al no conseguir el quórum necesario para sesionar. Sin embargo, en el Senado la situación es diferente. El Gobierno no tiene control sobre esta cámara, dado que la relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentra paralizada y la bancada oficial sólo cuenta con seis senadores. Esta serie de debilidades se pondrá a prueba a partir del miércoles, cuando inicie el debate en comisión sobre ocho proyectos destinados a ampliar la composición de la Corte Suprema de Justicia, que actualmente posee cinco miembros: dos vacantes y tres ocupados por Horacio Rossati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Con el destino de la iniciativa “Ficha Limpia” obstruido, al menos por este año, el debate judicial se intensificará nuevamente en torno a la composición del máximo tribunal. El Gobierno ha experimentado el fracaso en las nominaciones del juez federal Ariel Lijo y del jurista Manuel García Mansilla. Al confirmar que no contaba con los dos tercios necesarios para el acuerdo del Senado, intentó designarlos en comisión por un año mediante un decreto. Sin embargo, con Lijo no pudo avanzar porque no renunció a su cargo en el juzgado federal 2 y la Corte le negó la licencia extraordinaria que le había otorgado la Cámara Federal porteña para retener ambos cargos. García Mansilla sí aceptó la designación, pero su permanencia fue efímera: apenas 40 días en el puesto. Su aventura concluyó el 4 de abril, cuando el Senado rechazó los pliegos de ambos candidatos por una abrumadora mayoría, lo que marcó una contundente derrota para el oficialismo.
La sombra de esa sesión dejó un precedente preocupante para el Gobierno, especialmente para el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quienes fueron los garantes de las nominaciones de Lijo y García Mansilla. Se trató de la primera vez desde la recuperación democrática en que el Senado rechazó los pliegos de dos candidatos promovidos por el Ejecutivo. Este suceso evidencia las mayorías que estarán en juego a partir de este miércoles. Hace cinco semanas, el pliego de Lijo recibió 43 votos en contra y 27 a favor; mientras que García Mansilla obtuvo 51 rechazos y solo 20 respaldos. En conversaciones con PERFIL, representantes de distintas bancas opositoras recordaron este momento como una clara ilustración del error que el Gobierno cometió al descartar la negociación más amplia que había explorado el año pasado con el peronismo y otros bloques. Se trataba de un diálogo que incluía la designación del procurador, puesto que Ricardo Casal ocupa de manera interina desde el 31 de diciembre de 2017, así como la ampliación de la Corte y la resolución de la histórica vacante del Defensor del Pueblo. Todo se paralizó cuando Caputo impuso la condición de “los dos o nada”.
Uno de los conocedores de la situación lanzó la primera piedra. El 7 de mayo, el senador salteño Juan Carlos Romero presentó un proyecto para ampliar la Corte a siete miembros. El portavoz Manuel Adorni aclaró que no se trataba de una iniciativa del Gobierno, distanciándose de la Rosada. Si bien se requieren dos tercios para nombrar a los miembros de la Corte, basta una mayoría simple para aprobar un cambio en el máximo tribunal. En total, hay ocho propuestas en consideración que plantean una ampliación a 15, 9 y 7 miembros.
La iniciativa de Romero cuenta con el mayor respaldo en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, cuyas reuniones comenzarán el miércoles. “Puedo asegurar que el peronismo lo respaldará”, afirmó uno de los autores de los proyectos. Se espera un debate ágil para poder llevar la discusión al recinto con rapidez.
Asimismo, habrá otra reunión de comisiones para tratar la ampliación de los integrantes de la Auditoría General de la Nación y la reducción de sus mandatos. Uno de los proyectos es del senador José Mayans, de Unión por la Patria, y plantea lo mismo que impulsa Martín Menem en Diputados, la cámara que preside. En este contexto, también hay diálogos entre peronistas y libertarios.
Villarruel, aunque no impedirá estos movimientos, atraviesa un periodo complicado. Hace dos semanas, promovió la designación de Emilio Viramonte Olmos como secretario administrativo y logró los votos, pero esta semana renunció. “Atento a la responsabilidad del cargo que me confirieron los senadores y viendo imposibilitado de cumplirlo, decido dar un paso al costado”, fue la declaración que se le atribuye. El renunciante dejó entrever que se le impide llevar a cabo su función: la administración de los fondos del Senado.
