La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de dos años y seis meses de prisión en suspenso para Jorge Abel Rodríguez, exfuncionario de Vialidad de Entre Ríos. Rodríguez fue investigado por manejos irregulares de fondos públicos destinados al sostenimiento de una escuela privada y a una campaña solidaria en la provincia del Chaco.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó el recurso de la defensa de Rodríguez, al considerar que no cumplía con los requisitos establecidos en la acordada 4/2007 sobre las presentaciones ante esa instancia. Así, se mantuvo la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ya que Rodríguez fue declarado coautor del delito de peculado. Además, se le impuso la obligación de realizar trabajos comunitarios durante ocho horas mensuales.
La causa se originó a partir de una investigación periodística publicada en la revista ANÁLISIS, que se centró en Jorge Abel Rodríguez, quien en ese momento era el titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Entre Ríos y luego ocupó el cargo de subinterventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE). En la investigación también se incluyó a otros funcionarios de la DPV, como Néstor Kemerer y Mario Heyde.
La investigación, realizada por Jorge Riani y publicada el 16 de junio de 2015, expuso diversas irregularidades en Vialidad. A fines de septiembre del mismo año, exdiputados provinciales denunciaron a Rodríguez por incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado. La acusación señalaba manejos irregulares en la administración de fondos destinados a sostener una escuela privada y a una campaña solidaria en Chaco, contraviniendo las funciones establecidas por la ley que creó Vialidad, Nº 2.936. Se les acusó de contratar a once personas para desempeñarse como docentes y no docentes en la escuela, aunque sus salarios eran pagados por la Dirección de Mantenimiento y Suministros de la DPV. También se cuestionó la cesión en comodato, por un período de 20 años y de forma gratuita, de galpones del organismo a la Asociación Civil Los Viales, que administra la escuela y está a cargo de Kemerer y Rodríguez. Las obras del predio se realizaron con fondos asignados al presupuesto de la DPV, lo que llevó a una investigación del Tribunal de Cuentas, donde se detectaron varias irregularidades en la creación de la institución educativa.
En 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná condenó a Rodríguez y Kemerer, absolviendo a Heyde. La Cámara de Casación confirmó esta sentencia, y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos desestimó una queja presentada al respecto. La defensa de Rodríguez intentó que la Corte Suprema revisara el caso, cuestionando la valoración de la prueba y las figuras legales aplicadas. Sin embargo, la presentación ante el máximo tribunal tenía defectos formales y fue desestimada.
