La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en el marco de la causa Vialidad contra Cristina Kirchner.
El veredicto se conoció pasadas las 17, tras la entrega de los votos de los tres miembros activos del tribunal -Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti- a la Secretaría Penal. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, había convocado a Lorenzetti y Rosenkrantz a una reunión a las 16 para formalizar la resolución.
Luego del anuncio, Cristina deberá comenzar a cumplir la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación permanente. Debido a su edad, 72 años, podría solicitar prisión domiciliaria.
De acuerdo con la decisión de la Corte, la ex presidenta no podrá ser candidata en las próximas elecciones, lo que tendrá una enorme repercusión en el tablero político, tanto dentro del peronismo como en la estrategia del Gobierno. Eventualmente, se espera que esta resolución también impacte en los mercados, que podrían celebrar el revés para el kirchnerismo o temer una radicalización de una oposición unida.
Una jornada de tensión máxima
Desde temprano, la tensión se hizo palpable alrededor de la sede del Partido Justicialista, en la calle Matheu. Militantes, dirigentes sindicales y legisladores se movilizaron en apoyo a la ex presidenta. Desde la tarde del lunes, se habían cortado rutas clave: Panamericana y Pacheco, Camino del Buen Ayre, Acceso Oeste, la autopista a La Plata a la altura de Quilmes y la autopista Richieri.
Delegados de gremios como SMATA, ATE, APL y Bancarios se sumaron a los cortes en un intento por visibilizar el rechazo y demandar garantías democráticas. La CGT emitió un comunicado titulado “La democracia está en peligro”, donde denunciaron que encarcelar a Kirchner sería un acto de proscripción para impedir su participación en las próximas elecciones legislativas.
Dentro del PJ, Cristina había mantenido encuentros con legisladores de Unión por la Patria y otros dirigentes. Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, Oscar Parrilli y Mariano Recalde fueron algunos de los que la acompañaron de manera constante. Mendoza señaló que se trataba de “un golpe a la democracia” y enfatizó el carácter político de la jornada.
Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa) fueron los únicos gobernadores que brindaron su apoyo a Cristina Kirchner ante la inminente decisión de la Corte. Los tres mandatarios se diferenciaron del resto de sus pares peronistas, quienes optaron por no expresarse públicamente.
Por su parte, el expresidente Alberto Fernández emergió en la escena y, a través de un tweet, afirmó que a los opositores “no se los persigue judicialmente” sino que se les juzga “conforme a la ley”. En esa misma línea, expresó:
“Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones. En un Estado de Derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se les juzga conforme a la ley. Algo que no ha ocurrido con CFK.”
“Estar presa es un certificado de dignidad”
Durante un acto en la sede partidaria, Cristina Kirchner ya había advertido: “Estar presa es un certificado de dignidad”. Sus palabras respondieron a una masiva convocatoria de apoyo y evidenciaron la estrategia de encuadre político frente al fallo.
El origen de este desenlace judicial se remonta a diciembre de 2022, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 la condenó por desviar fondos y adjudicar obras viales a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz durante sus mandatos (2003‑2015).
En noviembre de 2024, esta condena fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. Solo faltaba que la Corte Suprema confirmara o rechazara los recursos.
