En abril de 2022, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, conformado por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno, condenó al exgobernador y entonces embajador argentino Sergio Daniel Urribarri a ocho años de prisión, y a su cuñado Juan Pablo Aguilera, y al exministro de Comunicación y Cultura Báez, a penas de seis años.
El fallo había sido confirmado en todas las instancias en la Justicia entrerriana. Se demostró que los exfuncionarios direccionaron millonarias contrataciones de publicidad hacia la empresa de Aguilera, así como a las de Germán Buffa, Jorge Rodríguez y Gerardo Caruso.
“Como funcionarios públicos manejaron toda la tramitación entre ellos, para disponer de fondos públicos y usarlos a fines ajenos a la administración pública. Urribarri y Báez tenían conocimiento del carácter público de los dineros, de la ilicitud de la decisión que tomaron al sustraerlo y desviarlo hacia personas que se comportaron como sus socios comerciales. Disponiendo así de los fondos para beneficios propios y de terceros”, había manifestado la Cámara de Casación Penal al ratificar la sentencia, en 2023.
En abril del año pasado, el Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos de las defensas y ratificó el fallo: votaron a favor Miguel Ángel Giorgio y Gisela Schumacher, y Germán Carlomagno emitió un voto en disidencia.
Sin embargo, a los condenados les quedaban todavía un par de recursos. En ese entonces habían montado un show mediático promovido por Urribarri con su nuevo abogado, Fernando Burlando, y su socio Javier Baños, con denuncias contra jueces, fiscales e incluso ANÁLISIS, el medio que ha investigado y denunciado la corrupción no solo urribarrista sino desde 1990 en Entre Ríos. Finalmente, los abogados de Buenos Aires se apartaron del caso.
Tras un largo derrotero de presentaciones, recusaciones y planteos varios, en octubre (hace un año) Schumacher y Carlomagno habilitaron a los condenados a acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto minoritario de Giorgio. Esto implicaba que las condenas no quedaban firmes y los acusados continuarían en libertad. La cuestión era una supuesta incongruencia de argumentos entre los dos vocales que habían confirmado la sentencia.
Lo más curioso fue que se habilitó esta vía ante el máximo tribunal nacional también para Báez, pese a que él no la había solicitado debido a un error de la defensa en la firma del escrito presentado por los abogados.
Paralelamente, seguía su trámite otro recurso, esta vez del Ministerio Público Fiscal, que reclamaba la prisión preventiva de Urribarri, Báez y Aguilera. El 19 de noviembre, la Cámara de Casación Penal de Paraná hizo lugar al pedido y los tres fueron enviados a la Unidad Penal 1 de Paraná, en lo que fue un hecho histórico. Se sucedieron una serie de recursos que llegaron a ser tratados durante la feria judicial de enero, lo que se transformó en la novela y el escándalo judicial del verano. Finalmente, un tribunal de feria resolvió liberar al exgobernador y a su cuñado, quienes no pueden salir de las ciudades de Concordia y Paraná, respectivamente. En febrero, también excarcelaron a Báez, quien se fue a su casa quinta de calle Jozami con prisión domiciliaria.
Cuando se pensaba que el tratamiento del recurso en la Corte iba a tardar varios años, con los condenados especulando llegar a los 70 para evitar la cárcel, este martes el expediente experimentó el primer movimiento: salió de la vocalía 3, de Horacio Rosatti.
Sin embargo, las expectativas de una resolución rápida no son altas. Ahora deben expedirse los ministros Ricardo Lorenzetti (vocalía 1) y Carlos Rosenkrantz (vocalía 4). Tampoco se esperan demoras de años, como en otros casos, ya que el expediente fue puesto rápidamente a despacho.
Si la Corte rechaza el recurso de los condenados, deberían volver a la cárcel. En este caso, el más beneficiado fue Báez, ya que en este tiempo viene computando pena en la importante propiedad.
Aunque los tres tienen todavía causas por afrontar en la Justicia más gruesas que la primera. Urribarri tiene la causa “Coimas”, que fue enviada a juicio, otra por enriquecimiento ilícito, igual que Báez, mientras que Aguilera está imputado en la causa de los contratos truchos legislativos, que también está en la discusión para ser enviada a juicio.
