La Corte Suprema avaló el fallo de la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la causa que enfrenta a los miembros de la familia Baggio.
Celia María Agueda Munilla, por derecho propio, y Aníbal Román Baggio y Juan Alejandro Baggio, por derecho propio y como herederos de Rufino Pablo Baggio (padre), promovieron una demanda contra Rufino Pablo Baggio (hijo) para revocar las donaciones que abarcaron las acciones y cuotas partes de las sociedades RPB S.A., Citrus Mocoretá S.A., Juplast S.A. y Baplast S.R.L. La acción se fundó en el incumplimiento de la carga o condición impuesta al demandado y en el ejercicio abusivo en perjuicio de la donante supérstite y de los codonatarios diligentes.
Con ese fundamento, la Corte ratificó un pronunciamiento de febrero de 2024 de la Sala Civil y Comercial del STJ, que aceptó un recurso de inaplicabilidad de ley presentado por Juan Alejandro y Aníbal Baggio contra una resolución adversa de la Sala Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú dictada el 14 de diciembre de 2022. En esa instancia, la Sala Civil del STJ hizo lugar a la demanda de revocación de donación contra Rufino Pablo Baggio (hijo).
El conflicto, que se hizo público en 2022, expuso la profunda interna familiar en la empresa que produce los jugos Baggio desde su planta de Gualeguaychú, según informó el portal el Entre Ríos Ahora.
La disputa entre los hermanos se intensificó tras la muerte de la madre, Celia María Munilla, en abril de 2022. Munilla y su esposo Rufino Pablo Baggio fueron los fundadores de RPB S.A., empresa que lleva sus iniciales. Con 1.700 empleados directos y otros 3.100 indirectos, es una de las principales procesadoras de jugos de frutas envasados del país y la compañía más importante de Gualeguaychú.
El punto de partida del conflicto fue el fallecimiento de Baggio padre en 2006. Desde entonces los cuatro hermanos mantuvieron posturas irreconciliables y judicializaron sus diferencias, con denuncias cruzadas que incluyeron una denuncia penal por la desaparición de casi USD 7 millones transferidos irregularmente al exterior, acusaciones de presunta evasión, sospechas de maniobras de lavado de dinero, un juicio para revocar la donación de acciones recibidas por uno de ellos y reclamos por competencia comercial desleal.
A ese cúmulo de denuncias se sumó la investigación de los Pandora Papers, que reveló la existencia de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas usada como refugio offshore para “inversiones líquidas”, con activos también estimados en USD 7 millones. A principios de 2022 surgió además una nueva denuncia por supuesto pago de sobreprecios en la importación de envases para los jugos, adquiridos a una empresa con sede en Brasil, según destacó el Entre Ríos Ahora.
El último episodio escandaloso de la interna fue una asamblea conflictiva en la que el entonces presidente y hermano mayor, Juan Alejandro Baggio, junto a su hermano Aníbal —elegido como su sucesor— le impidieron votar a Rufino Pablo Baggio (hijo), conocido como “Pino”, a pesar de ser accionista mayoritario.
Para comprender el origen del enfrentamiento es necesario remontarse al modo en que Baggio padre y su esposa organizaron la sucesión. Donaron en vida un 25% a cada uno de sus cuatro hijos, pero conservaron el usufructo del 60% y los derechos políticos de las acciones (30% para cada uno). Además pactaron que, al morir uno de ellos, el otro conservaría ese porcentaje para mantener el control de la voluntad social durante su vida. Al enviudar, Munilla quedó con el usufructo del 60%.
Pese a ser socio mayoritario, “Pino” no asumió la presidencia de la compañía porque la viuda eligió a Alejandro para ese cargo. Esa decisión profundizó la división familiar: “Pino” perdió el acceso a las plantas y dejó de estar al tanto de la operatoria diaria de la empresa, informó el Entre Ríos Ahora.
Solo tras la muerte de la madre los tres hermanos varones quedaron habilitados para ejercer el control pleno de las acciones usufructuadas por sus padres. “Pino”, que estaba fuera de la conducción de RPB S.A. desde 2011, recuperó el control mayoritario de la empresa, que en ese momento estaba dirigida por Juan Alejandro. En la primera asamblea posterior al fallecimiento de Munilla intentó designar un nuevo directorio y asumir la presidencia, pero se encontró con la oposición de sus hermanos.
El argumento principal de Alejandro y Aníbal para desconocer su voto fue que “tener intereses totalmente contrapuestos con RPB SA al competir en forma desleal a través de las sociedades Bigar SA y Jugos del Uruguay SA en el mercado de los jugos frutales y saborizados, salsa de tomate, vino y productos similares”. Lo acusaron además de “valerse de los recursos de RPB a los que tenía acceso y la comercialización desleal de productos idénticos a los ofrecidos por RPB”, y de “detraer la estructura empresarial de Jugos del Uruguay del dominio de RPB para aplicarlo a la explotación de los jugos Big C, y competir deslealmente con RPB”, según consta en el acta manuscrita de la asamblea, firmada por escribano.
El producto estrella de las empresas rivales es precisamente el jugo BIG C, que compite con el jugo Pronto de Baggio. Según verificó este medio, Bigar SA fue registrada en la Ciudad de Buenos Aires en 2011 por “Pino” y su mujer, y tiene sede en la provincia de Mendoza. Jugos del Uruguay SA fue creada en 2006 en Fray Bentos, Uruguay, y el accionista mayoritario de los Baggio figura como su director.
En la asamblea que terminó en escándalo los hermanos que conducen RPB resolvieron que el nuevo presidente fuera Juan Aníbal, en reemplazo de Juan Alejandro, y descartaron a “Pino”, quien se había autopostulado como accionista mayoritario. Contra él y su madre se había iniciado en febrero de 2020 un juicio de revocatoria de donación de acciones en la Justicia Civil de Gualeguaychú.
Ese pleito, uno más dentro del largo conflicto entre los Baggio, tuvo resolución: primero la Sala Civil del STJ y ahora la Corte le dieron la razón a Juan Aníbal y a Juan Alejandro, y “Pino” terminó perdiendo esa batalla judicial.
