La Corte Suprema de Justicia decidió iniciar formalmente una causa promovida por el gobierno de Santa Cruz contra el Estado Nacional por el incumplimiento de las compensaciones pactadas en el Consenso Fiscal 2017. La provincia reclama aproximadamente $589,3 millones, que —según sostiene— dejaron de enviarse durante 2023 y en los primeros meses de 2024.
El reclamo, presentado por el gobernador Claudio Vidal, se apoya en el acuerdo suscripto en 2017 entre la Nación y las provincias, por el cual el Estado nacional se comprometió a girar transferencias diarias y automáticas para compensar la merma de ingresos generada por modificaciones en el Impuesto a las Ganancias y en el gravamen sobre créditos y débitos bancarios. Esos recursos, además, debían destinarse a obras de infraestructura sanitaria, educativa, productiva y vial, y actualizarse trimestralmente según la inflación.
Santa Cruz sostuvo que el Estado nacional suspendió esos envíos y solicitó una medida cautelar innovativa para que se restableciera de inmediato el flujo de fondos mientras se tramitaba la causa. Alegó que la falta de recursos perjudicaba proyectos esenciales y ocasionaba “un daño actual” para la población.
La Corte rechazó la cautelar y pidió información al Estado
Tras oír la opinión del Procurador General, el máximo tribunal —integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— resolvió rechazar la cautelar. Señaló que los elementos presentados por la provincia no acreditan las condiciones necesarias para dictar una medida de urgencia de tal alcance.
“Los antecedentes disponibles no alcanzan para acreditar los presupuestos de admisibilidad”, indicaron los magistrados. Agregaron que ordenar una transferencia anticipada “excede el marco de lo hipotético propio de una medida cautelar”, y que la provincia no acreditó perjuicios irreversibles que no puedan repararse con una sentencia definitiva.
A la vez, la Corte declaró su competencia originaria para conocer la demanda y ordenó correr traslado al Estado Nacional, que tendrá 60 días para contestar en el marco del proceso ordinario.
La disputa abre un nuevo capítulo en la relación fiscal entre la Nación y las provincias, en un contexto de tensiones por la distribución de recursos y el cumplimiento de los acuerdos intergubernamentales firmados en la última década.
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