Cristina Kirchner, quien había sido sobreseída por el juez federal Sebastián Casanello, vio cómo se reabrió el expediente por orden de la Cámara Federal porteña en 2024. Recientemente, el máximo tribunal rechazó las solicitudes de la ex vicepresidenta dirigidas a poner fin a la investigación en este caso.
La investigación, que aún está en curso y bajo la supervisión de Casanello, se centra en verificar si Kirchner tuvo alguna implicación en las operaciones de lavado de dinero lideradas por Lázaro Báez a través de su empresa, Austral Construcciones. Este es el mismo caso que llevó a la Corte a confirmar la condena del empresario.
Los jueces de la Cámara Federal porteña, tras aceptar como querellante a la asociación civil Bases Republicanas, respaldaron la posición de la ONG que argumentaba que Cristina Kirchner no debía ser excluida de la causa denominada Ruta del Dinero K. En esa sesión, los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, con la disidencia de Eduardo Farah, decidieron reabrir la investigación y devolverla a las manos de Casanello.
Frente a esta situación, el fiscal Guillermo Marijuan volvió a intervenir en octubre y reafirmó su postura, señalando que no existían pruebas suficientes para incriminar a la expresidenta, quien ya había sido socia comercial de Lázaro Báez, condenado a diez años de prisión por haber lavado 55 millones de dólares con Austral Construcciones. Esta firma, según el caso Vialidad, se benefició con 51 contratos viales adjudicados de manera irregular.
Cabe destacar que, a pesar de los argumentos presentados por el fiscal para justificar la falta de pruebas sobre la participación de Kirchner en “esta concreta y puntual maniobra de lavado de dinero”, Marijuan también incluyó un exhaustivo estudio de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo). Este análisis abarcó las comunicaciones telefónicas asignadas a la vicepresidenta entre 2010 y 2013, que revelaron un total de 372 intercambios en poco más de dos años.
Con el expediente reabierto, Cristina Kirchner acudió a la Corte Suprema con recursos de queja, buscando declarar nula la medida que la volvió a poner bajo investigación.
Los ministros del máximo tribunal, Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente) y Ricardo Lorenzetti, coincidieron unánimemente en que los argumentos eran inadmisibles, ya que no se trataban de una sentencia definitiva o similar.
De este modo, la ex jefa de Estado, quien no participó en el juicio de la Ruta del Dinero K, continuará siendo objeto de investigación.
Este tramo de la Ruta del Dinero K se centra en el vínculo entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, con el objetivo de determinar su posible coautoría o participación en el lavado de dinero. Según Marijuan, hasta el momento, no hay elementos suficientes para acusar a la ex vicepresidenta.
La Cámara también ordenó la incorporación de una escucha telefónica de Lázaro Báez, que mantuvo con su abogada, Elizabeth Gazaro, mientras cumplía condena en 2019. En esa conversación, Báez admite que “todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre, y no lo supe administrar quizás como él quiso”.
Durante el mismo diálogo, el empresario expresó: “Cometí errores y quizás por eso estoy donde estoy, para tener un acto de reflexión. Veremos si él me da una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores”. Añadió que esa persona le había sugerido invertir el dinero en “ladrillos”.
Se ha establecido que Lázaro Báez fue un eslabón clave en una estructura que lavó 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. Sin Austral Construcciones, su principal empresa, nada de esto habría sido posible. Desde su inicio en mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la compañía permitió a Báez adquirir 1.420 bienes, valorados en 205 millones de dólares en 2016. Las operaciones de lavado llevaron a un incremento patrimonial del 12.127% para Báez y del 5.313% para Austral Construcciones.
Un interrogante importante en esta investigación en curso es si toda esa fortuna beneficiaba exclusivamente a Báez o si actuaba como prestanombre de la ex presidenta.
En relación a la Ruta del Dinero, la Corte Suprema de Justicia corroboró que los acusados habían creado una estructura jurídica, societaria y bancaria tanto en Argentina como en el extranjero, que les permitió canalizar, disimular y poner en circulación fondos provenientes de actividades delictivas. Este entramado tenía como fin romper los lazos con la fuente ilegal y convertir esos activos en parte del circuito económico formal.
Para llevar a cabo esta operación, era esencial utilizar servicios financieros de una institución que tuviera cuentas en el extranjero, facilitando la compensación de fondos entre los que querían transferir divisas y los que deseaban repatriarlas fuera de los mecanismos de control.
Este esquema de lavado quedó validado recientemente por la Corte Suprema. El juez Sebastián Casanello, en el marco de su gestión, solicitó información pericial relacionada con manejos de bonos en diciembre de 2012 y abril de 2013.
Además, otro aspecto en análisis es el “depósito de cheques emitidos por la sociedad de bolsa, producto de la venta de bonos de Helvetic Services Group con dinero que estuvo en Suiza hasta finales de 2016, cuando Austral se declaró en quiebra”. Esta trama involucra también a la financiera SGI -la “Rosadita”-, conocida por videos en los que Martín Báez y otros socios de Lázaro cuentan cinco millones de dólares entre whiskys y cigarros.
La condena por blanqueo ha concluido que el dinero depositado en el extranjero ingresaba a cuentas en bancos internacionales, generalmente con escasos controles fiscales, a nombre de otras personas jurídicas, que luego circulaban.
Finalmente, esos fondos fueron reunidos en una cuenta desde la que se adquirieron bonos de deuda pública, que posteriormente se vendieron en el mercado local, simulando una inversión multimillonaria de una fiduciaria suiza en acciones de Austral Construcciones.
Al reabrirse el caso contra Cristina Kirchner, la Cámara de apelaciones subrayó que no se habían considerado ciertos datos que debían ser evaluados. En el listado de pruebas, se mencionó la necesidad de incorporar elementos del alegato de Diego Luciani, del Ministerio Público, sobre la relación entre Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner, sus negocios conjuntos y los beneficios mutuos que surgieron de esta relación.
Siguiendo esta línea, los camaristas concluyeron que nunca se examinaron los diferentes niveles de participación de la imputada, limitándose a conectar a Kirchner con Báez, sin especificar el rol que correspondía a cada uno.
(Fuente: Clarín)
