La Sala Penal consideró que el recurso presentado por los abogados de Kueider y de su secretaria, Iara Guinsel, no reunía los requisitos mínimos. Los letrados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo buscaron que la Corte revisara una decisión adoptada en primera instancia y ratificada por otro tribunal.
Los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera consideraron que se trataba de una “apelación de la apelación” y sostuvieron que era una vía procesal inexistente, informó el sitio local El Observador de Paraguay.
En ese sentido, los integrantes de la Sala concluyeron que el recurso carecía del requisito de impugnabilidad objetiva, lo que hizo innecesario examinar los demás presupuestos formales.
Kueider y Guinsel enfrentan una acusación por contrabando en grado de tentativa. El caso se inició después de que, en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, ambos intentaran ingresar a Paraguay USD 200 mil sin declarar. Desde entonces permanecen con detención domiciliaria.
El planteo defensivo
Los abogados Arévalo y Bogado solicitaron la anulación de la acusación del Ministerio Público Fiscal de Paraguay y pidieron el sobreseimiento definitivo de ambos.
También pidieron que se excluya como prueba el video de las filmaciones del 4 de diciembre de 2024, que documentan el operativo en el que se detuvo la camioneta cuando intentaba ingresar a Paraguay desde Brasil y se le secuestró el dinero.
El juez del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó ambos planteos. Su fallo fue luego confirmado por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal del fuero especializado en delitos económicos y crimen organizado.
En ese sentido, la Corte sostuvo que dar lugar al planteo de los abogados hubiera implicado un uso abusivo de recursos, contraviniendo los principios de economía procesal y de buena fe, y que además podría paralizar indefinidamente el avance de los procesos penales.
Juicio y posibles penas
El delito de contrabando en grado de tentativa tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. En Paraguay, a partir de los 2 años de condena las sanciones son de cumplimiento efectivo.
Con su decisión, la Sala Penal de la Corte paraguaya confirmó la convocatoria a juicio. Las audiencias estaban previstas para octubre pasado, pero fueron postergadas primero a noviembre y luego al lunes 20 de abril del 2026.
El exsenador también presentó ante la Corte del país vecino un reclamo formal sobre el procedimiento mediante el cual se tramita su extradición a Argentina. El pedido fue formulado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien lo investiga por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos.
La causa federal derivó de otro expediente denominado “Securitas”, en el que se investiga el presunto pago de coimas por parte de una empresa de seguridad privada a organismos públicos para obtener contratos de vigilancia. Uno de los entes bajo la lupa es la estatal energética entrerriana Enersa. Arroyo Salgado vinculó a Kueider a partir de mensajes hallados en el celular de un detenido en “Securitas”.
Además, se presentó una denuncia basada en un informe de la publicación El Disenso que describía un patrimonio que, prima facie, no correspondería con los ingresos de Kueider. El informe mencionaba, entre otros bienes, departamentos de lujo en una torre exclusiva de Paraná, que figuraban a nombre de la empresa Betail SA, registrada a nombre del exsenador y de personas que la Justicia considera sus testaferros.
En simultáneo, el exlegislador empezó a ser investigado en Concordia, Entre Ríos, por enriquecimiento ilícito. El caso se tramita en el Juzgado de Garantías a cargo de Edwin Bastián, con José Arias como fiscal.
La situación provocó un conflicto de competencia que llegó a la Corte Suprema a comienzos de noviembre. El expediente fue remitido a la Procuración General para que emita opinión sobre cuál de los dos juzgados quedará a cargo de la investigación.
