El juicio por la expropiación de YPF lleva 10 años en el tribunal de la jueza Loretta Preska, quien preside el Segundo Circuito de Nueva York. La resolución final aún se encuentra lejana y el proceso se complica cada vez más.
Preska ya condenó en primera instancia al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por la expropiación incorrecta de la petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Desde entonces, los intereses han ido acumulándose, llevando la cifra total a aproximadamente USD 18.000 millones, una deuda “inesperada” y prácticamente imposible de saldar para un país que, además, enfrenta enormes dificultades para aumentar sus reservas en el Banco Central.
Este fallo “madre” fue apelado y se llevará a cabo la primera audiencia recién a fines de octubre, luego de las elecciones legislativas nacionales.
Mientras tanto, Burford Capital, el principal beneficiario del caso, ha presentado una serie de acciones en el tribunal de Preska para presionar al país y obligarlo a negociar, algo que Argentina se niega a hacer desde hace una década.
En este contexto, la firma, que cotiza en Londres y Wall Street y adquirió los derechos de litigio en esta demanda, intenta demostrar la condición de “alter ego” entre el Estado y la petrolera. Es decir, que son “lo mismo” y que no existe independencia entre la empresa y el poder político, de la misma manera que ocurre con otras entidades, desde Enarsa hasta el Banco Central. El objetivo de esta búsqueda, legalmente muy complicado de probar, es “hacer ruido”. Para ello, ha solicitado acceso a correos electrónicos, chats y otros documentos de Luis Caputo y Sergio Massa, los dos últimos ministros de Economía del país.
También han solicitado, directamente, que se transfieran las acciones que posee el Estado argentino en la petrolera (51%).
Respecto a este último punto, habrá novedades en las próximas horas, el martes. Preska, que parece estar algo fatigada por las tácticas dilatorias de defensa local, así lo ha manifestado en sus escritos y fallos siempre que ha tenido oportunidad. Ya ha determinado que las acciones deben ser entregadas. Argentina ha apelado y sobre esa decisión se conocerán novedades el 25 de septiembre, cuando las partes presenten sus escritos argumentales.
Burford busca cobrar o negociar. Argentina continuará sin sentarse con este fondo de litigios inglés —que por su accionar ha sido comparado con un fondo buitre—, según afirman en la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN). El organismo que defiende al Estado ha cambiado de director en lo que va de la gestión de Javier Milei y ahora está bajo la dirección de Santiago Castro Videla.
En lo que respecta a la entrega de acciones, el país solicitó una suspensión: un stay que impida la acción hasta que se defina la apelación. Sin embargo, como permite el proceso en EE.UU., Preska podría exigir embargos o la entrega de acciones incluso con la apelación pendiente. Argentina busca evitar que eso suceda, pero sin ofrecer garantías. Algo así como una apelación “en descubierto”. Burford desea exactamente lo contrario. Preska, también.
Qué podría pasar el martes
Estos son los principales escenarios que podría contemplar la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito la próxima semana:
- No concede la suspensión y confirma la orden de la jueza Preska.
- Concede una suspensión con garantías diferentes a las acciones de YPF.
- Concede la suspensión a Argentina.
Si se produce alguno de los dos primeros escenarios, es casi seguro que Argentina apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta medida es considerada “poco habitual” por tratarse de un asunto administrativo, pero el Estado estaría dispuesto a solicitarla, según fuentes consultadas. Burford argumentará que Argentina solo busca postergar el proceso, y es probable que Preska esté de acuerdo con esta apreciación, aunque seguramente esperará la decisión de la máxima instancia judicial de EE.UU. Por la naturaleza del trámite, es muy probable que el tribunal superior resuelva rápidamente: generalmente, trata estos casos sin intervenir, y, por ende, se mantiene la decisión de la Cámara de Apelaciones.
Si la resolución es negativa (opciones 1 o 2 mencionadas), se mantendrá firme y, si Argentina no responde, incurrirá en desacato.
Si es favorable para el país (3), se suspenderá la resolución final sobre la entrega de acciones por un par de meses, hasta septiembre, cuando la Cámara determine si la orden de entregarlas de Preska es procedente o no.
¿Y si el país entra en desacato?
Fuentes cercanas al caso aseguran que “los demandantes ya han expresado en sus escritos que no tienen intención de convertirse en una petrolera y que Argentina puede optar por otras garantías, pero que en ningún caso puede seguir empleando tácticas para retrasar el pago”.
“Creo que el momento de las garantías ya pasó; Argentina lo dejó pasar. Dudo que Burford acepte otras garantías además de las acciones, mientras Argentina apela; van a querer cobrar. Y es muy probable que si todo resulta en contra y Burford solicita desacato, Preska lo conceda. Sería estar en desacato con la principal corte financiera, lo que no es un tema menor. El daño ya se ha hecho, pero el demandante podría solicitar más cosas. Las consecuencias pueden ser significativas”, detalló Sebastián Maril, de Latam Advisors.
Tres fuentes vinculadas al caso consultadas por este medio creen que Burford solicitará que Argentina sea declarada en desacato. ¿Qué podría ocurrir en ese contexto? Las opciones son muchas.
“La última vez que Argentina entró en desacato, en 2014, Paul Singer pidió una multa de USD 50.000 por día y el fallecido juez Thomas Griesa la otorgó. MNL Capital hizo un pedido que fue modesto y luego se desvaneció, pero esta vez la solicitud podría ser mucho más alta”, explicó Maril.
Burford, que no revela su estrategia —y nunca ha hecho declaraciones públicas sobre el caso— podría solicitar “cualquier cosa”. Además, están las obvias consecuencias de estar “en conflicto” con uno de los principales tribunales financieros del mundo, como complicaciones para emitir deuda o generar incertidumbre entre las empresas que consideran invertir en el país, todo en un momento en el que la gestión de Milei está atenta a la llegada de dólares desde el exterior.
En ese contexto, el demandante podría solicitar un abanico de medidas, pero resta saber hasta qué punto está dispuesto a tensar la cuerda con Argentina.
Podría obstaculizar emisiones de deuda y, según un allegado al caso, incluso solicitar que los funcionarios del Gobierno no puedan ingresar a EE.UU. O, directamente, que se revoque la visa de ingreso para todos los argentinos. “Eso sería excesivo, no ocurrirá. Además, la jueza tendría que aprobarlo. Pero eso implicaría estar en desacato con un tribunal de tal calibre”, comentó la fuente.
Hasta la última instancia
El Gobierno ha manifestado que ejercerá su derecho a la defensa hasta agotar todas las instancias y habla de “hermetismo total” en este caso. No desea más filtraciones, como las que denunciaron hace semanas la PTN, que llevaron a la destitución de más de 60 funcionarios y generaron rumores sobre la venta de información a los demandantes.
Burford ha contratado a un ex banquero de Wall Street, Gerardo “Gerry” Mato, y su equipo, para intentar llevar a la mesa de discusión a los funcionarios de Milei. Mato tiene un vínculo cercano con el ministro de Economía, Luis Caputo, y la mayoría de los integrantes del equipo económico, a quienes conoce desde que todos trabajaban en el mercado financiero de Nueva York. Además, sus contactos se extienden más allá de esta administración y ha participado en reestructuraciones de deuda y otras gestiones a lo largo de los últimos cuatro gobiernos. Mato logró reunirse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aunque no trascendió el contenido de la conversación en la Casa Rosada, ocurrida en octubre del año pasado. “Reunión de cortesía”, figura en los registros oficiales. Es difícil imaginar que el caso YPF, el más grande y costoso que enfrenta Argentina —y el más relevante de la historia para un país soberano en un tribunal de EE.UU.— no haya sido parte de la conversación.
“Conviene negociar cuanto antes. Con el tiempo, el interés crece. Sin embargo, Argentina sigue empleando la misma estrategia litigiosa: demoras, demoras y más demoras”, afirmaron el viernes fuentes cercanas al caso.
“No se trata de si Argentina debe cumplir con su obligación con los accionistas. Eso ha sido abordado claramente por los tribunales estadounidenses, incluso a través de sus reiterados rechazos a solicitudes frívolas de desestimación del caso por parte del Gobierno argentino y de organizaciones no gubernamentales, como Republic Action for Argentina. Ahora se plantea un escenario de ‘cómo’: ¿cómo pagará Argentina? La transferencia de acciones de YPF es un ejemplo, pero, por supuesto, hay alternativas, como bonos soberanos u otros valores negociables”, añadieron, pidiendo rigurosa confidencialidad.
Burford debe estar pensando de manera similar, aunque, al igual que la PTN, también mantiene hasta ahora un hermetismo total. No es para menos: hay USD 18.000 millones en juego.
