De la redacción de INFORME DIGITAL
El escándalo que golpea al gobierno de Javier Milei combina corrupción, negocios millonarios con el Estado y un área social clave: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El juez federal Sebastián Casanello, a instancias del fiscal Franco Picardi, ordenó 15 allanamientos que incluyeron la sede central de la ANDIS, la droguería Suizo Argentina —uno de los proveedores más importantes de medicamentos e insumos para programas sociales— y domicilios particulares.
En Nordelta se produjo la escena más explosiva: Emmanuel Kovalivker, directivo de Suizo Argentina, fue interceptado cuando intentaba escapar de la Policía. En su auto se hallaron sobres con 266.000 dólares en efectivo, papeles con anotaciones, su celular y el pasaporte. Paralelamente, en la sede de la droguería ubicada en Monroe 801 (CABA) se incautaron 15 cajas con documentación y un pendrive, mientras que en la ANDIS se detectaron órdenes de pago por más de $10.828 millones destinados a la firma.
Los dueños de la droguería y su historia
Suizo Argentina es una empresa centenaria, fundada en 1923 por León Kovalivker. Hoy la tercera generación está al mando: Jonathan Simón Kovalivker es el presidente y su hermano Emmanuel, ahora en el centro de la causa, figura como directivo. La sociedad también incluye a Marcela Sandra Viner. Durante décadas, la compañía consolidó vínculos con el Estado nacional en el suministro de medicamentos e insumos, al punto de transformarse en uno de los principales actores del mercado farmacéutico argentino.
El vínculo político: Karina Milei y “Lule” Menem
Los allanamientos no se explican sólo por la magnitud del dinero secuestrado. El trasfondo remite a los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, que hicieron estallar la investigación. En esas grabaciones, Spagnuolo menciona gestiones vinculadas a Suizo Argentina y deja trascender la cercanía con el círculo íntimo del poder libertario, encabezado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Eduardo “Lule” Menem, operador político central del Gobierno.
El fiscal Picardi pidió profundizar la pesquisa ante la sospecha de que las órdenes de pago y los contratos millonarios no se trataban de meras irregularidades administrativas, sino de un sistema de retornos aceitado con aval político. En ese marco, los vínculos de Suizo Argentina con la conducción de la ANDIS y las supuestas gestiones mencionadas en los audios colocan el escándalo en el corazón del oficialismo.
La mirada desde Entre Ríos
En Entre Ríos, el impacto de la investigación se mide en cifras concretas: más de 20.000 personas con discapacidad dependen de los programas de la ANDIS. Se trata de beneficiarios que acceden a pensiones, provisión de medicamentos, cobertura de tratamientos y asistencia económica. Cualquier interrupción o sospecha de corrupción en la cadena de pagos puede traducirse en demoras o recortes que afectan a familias enteras en la provincia.
La situación también toca a la política entrerriana. En un contexto de ajuste fiscal y recortes nacionales, el gobernador Rogelio Frigerio sigue de cerca las derivaciones del caso, consciente de que los fondos que envía la ANDIS constituyen una herramienta clave para la contención social en territorio entrerriano. La posibilidad de que la corrupción se haya infiltrado en ese engranaje agrava la tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores.
Un caso que escala
Por ahora, no hay orden de detención contra Spagnuolo ni contra otros funcionarios. El expediente permanece bajo secreto de sumario, pero los hallazgos de dinero en efectivo, documentos y pagos millonarios marcan un antes y un después. Los investigadores sospechan que no se trata de un hecho aislado, sino de un entramado de poder, negocios y política que compromete a funcionarios del círculo más cercano al presidente.
El hallazgo de 266 mil dólares en sobres en manos de un empresario proveedor del Estado se convierte en la postal más contundente de un caso que puede escalar hasta el propio corazón del gobierno de Milei. Al mismo tiempo, la cifra de $10.828 millones en pagos a Suizo Argentina expone la magnitud del negocio en juego y el costo social que puede tener en provincias como Entre Ríos.
