El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy a Diego Spagnuolo, primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo como funcionario público.
Casanello también lo sindicó como uno de los presuntos jefes de una “asociación ilícita” que, según la hipótesis del fallo, cooptó la Andis para obtener beneficios económicos. Los otros presuntos líderes de esa organización, y también procesados en la resolución de hoy, son Daniel Garbellini —exnúmero dos de la Agencia—, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Calvete y Atchabahian, vinculados a droguerías y con antecedentes en distintas gestiones políticas, habrían logrado desde afuera el control de la Andis en coordinación con las autoridades oficiales. De acuerdo con las pruebas reunidas en la causa, hubo licitaciones armadas y sobreprecios, publicó el diario La Nación.
En total, Casanello procesó a 19 personas y dictó embargos sobre los bienes de todos ellos. El embargo más alto recayó sobre Spagnuolo: $202.828.725.464. Entre los procesados figuran exfuncionarios y empleados de la Andis y privados que actuaron, en su mayoría, con distintos roles dentro de la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia.
Según el juez, durante los primeros meses de la gestión de Milei se montó “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
El fallo añade: “La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.
No obstante, hacia el final de su resolución Casanello advierte que los delitos podrían ser más numerosos y que las responsabilidades podrían alcanzar “otro nivel de complicidades”. El juez señaló: “Sin embargo, el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores (…). A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.
Los cuatro jefes
El juez identificó cuatro presuntos líderes de la asociación ilícita que, según la investigación, operó dentro de la Andis:
– Diego Spagnuolo (extitular de la Andis): procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la administración pública y cohecho pasivo; además por asociación ilícita, en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $202.828.725.464.
– Daniel Garbellini (exnúmero dos de Andis): procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación a la administración pública; también por asociación ilícita, en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $202.247.451.393.
– Miguel Ángel Calvete (empresario y lobista): procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe necesario; defraudación a la administración pública nacional, en calidad de partícipe necesario; y cohecho activo, en calidad de autor. Además, por asociación ilícita, en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $203.072.992.394.
– Pablo Atchabahian (exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis): procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe necesario; defraudación a la administración pública nacional, en calidad de partícipe necesario; y por asociación ilícita, en calidad de jefe, junto con el resto. Se le trabó un embargo de $202.247.451.393.
Los audios de Spagnuolo
La investigación se inició en agosto pasado a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en notas periodísticas. El caso dio un giro público cuando se difundieron audios atribuidos a una voz de Spagnuolo en los que se afirma que Lule Menem le “metió” al funcionario “más importante de todos” (en aparente alusión a Garbellini, su entonces número dos) y que lo hizo “para chorear”. En esos audios se menciona, además, que el 3% sería para Karina y que Javier Milei habría sido advertido por Spagnuolo de lo que estaba ocurriendo.
Esos audios no fueron utilizados como prueba por el fiscal Franco Picardi ni por el juez Casanello, que no los menciona en el fallo de hoy, consignó el diario La Nación.
La defensa de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, sostuvo que las grabaciones son de origen ilícito y solicitó la nulidad de toda la causa. Otros defensores se sumaron a ese planteo. Casanello rechazó hoy los pedidos de nulidad en paralelo con los procesamientos.
