El “Mapa de presión fiscal a la digitalización de la economía” de la Cámara Argentina Fintech ha puesto en cifras la carga tributaria sobre el sector. La provincia de Córdoba, con una alícuota de Ingresos Brutos (IIBB) del 6,8% a las empresas Fintech, se encuentra abajo de siete provincias del país. Estas jurisdicciones cuentan con presiones de hasta un 9%, y generan la mayor distorsión fiscal al ecosistema digital.
El análisis de la Cámara Fintech citado por el portal Infobae, busca resaltar cuáles son las jurisdicciones con las carga impositiva clasificadas como “Muy Alta”, donde las alícuotas alcanzan su punto máximo y representan el mayor obstáculo para la expansión y formalización del ecosistema digital.
Las provincias de Santa Fe y La Pampa se destacan con el tope de carga fiscal, al exigir un 9% en IIBB. Le siguen Jujuy (8%), La Rioja (7,3%), Tucumán, Entre Ríos, Buenos Aires y Neuquén (7%) y Catamarca (6,9%).
El estudio subraya que esta estructura de IIBB sin deducción de costos impacta en toda la cadena de valor: encarece el acceso al crédito para las PyMES, incrementa las comisiones de servicios digitales y desalienta la inversión en las jurisdicciones con tasas más elevadas. Además, en distritos como Córdoba, se aplican regímenes especiales que, bajo el argumento de precisar la actividad, incrementan aún más la presión fiscal sobre las empresas.
En el contexto de la economía digital, la prioridad señalada por la Cámara es la armonización y simplificación fiscal, enfocando los esfuerzos en reducir la distorsión que generan las alícuotas más extremas y en equilibrar la competitividad regional. El caso de Córdoba ilustra una carga significativa, pero la evidencia muestra que el verdadero foco de la distorsión fiscal reside en las provincias con alícuotas igual o superiores al 7%.
Propuestas del Sector
Mario López, presidente de la Cámara Argentina Fintech, sostuvo que “la estructura tributaria actual limita el desarrollo de la economía digital y afecta tanto a empresas como a usuarios. Necesitamos avanzar hacia un marco fiscal que fomente la formalización de la actividad económica y el acceso al crédito”.
El relevamiento identifica tres líneas de acción prioritarias para construir un marco fiscal más justo y eficiente:
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Reducir la presión tributaria sectorial, alineando las alícuotas con las de servicios convencionales.
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Armonizar la normativa entre provincias, mediante un régimen nacional consensuado.
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Simplificar el marco regulatorio, reduciendo la complejidad normativa y los costos de cumplimiento.
