Entre los puntos sobresalientes de la ley se destaca el artículo 21, que dispone la exclusión del agresor del hogar, el reintegro del domicilio a la víctima; y hasta el alojamiento de la persona agredida en un hotel que pagará el Estado. Un dato: las medidas dispuestas se aplican "de manera preventiva", antes de que se prueben las denuncias en un juicio.
El comisario Eduardo Rodríguez, jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales, a cargo de los operativos, contó que "la mayoría de los expulsados son hombres de clase media, que no se animan a volver a sus hogares por miedo a que los detengamos", aseguró.
Desde setiembre del año pasado fueron asesinados once chicos por sus padres naturales y adoptivos; entre ellos, Lucas Flores, un chico de 8 años que vivía en La Calera y que fue asesinado por su padre adoptivo. El caso sacudió a Córdoba y al Poder Judicial provincial, ya que desnudó la fragilidad del sistema de control en materia de adopciones.
Por todo esto, también el Ministerio de Educación ha puesto las barbas en remojo. El flamante titular de la cartera, Eduardo Mundet, propuso la creación de una comisión multidisciplinaria dependiente del ministerio, para "recibir las denuncias que hagan los maestros cuando detecten maltratos en sus alumnos". En ese sentido, Mundet precisó que "será la comisión la que presente las denuncias ante la Justicia" para, de este modo, "proteger a los docentes", que están más expuestos, entre otras cosas, a eventuales represalias de los familiares violentos.
Por su parte, la Unión de Educadores de Córdoba (UEPC) afirmó que "no se opone al proyecto", pero solicitó "que se garantice la seguridad de los docentes" ante esas eventuales represalias, además de "celeridad" en las causas judiciales.
