De la redacción de Informe Digital
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que la jubilación mínima provincial subirá de $380.000 a $700.000 a partir de agosto, lo que representa un incremento del 84 %. También otorgará un bono bimestral de $100.000 para jubilados que cobran hasta $1.300.000. Según informó, la medida será financiada con recursos nacionales que comenzaron a llegar luego de una resolución judicial favorable por la deuda previsional de ANSES con la provincia.
El anuncio encendió la comparación con otras provincias que mantienen reclamos similares. En Entre Ríos, la gestión de Rogelio Frigerio impulsa una demanda judicial ante la Corte Suprema por una deuda estimada en $155.000 millones que la Nación mantiene con la Caja de Jubilaciones provincial. Sin embargo, a diferencia de Córdoba, Entre Ríos no ha recibido aún una sentencia favorable ni fondos extraordinarios por la deuda acumulada.
Sí existe un acuerdo alcanzado en diciembre de 2024, firmado por el gobernador Frigerio y autoridades nacionales, por el cual el Estado nacional se compromete a transferir mensualmente $2.000 millones para cubrir parte del déficit operativo de la Caja previsional. Ese acuerdo no implica reconocimiento de deuda histórica ni suspende el juicio iniciado por la provincia. Los $2.000 millones mensuales se establecieron como una ayuda transitoria “a cuenta”, hasta tanto se resuelva el conflicto de fondo.
Desde el entorno del gobernador lo explicaron con claridad:
“Hicimos un acuerdo sobre el flujo, no sobre la deuda. Con el acuerdo que tenemos no podemos hacer un anuncio así. Si nos pagaran la deuda podríamos hacer otra cosa”, afirmaron.
Actualmente, el déficit mensual de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos supera los $9.000 millones, por lo que el aporte nacional apenas cubre una fracción. El resto se financia con recursos propios del Tesoro provincial. La demanda presentada ante la Corte incluye no solo el reclamo por la deuda con ANSES, sino también otros ítems, como el no giro de excedentes de Salto Grande, que elevarían el pasivo total del Estado nacional con Entre Ríos a más de $200.000 millones si se actualizan montos e intereses.
Mientras tanto, el contraste con Córdoba es cada vez más notorio: allí, la combinación de un fallo judicial favorable y la llegada de fondos permitió un aumento inmediato de jubilaciones. En Entre Ríos, la cautela oficial refleja que el conflicto está en Stand By por el acuerdo económico de 2024 pasado y en medio de uno político que ya se da por descontado entre Milei y Frigerio para las elecciones de este 2025.
