A casi una semana de la conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la que se anunciaron ayudas para los afectados por las inundaciones en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, los gobiernos nacional y provincial aún no han definido un plan de trabajo para mitigar el impacto sobre la producción. Así lo reconoció Damián Costamagna, presidente de la Autoridad del Agua de la provincia (ADA), quien, pese a haber participado de las reuniones, señaló la falta de precisiones por parte de Nación. “No hay un plan trazado”, expresó. Desde el gobierno nacional, Santiago Hardie, director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), respondió: “Yo tampoco sé cuál es el plan de la provincia”.
Hace dos días, la ministra de Seguridad se reunió en una cumbre con intendentes de los distritos más afectados. “No tengo precisiones de qué es lo que se ha hecho ni cómo se va a avanzar. No hay un plan trazado”, acotó en diálogo con LA NACION. Las seis máquinas prometidas aún no están en funcionamiento y los fondos alcanzan apenas para un día de obra por municipio, indicaron. No existe una hoja de ruta que explique cómo y dónde se aplicarán las medidas comprometidas.
“El plan es colaborar con las autoridades locales en la limpieza de los caminos donde hay anegamientos y personas afectadas. Hay una máquina de Nación trabajando en La Niña. Yo tampoco sé cuál es el plan de la provincia. Nos estamos moviendo de acuerdo con las urgencias que nos señalan los municipios. A medida que eso sucede, vamos llegando y ayudando en determinados lugares”, respondió Santiago Hardie, titular de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), quien agregó que están yendo a los lugares más afectados y actuando según las necesidades municipales.
“Ante la excepcionalidad del agua caída, seguimos trabajando con maquinaria, técnicos y equipos; se está avanzando en la situación de los convenios”, agregó.
Por su parte, Costamagna —que estuvo en el primer encuentro entre Nación y provincia, realizado el jueves siguiente al anuncio del Gobierno y que reunió a la Dirección Provincial de Hidráulica, Vialidad, Defensa Civil, representantes de la Agencia Federal de Emergencia y del Ejército Argentino— afirmó que Nación acudió “a interiorizarse de la situación”. “No vinieron con nada en concreto. Se mencionó informalmente el envío de maquinaria, únicamente”, detalló.
Así lucen los campos inundados en la zona de 9 de Julio, Buenos Aires
Marcelo Manera – LA NACION
El sábado pasado Bullrich viajó a 9 de Julio, donde se reunió con intendentes, funcionarios provinciales y representantes de la Mesa de Enlace, y anunció el envío de seis máquinas —dos retroexcavadoras, una cargadora, un chasis y dos motoniveladoras— y un fondo de $1900 millones para los 19 municipios en emergencia. El dinero estaría destinado a la compra de piedra, tosca, combustible y materiales para reparar caminos rurales. Pero el cálculo técnico evidencia la debilidad del esquema: equivale a menos de 100 millones por municipio, un monto que se consume en un solo día de obra, explicaron.
“No alcanza, y eso lo dejaron claro los intendentes con la ministra. Agradecieron la intención, pero el monto no ofrece una solución significativa. Hoy no hay una estrategia de fondo ni coordinación sobre dónde actuar primero”, completó Costamagna, que sostuvo además que hoy mantuvieron reuniones con los intendentes y que Nación decidirá por dónde empezar según las zonas más críticas.
Mientras tanto, la provincia sostiene que cuenta con su propio operativo: maquinaria, equipos de bombeo y tareas de reparación de accesos rurales en 9 de Julio, Bolívar, Carlos Casares y 25 de Mayo. Entre agosto y octubre pasados, la provincia acumuló más de 1.000 horas de trabajo con retroexcavadoras solo en 9 de Julio y 600 horas en Carlos Casares. En Bolívar y 25 de Mayo los equipos operan en drenajes y bombeos de emergencia.
El presidente de la ADA remarcó que la falta de coordinación retrasa la ayuda
Marcelo Manera – LA NACION
“No tengo precisiones sobre, por ejemplo, dónde están esas seis máquinas, si ya llegaron o cuáles son los distritos donde se va a comenzar el trabajo. Las máquinas que llegaron no cuentan con la logística, que seguramente pondrá la provincia”, deslizó.
El presidente de la ADA subrayó que la falta de coordinación demora la asistencia. Aclaró que la asignación de maquinaria, tanto provincial como nacional, debe acordarse entre los intendentes, porque “por salvar una zona podés complicar a quienes están aguas abajo”.
Ese consenso, sin embargo, no puede concretarse todavía porque, según insistió, “Nación no dio indicaciones”. “Todavía no está definido”, afirmó, y ante la consulta sobre un cronograma fue tajante: “Nación no trazó un plan de trabajo. Si preguntás por una línea de tiempo, ese plan todavía no existe”. Muchos campos están comprometidos por el volumen de agua caída: en 9 de Julio el promedio anual ronda los 850 a 900 mm y este año ya se proyectan 2000 mm. Se trata de una zona baja, sin cursos naturales que drenen hacia la Cuenca del Salado; todo depende de canales artificiales o de la evapotranspiración. “En una inundación como la de este año, lo primero que hay que asegurar son los cascos urbanos. Muchas veces la maquinaria se encuentra allí porque lo primero es salvar vidas”, dijo.
La obra estructural clave —la Etapa 4 del Río Salado, tramo 2, entre Roque Pérez y Saladillo— permanece sin avances desde diciembre de 2023. “Si esa obra, de 35 kilómetros, no estuviera frenada, los impactos serían mucho menores”, precisó.
Las autoridades tienen que trazar un plan de acción para auxiliar las zonas con mayor impacto
Marcelo Manera – LA NACION
El Fondo Hídrico de Infraestructura, que se nutre de un porcentaje del impuesto al combustible, recaudó más de $260.000 millones entre 2024 y 2025 y, pese a ello, no se avanzó en la obra. “Toda ayuda es bienvenida. No vamos a ponernos en una posición infantil: cualquier colaboración sirve. La realidad es que, por más maquinaria que haya, hay zonas donde no se puede ingresar. Hay que esperar a que el agua baje. En muchos caminos se puede rellenar con tosca, piedra o tierra, para que funcionen como protección y evitar que el agua siga drenando hacia distintas zonas”, subrayó.
Costamagna señaló que en Carlos Casares la situación más crítica se da en la región lechera, en las localidades de Quiroga, Santos Unzué y Cambaceres, donde los tambos están severamente afectados por el anegamiento de caminos y potreros. En 9 de Julio, el distrito figura entre los más comprometidos. Persisten los problemas en el acceso a La Niña, donde se trabaja para restablecer la circulación, y en la intersección de las rutas 65 y 70, que conecta con el partido de General Viamonte.
En Bolívar, las mayores complicaciones se registran en el norte del partido, donde el exceso hídrico perjudica tanto los caminos rurales como los accesos productivos. Además, en la zona limítrofe entre Bragado y 9 de Julio el agua sigue acumulada en áreas bajas, con caminos intransitables que mantienen aislados a productores y vecinos rurales.
Por último Hardie aclaró sobre una ayuda con combustible para las máquinas: “Es una ayuda importante: es un millón en combustible, en valor producto, para que los municipios puedan comprar los materiales”.
