La Fundación Cauce: Cultura Ambiental–Causa Ecologista y el Foro Ecologista de Paraná presentaron una denuncia penal ante el fiscal federal Leandro Ardoy, solicitando investigar posibles delitos ambientales que afectan al río Paraná y sus afluentes. La acción judicial busca establecer responsabilidades y promover medidas urgentes de control, remediación y preservación de la cuenca.
Según las organizaciones, los vertidos podrían provenir de efluentes industriales y cloacales sin tratamiento adecuado en los arroyos Espinillo, Crespo, Las Conchas y Las Tunas, que desembocan en el Paraná. La denuncia requiere inspección inmediata, toma de muestras con peritos especializados y recepción de testimonios de vecinos, científicos y representantes de asociaciones sociales, entre ellos Rafael Lajmanovich (UNL-Conicet), que han documentado los episodios.
También solicita a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, la Secretaría de Industria y el Municipio de Crespo toda documentación relacionada con habilitaciones, inspecciones e informes sobre industrias radicadas en la cuenca, así como la identificación de empresas que operan en los parques industriales de Crespo y Paraná, incluyendo registros de efluentes y manifiestos de residuos peligrosos.
Los hechos recientes que fundamentan la denuncia incluyen la aparición de aguas teñidas de rojo en el arroyo El Espinillo, constatadas el 26 de octubre por la escuela de kayak A Remarla (Kayak Paraná Club). Esta situación recuerda episodios similares registrados en 2022 y 2023, vinculados a posibles rebalses de las lagunas de tratamiento del Parque Industrial de Crespo, que han generado alertas ambientales reiteradas en la zona.
Presentaron denuncia federal por los efluentes en Entre Ríos
Estudios científicos avalan la gravedad de la situación. Un trabajo publicado en Water Environment Research, titulado “Impacto ecotoxicológico de la agroindustria en los arroyos de una cuenca sudamericana: renacuajos anfibios como indicadores de salud ambiental”, liderado por Lajmanovich, detectó niveles extremos de toxicidad en los arroyos mencionados, así como el mayor registro histórico de glifosato en Sudamérica: 5.002 microgramos por kilo de sedimento, valores incompatibles con la vida acuática y riesgosos para la salud humana.
“El estado del arroyo Las Tunas y los efluentes provenientes de Crespo es impresionante. Desbordes cloacales e industriales terminan en cuerpos de agua pequeños, sin capacidad de dilución. Es ecocidio y zona de sacrificio ambiental, todo desemboca en Las Conchas y luego al Paraná”, advirtió Lajmanovich.
Los antecedentes documentados incluyen investigaciones iniciadas por el científico Damián Marino en 2016, que demostraron que el glifosato drena desde áreas productivas hacia toda la cuenca del Paraná, afectando biodiversidad y seguridad hídrica. La recurrencia de los vertidos y la ausencia de controles efectivos permiten inferir una situación sostenida de riesgo ambiental que amenaza el agua, la fauna, la flora, el suelo y la salud de más de dos millones de personas aguas abajo.
La denuncia también plantea investigar la posible responsabilidad de funcionarios públicos ante el incumplimiento de sus deberes de control ambiental. En 2024, ante un episodio similar, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos anunció la implementación de un monitoreo permanente del arroyo El Espinillo y de toda la cuenca de Las Conchas. Sin embargo, en enero de 2025, la institución reconoció que no se desarrolló una Estrategia de Monitoreo Integral y Complementaria, ni fue incluida en el Programa de Monitoreo y Seguimiento de Cuencas Hídricas (Resolución N° 869/24 SA).
El Paraná y sus afluentes constituyen un recurso hídrico interjurisdiccional, atravesando provincias y países. Por ello, los hechos denunciados exceden la competencia provincial y deben ser tratados en sede federal, según la Ley General del Ambiente, que atribuye intervención judicial ante impactos que superan límites territoriales.
Desde Fundación Cauce y el Foro Ecologista de Paraná destacaron que la denuncia busca detener la degradación ambiental, garantizar la salud de las comunidades y exigir sanciones a responsables. “El Paraná es un bien común, esencial para la vida. No podemos permitir vertidos industriales y agrotóxicos sin control ni sanción”, afirmaron.
Adicionalmente, las organizaciones reclaman la implementación de protocolos de remediación ambiental, campañas educativas sobre el uso seguro de agroquímicos y la articulación entre Estado, empresas y ciudadanía para garantizar la preservación de la cuenca. Subrayan que, más allá de la investigación judicial, se requiere un plan integral que combine monitoreo, sanciones y restauración ambiental para proteger la biodiversidad y la salud pública a largo plazo.
Habitantes de la zona del arroyo Espinillo expresaron su preocupación ante la recurrencia de episodios de contaminación que tiñen de rojo las aguas y generan olores desagradables. Los vecinos relatan que esta situación afecta actividades recreativas, pesca y uso doméstico del recurso hídrico.
El 26 de octubre, la escuela de kayak Remarla difundió imágenes que muestran nuevamente el color anómalo en el arroyo, ubicado en el Paraje Calzada de Espinillo, aguas arriba de la ciudad de Paraná y cerca de la toma de agua de la municipalidad. El hecho reavivó la alerta ambiental tras episodios similares en 2022 y 2023, vinculados al rebalse de lagunas del Parque Industrial de Crespo.
Investigadores independientes aseguran que los vertidos contienen residuos cloacales e industriales sin tratamiento adecuado, afectando la fauna, flora y calidad del agua. En particular, la presencia de agroquímicos como glifosato alcanza niveles críticos para los organismos acuáticos y para la población que depende del río.
Frente a estos hechos, los vecinos, junto a organizaciones ambientales, solicitaron inspecciones inmediatas, monitoreo constante y la implementación de medidas preventivas para evitar la recurrencia de episodios de contaminación que ponen en riesgo la salud y la biodiversidad.
Especialistas advirtieron que la falta de controles eficientes, sumada a la presión de la agroindustria y las descargas industriales sin tratamiento, genera un riesgo sostenido para la cuenca. Asimismo, destacaron la necesidad de sanciones efectivas y políticas públicas que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Los vecinos enfatizaron que se trata de un bien común, cuya protección requiere coordinación entre autoridades provinciales, federales y ciudadanía, con especial atención a la transparencia en los controles y sanciones a responsables.
