Con 59 legisladores presentes, a las 16.53 comenzó la última sesión del año en la Legislatura de Córdoba, presidida por la vicegobernadora Myrian Prunotto. Minutos después se completaron las bancas en el hemiciclo legislativo.
Lo que prometía ser una sesión caliente de comienzo a fin terminó con los ánimos más templados ante el nivel de consenso amplio logrado en los cambios a la Ley de Tránsito y en la reforma al Código de Convivencia de la provincia, aunque “a medias”, al postergar para febrero los puntos más sensibles vinculados a la prohibición de los “naranjitas truchos” y los limpiavidrios. También se retiraron del texto las sanciones para los antivacunas y la restricción de motos con acompañantes.
El temario de la última sesión antes del receso legislativo incluyó, además, la aprobación de la norma que establece a agosto de cada año como el “Mes de la Vacunación Segura”, en el marco de la Ley Nacional 27.491 (Control de enfermedades prevenibles por vacunación); la cesión en comodato de un terreno a la Asociación Civil Club Palermo Bajo; y la reforma a la Orgánica de Ministerios que habilita la firma de Miguel Siciliano en el flamante Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional.
El primer dato político de peso que dejó el plenario fue la autorización del pleno a la licencia solicitada por la legisladora Nadia Fernández por “cuestiones de índole política”. Minutos antes se había confirmado que la espada oficialista desembarcará en la cartera de Justicia como segunda del ministro Julián López.
Según se indicó, Fernández coordinará la política carcelaria y la acción antidrogas, en una señal de respaldo político del gobernador Martín Llaryora. De este modo, la Unicameral pierde a una de las principales batalladoras del PJ frente a los duros embates del halconismo opositor, un rol que será difícil de suplir en la bancada que reporta al Panal.
Reproches cruzados
Aunque se impusieron marcados consensos en este plenario de fin de año, el ruido de fondo quedó expuesto a partir de los reproches cruzados por la decisión de postergar los temas más álgidos del Código de Convivencia.
“El peronismo escuchó a la oposición y sobre todo a la Iglesia. Esperamos un debate serio y profundo en febrero cuando retomemos la actividad. Son temas que interpelan a toda la sociedad y que necesitan mucha más discusión de parte de todos los actores”, afirmó el jefe del bloque UCR, Matías Gvozdenovich.
Al reforzar su crítica, Alejandra Ferrero sostuvo que estas idas y vueltas “demostraron la improvisación con prueba y ensayo a la que nos tienen acostumbrados” desde el peronismo. Tras su pronunciamiento, la deloredista valoró “la marcha atrás y que no se hayan avanzado medidas complejas y muy controvertidas que podrían haber generado daños colaterales mayores”.
Desde el Panal respondieron a las críticas y aseguraron que la marcha atrás “no responde a una interna del PJ”, sino a las incongruencias dentro de la oposición cambiemista. “Eran los opositores los que pedían estas iniciativas” y ahora “no aportan al consenso amplio” que requiere una reforma de esta envergadura, señalaron.
En ese marco, Fernández —miembro informante del oficialismo— descartó la existencia de una interna en el PJ y afirmó que “esto no significa tirarnos para atrás”, tras retirarse de la reforma del Código la prohibición de los cuidacoches ilegales y los limpiavidrios. “Para nosotros la construcción de consensos no significa ningún tipo de rendición”, dijo en tono moderado, aunque, en los hechos, el PJ le atribuye a la oposición los vaivenes que frenaron los cambios más sensibles.
“No es mano dura. Es poner orden para que todos puedan vivir dignamente”, aseguró Fernández, y se la escuchó coincidir —en línea con el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros— en que “no criminalizamos la pobreza”. La frase fue leída como una respuesta al pronunciamiento público de la Iglesia de Córdoba, que había cuestionado los artículos vinculados a problemáticas sociales como la prohibición de naranjitas y limpiavidrios.
Horas antes, la espada oficialista había expresado no coincidir con el documento de la Pastoral Social, al que acusó de tener “un sesgo importante” y de desconocer el trabajo previo en comisión.
En duros términos también se manifestó el liberal mileista Gregorio Hernández Maqueda: “Apretó (Ángel) Rossi, reculó (Martín) Llaryora. Resultado: el pueblo se queda más inseguro, sin ley anti-naranjitas y anti-limpiavidrios”. De este modo, el halcón opositor cuestionó el “apriete mal intencionado de la izquierda populista que atraviesa la Iglesia”, a la que acusó de no haberse tomado el trabajo de leer el proyecto.
El diputado amarillo Oscar Agost Carreño (PRO) lamentó que “el oficialismo haya decidido no avanzar en el tratamiento de los proyectos de prohibición de los ‘naranjitas’ y limpiavidrios”. En la misma línea, el libertario Agustín Spaccesi había pedido avanzar ya en esta reforma clave para ordenar la calle.
En este contexto de cruces por haber pospuesto los puntos más conflictivos del Código, llegó el mensaje del ministro Quinteros, dirigido tanto a propios como a extraños. “La sociedad nos pide más firmeza, y tiene razón. Y nosotros estamos acá para garantizar el orden público, sin eufemismos y sin excusas”, sostuvo.
“Pero actuar con firmeza no es solo una decisión política: necesita leyes claras y más rigurosas que respalden el accionar policial. Sin cambios en la legislación, devolver el orden que la sociedad reclama se vuelve mucho más complejo. Por eso insistimos”, remarcó el funcionario provincial, en lo que se leyó como un reproche directo a los legisladores. Además, solicitó que “no se tomen pausas ni vacaciones” en enero para este “debate importante” sobre los puntos sensibles.
En limpio
La ley sancionada busca incorporar nuevas contravenciones al Código de Convivencia, entre ellas la realización de fiestas clandestinas, la disposición ilegal de residuos —como los basurales a cielo abierto— y otras faltas de carácter ambiental consideradas clave para la convivencia urbana.
Además, el proyecto introduce herramientas sancionatorias como el decomiso de bienes utilizados para cometer contravenciones y la figura de la reiterancia, con el objetivo de fortalecer el esquema de penalidades frente a infracciones repetidas.
Asimismo, se agravan las penas por ocultamiento de rostro; peligro de incendio y evasión de control policial; y por agravios al personal educativo, de salud, de las fuerzas de seguridad, de bomberos y/o agentes públicos.
Desde el oficialismo, Fernández destacó que se trata de “una ley integral”, orientada a modernizar el Código “en un contexto donde la violencia urbana se vuelve cada vez más evidente”, y subrayó la necesidad de actualizar el marco normativo “para adecuarlo a los desafíos de los nuevos tiempos”.
Pasada las 21:10, la Unicameral se aprestaba a sancionar por amplísima mayoría —en general— la reforma al Código de Convivencia, aunque existieron objeciones puntuales. En la misma sesión se aprobaron los cambios a la Ley de Tránsito con el foco en reconocer formalmente los sistemas de encendido automático de luces -conocidos como DRL- como válidos para circular durante el día.
“Celebro que se haya incorporado el proyecto que presentamos junto a Ignacio Sala sobre luces diurnas, Daytime Running Light (DRL) o sistemas automáticos de iluminación, en la modificación de la Ley de Tránsito. A partir de su aprobación, ya no se realizarán multas por su uso”, expresó Agost Carreño.
