El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, se encuentra en una situación crítica dentro del Poder Judicial. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura lo ha citado a declarar el próximo 17 de junio y ha aprobado los cargos en su contra.
Bailaque ha sido convocado conforme al artículo 20 del Reglamento del Consejo, lo que equivale a una indagatoria judicial. El magistrado tiene la oportunidad de defenderse y presentar argumentos en respuesta a las imputaciones que enfrenta. Puede optar por comparecer personalmente o presentar un escrito.
Según el dictamen elaborado por los consejeros Álvaro González y Alberto Maques, aprobado esta mañana por la Comisión de Acusación, se ha podido acreditar, con el grado de convicción necesario en esta etapa, que el magistrado Bailaque incurrió en conductas incompatibles con la ética, la transparencia y la objetividad que exige la Constitución Nacional para el ejercicio del cargo judicial.
El mismo documento, al que tuvo acceso Infobae, detalla las pruebas en contra del juez federal, quien está acusado de un posible mal desempeño. “La gravedad de los cargos enumerados adquiere relevancia al observar que, de no mediar la inmunidad de arresto que le confiere su condición de magistrado, se hubiera hecho efectiva la medida de coerción ordenada contra el ciudadano Marcelo Martín Bailaque, tal como fue establecido el 30 de abril de 2024, y confirmado parcialmente el 19 de mayo de 2025, en el contexto de los expedientes judiciales FRO 9.010/2024, 15.287/2024 y 15.682/2024″, concluye el dictamen.
Bailaque está implicado en tres causas penales. En una de ellas, se le acusa de haber confeccionado un caso contra dos financistas con el fin de extorsionarlos. En este expediente, el ex titular de ARCA de Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, se ha arrepentido.
La maniobra se inició en 2019 con una supuesta investigación administrativa por parte de la ex AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. Posteriormente, se presentó una denuncia anónima para que interviniera el juez federal de Rosario. El objetivo final era extorsionar a los empresarios, pidiéndoles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Además, había una motivación oculta relacionada con una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo.
Vaudagna admitió que los financistas pagaron una coima de 160 mil dólares. También mencionó que la extorsión se acordó en una reunión en el domicilio de Bailaque, a la que asistió el empresario Fernando Whpei, actualmente detenido.
La segunda causa contra Bailaque está relacionada con presuntas maniobras dilatorias en favor del narcotraficante Esteban Alvarado y su ex esposa Rosa Natalí Capuano, con quienes habría tenido conexiones a través del contador Gabriel Mizzau.
En el momento de la imputación, los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari le atribuyeron a Bailaque no haberse excusado al intervenir en una causa contra Alvarado, que estaba en su despacho desde 2013. En particular, se le acusó de haber tardado en escuchar las grabaciones telefónicas de Rosa Natalí Capuano, quien era responsable de una de las empresas mencionadas.
La última causa en contra del juez se refiere al manejo de los fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque autorizó el pedido de los interventores para desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, perteneciente al Grupo Unión, cuyo responsable es el financista Fernando Whpei, un amigo de Bailaque.
En el ámbito judicial, la Justicia de Santa Fe ordenó la prisión preventiva del juez, pero posteriormente la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Además, los camaristas redujeron el embargo sobre sus bienes y cuentas bancarias de 1.400 millones a 600 millones de pesos, manteniendo la prohibición de salir del país.
