El Consejo de la Magistratura de la Nación decidió este martes cesantear a Federico Vincent, un funcionario crucial del organismo, luego de comprobar que se autopagó suplencias como si fuera juez y se liquidó el salario con aportes jubilatorios inferiores a los que correspondían para su cargo. La resolución fue adoptada por la Comisión de Administración y Finanzas, que también ordenó investigar posibles denuncias penales en su contra. Vincent estaba al frente de la subadministración general y de la dirección de Recursos Humanos, áreas estratégicas para la gestión del presupuesto judicial.
Para su defensa, Vincent designó como abogado a José Manuel Ubeira, también representante de Cristina Kirchner en la causa por el intento de magnicidio. Su salida marca el cierre de una carrera que comenzó en 1996 como auxiliar judicial y que lo llevó a ocupar una de las posiciones más influyentes dentro del Consejo. El uso arbitrario de sus facultades administrativas en beneficio propio precipitó su caída.
La destitución de Vincent, uno de los hombres más poderosos dentro del Consejo de la Magistratura, se materializó esta semana con su cesantía, aprobada por la Comisión de Administración y Finanzas. La decisión, que consta en dos resoluciones, fue comunicada a todos los consejeros y cuenta con la firma de Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y representante del Ejecutivo en el organismo. Sin embargo, el expediente no surgió de la nada: desde finales de 2023, Vincent estaba bajo vigilancia por graves irregularidades en su desempeño como responsable de la subadministración general y la dirección de Recursos Humanos, cargos desde los cuales concentraba gran parte del manejo de los recursos del Poder Judicial.
Los auditores detectaron que, aprovechando su posición, Vincent ordenó la reducción del porcentaje de descuento jubilatorio, pasando del 18% correspondiente a funcionarios judiciales al 11% con tope, lo que le reportó un ingreso adicional de casi siete millones de pesos solo hasta mayo de este año. Esta acción la llevó a cabo sin tramite formal, sin dictamen jurídico y sin notificación a superiores.
También fue investigado su segundo en Recursos Humanos, Martín Culaciati, por haber avalado esta maniobra. A su vez, Vincent enfrenta una denuncia por supuesto acoso sexual presentada por una empleada del Consejo, lo que agrava aún más su situación.
Más complicaciones para Vincent
La situación del exfuncionario del Consejo de la Magistratura se torna aún más compleja al revisar su expediente. A las irregularidades que motivaron su cesantía (como la reducción arbitraria del descuento jubilatorio y el autopago de suplencias) se suman nuevas acusaciones que agravan su caso.
Una de ellas implica haber permitido que dos agentes judiciales eludieran el pago de la cuota alimentaria a sus hijos. Según los auditores, Vincent ordenó liquidarles horas extras en recibos separados, sin justificación válida, perjudicando el interés superior de menores protegidos por la Constitución. El informe menciona un manejo “arbitrario y discrecional” de su oficina, en flagrante contradicción con los principios de ética pública.
Otro sumario señala el cobro indebido de un suplemento por subrogancia. Vincent habría percibido un 33% adicional en su salario durante casi cuatro años, primero como director de Recursos Humanos y luego, sin respaldo legal, como supuesto secretario letrado de la Corte Suprema. La cuestión es que nunca existió una resolución formal que autorizara ese beneficio económico, reservado normalmente para jueces que ocupan cargos vacantes. La acusación sostiene que se trató de un beneficio patrimonial autoasignado, sin control ni autorización de la autoridad competente.
Como si todo esto fuera poco, también fue investigado por haber actuado como si representara legalmente al Consejo en un desalojo iniciado por tres juzgados federales de Morón. Vincent no tenía facultades para intervenir, pero aun así solicitó una audiencia “de urgencia” y presentó una propuesta económica en nombre del organismo. La maniobra, según fuentes judiciales, no solo excedió sus atribuciones, sino que generó un precedente grave por la improvisación institucional con la que actuó. Todo indica que, tras su silencioso ascenso en el Poder Judicial, se escondía una gestión marcada por desvíos.
TC / Gi
