El Congreso de la Nación ya está blindado por las fuerzas federales de seguridad. Como ocurre cada miércoles desde hace un tiempo, en las inmediaciones hay presencia de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal a la espera de los manifestantes.
No obstante, la marcha programada para hoy a las 16 horas incluirá a otros grupos además de los jubilados. Se suman los médicos residentes del Hospital Garrahan, el movimiento feminista Ni Una Menos -que ayer cumplió 10 años-; investigadores del Conicet, estudiantes universitarios y personas con discapacidad junto a sus familias.
A raíz de esta situación, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, que coordina las fuerzas desplegadas alrededor del Palacio Legislativo, decidió bloquear el tránsito desde las 10 de la mañana. Así, quedaron cerradas al tráfico la Avenida Entre Ríos y Av. Hipólito Yrigoyen, Combate de los Pozos y Av. Hipólito Yrigoyen en las cercanías del Senado de la Nación. En el caso de la Cámara de Diputados, el cierre afecta Callao y Rivadavia y Riobamba y Rivadavia.
En este contexto, el Congreso de la Nación ha quedado cercado por las fuerzas de seguridad.
A pesar de que la marcha está convocada para las 16 horas, ya han comenzado a llegar grupos de familiares de personas con discapacidad, integrándose en el operativo de seguridad. Adicionalmente, varios legisladores han comenzado a reportar la presencia de fuerzas de seguridad de civil, que no llevan chalecos identificativos.
La movilización tiene como objetivo reclamar al Gobierno nacional por el desfinanciamiento de la educación pública, la salud, la investigación y por la falta de actualización en las prestaciones para discapacitados, lo que está afectando seriamente a este sector de la población.
Dentro del Congreso, los bloques de oposición dura y dialoguista esperan lograr los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum y avanzar en una sesión especial con un temario que ya ha preocupado al Gobierno, que ha anticipado que, si se aprueba, será vetado por el presidente Javier Milei.
Entre los proyectos que se discutirán, se destaca la restitución por dos años de la moratoria previsional que promueven el peronismo y la izquierda. Este mecanismo, que el Gobierno no prorrogó en marzo, permitía a quienes no cumplían con los 30 años de aportes adquirir lo que les faltaba para acceder a la jubilación mínima. También se debatirán diversas propuestas para crear una Prestación Proporcional que reconozca los años aportados aunque no se alcance el mínimo de 30. Se cuenta con dictámenes de Encuentro Federal, la UCR, la Coalición Cívica y hasta un sector minoritario del PRO.
Por otro lado, existe un consenso amplio (UxP, Encuentro Federal, DpS, CC y FIT) que busca otorgar un aumento del 7,2% en las jubilaciones y un incremento en el bono, que permanece congelado en $70 mil desde marzo del año pasado. La principal disputa radica en el monto del aumento; mientras el peronismo propone elevar el bono a $115 mil (actualizado por IPC), Encuentro Federal lo fija en $105 mil.
El segundo punto relevante de la agenda será la declaración de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, lo cual implica -según el dictamen de mayoría- una recomposición de los aranceles de las prestaciones y el establecimiento de una indexación para que la liquidación se ajuste a la inflación. También se modificarán las condiciones de acceso al beneficio y se actualizarán los nomencladores y el presupuesto de las pensiones no contributivas.
Finalmente, si se logra el quórum, la oposición impulsará un emplazamiento para un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Familia a fin de dictaminar la Ley de Emergencia Pediátrica junto a un “blindaje” financiero para el hospital Garrahan. Asimismo, buscarán emplazar a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Educación para dictaminar proyectos de financiamiento para las universidades públicas nacionales.
