En resguardo de la salud de los consumidores, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) decomisó y desnaturalizó más de 230 kilogramos de embutidos que eran transportados sin la documentación que respaldara su origen.
La operación se realizó durante una inspección de rutina en el puesto de control fitosanitario Paso Cerrito, situado en el kilómetro 341 de la ruta nacional 14, a la altura de Chajarí. En este lugar, los agentes del Centro Regional Entre Ríos del Senasa, en colaboración con el personal de la Policía Caminera, interceptaron un vehículo tipo furgón que transportaba embutidos crudos (salames) procedentes de Mocoretá, Corrientes, con destino a la mencionada ciudad entrerriana.
Al revisar la carga, se determinó que se estaban trasladando 1.815 unidades de salames, equivalentes a aproximadamente 231 kilogramos, presentadas en cajones plásticos y sin la documentación sanitaria obligatoria (permiso de tránsito) exigida por la normativa vigente para el transporte de productos de origen animal. Por lo tanto, se procedió a su decomiso y desnaturalización, conforme a lo estipulado por la normativa sanitaria.
Desde el Senasa recordaron que todo producto o subproducto cárnico debe provenir de establecimientos habilitados por los organismos competentes, como frigoríficos, mataderos o chacinadores registrados. También es fundamental contar con la documentación sanitaria que garantice su inocuidad, origen y destino, asegurando así su aptitud para el consumo humano.
El consumo de embutidos sin control sanitario presenta un riesgo para la salud pública, ya que pueden contener microorganismos o toxinas peligrosas si no se respetan las condiciones higiénico-sanitarias y la cadena de frío.
Se aconseja a la población comprar exclusivamente productos habilitados en comercios registrados y verificar que cuenten con un etiquetado claro, fecha de vencimiento y número de habilitación.
Estas acciones son parte del esfuerzo constante del Senasa en colaboración con las fuerzas de seguridad y organismos provinciales, destinadas a proteger la salud pública, conservar el estatus sanitario nacional y garantizar la inocuidad de los alimentos que llegan a los consumidores.
