El ex interventor en la Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola, se convirtió en el primer funcionario de la administración macrista en ser condenado judicialmente. El Juzgado criminal y correccional federal N°3 lo condenó por incumplimiento de deberes, en una causa que investigó un fraude al estado superior al millón de dólares perpetrada en el 2016.
Durante el miércoles 13 y jueves 14 de agosto, el juez federal Daniel Rafecas presidió las audiencias del juicio oral y público contra el ex funcionario, quien valiéndose de un informe técnico de solo dos carillas justificó la contratación que violó todas las normas de administración y compras públicas.
Durante dos jornadas, se analizaron las maniobras irregulares denunciadas, como parte de un proceso cuyo fin era un supuesto negocio inmobiliario en los terrenos del Puerto de Buenos Aires.
La justicia confirmó el pago en 2016 de más de u$s 940 mil a la empresa INDRA, que fue contratada de manera directa para realizar una consultoría sobre pliegos para una supuesta futura licitación del Puerto de Buenos Aires.
Para burlar el reglamento de compras -que indicaba que por ese monto se debe realizar una licitación- contrató a dos “asesores expertos” (Martín Hagelstrom y Ernesto Laborde) que recomendaron -en un escrito de dos carillas- contratar de manera directa a la empresa INDRA.
Hagelstrom, que también está procesado en la causa, sigue siendo un hombre relevante en la estructura del ex ministro de Transporte de Macri, Guillermo Dietrich, a quien acompañó en distintas charlas sobre la Hidrovía.
Concluido el debate oral, el tribunal condenó al ex alumno del colegio Cardenal Newman por incumplimiento de deberes del funcionario público, pese a que la querella había recomendado una condena por defraudación al estado.
Durante los últimos meses, Gonzalo Mórtola había intentado evitar a toda costa el inicio del juicio oral. Primero, con maniobras dilatorias insólitas, como pedidos de exhortos a España para demorar el cierre de la investigación.
Tras un rechazo que destacó la intención dilatoria del acusado, propuso como último intento una compensación económica. A cambio, pedía no ser declarado culpable. Finalmente, el juicio oral se realizó y culminó con el fallo condenatorio.
No solamente la dilación judicial fue el mecanismo que Mórtola utilizó para dar vuelta su situación en la Justicia. En 2024, a comienzos de la gestión libertaría, intentó acercarse a las filas del oficialismo como otra manera de contener su situación.
Entre los antecedentes que destacaba como experiencia de gestión se subrayaba la confección del pliego para la Hidrovía durante el macrismo, pliegos que nunca fueron conocidos ni publicados.
Ex alumno del colegio Cardenal Newman, Mórtola fue un asesor clave en todo el proceso de armado de licitación para la Hidrovía que Macri, Dietrich y su equipo aseguran haber dejado “listo” al finalizar su mandato, y ofrecieron a la administración de Javier Milei. No es ningún secreto el interés del expresidente en la licitación que se intentó llevar adelante y fracasó en febrero, ni la cercanía de Macri con altas esferas del reinado de los Paises Bajos, lugar que visitó en su momento junto a Mórtola.
La causa por la que fue condenado el primer ex funcionario macrista
En su escrito de elevación a juicio oral, el juez federal Martínez de Giorgi consideró que la consultora “fue elegida, al menos arbitrariamente, es decir sin el menor fundamento legal o de conveniencia, para hacerse de una contratación, a la que accedió de modo directo, eludiendo una licitación pública, evitando la confrontación con otros oferentes, en virtud de la actuación irregular del entonces interventor de la Administración General de Puertos, Gonzalo Morotola, quien violó de este modo los deberes a su cargo”.
Las consideraciones del juez fueron ratificadas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, a cargo de los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Desde entonces, Mórtola buscó de cualquier forma frenar el juicio oral, con distintos pedidos de medidas dilatorias del proceso. Incluso se ofreció a realizar servicios comunitarios a beneficio de distintos sectores carenciados para cerrar un acuerdo por fuera de la instancia judicial.
