La Sala Segunda de la Cámara Segunda de Paraná dictó una sentencia contundente contra el abogado y exfuncionario provincial Gustavo Eduardo Borrajo: lo condenó a pagar al Estado Provincial la suma de $25.722.684,17 más intereses calculados desde agosto de 1998, monto que actualizado supera los $100 millones de pesos. Borrajo se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía entre 1996 y 1999 y, según el fallo, cometió graves irregularidades en la gestión de la cartera bancaria. Fue quien manejaba las cuentas millonarias depositadas en bancos de Suiza del exministro de Economía Eduardo “Lalo” Macri, ya fallecido.
El fallo, emitido el 28 de marzo de 2023, responsabiliza a Borrajo por las irregularidades detectadas durante su gestión, cuando tuvo a su cargo el seguimiento y cobro de una cartera crediticia cedida por el Banco de Entre Ríos a la Provincia. La acción civil la inició el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y, según se anticipó a ANALISIS, Borrajo deberá abonar los aproximadamente 100 millones de pesos en las próximas semanas. El exfuncionario reside actualmente en Miami.
En 1997, el Estado Provincial había garantizado al Banco de Entre Ríos el cobro de una cartera de créditos por $43.748.708,66, producto de la privatización de la entidad. De ese monto, la Provincia apenas logró recuperar $468.308,27, lo que generó un perjuicio fiscal millonario. Borrajo fue designado específicamente para centralizar el seguimiento de esos juicios de cobro: asumió el 27 de mayo de 1996 y permaneció en el cargo hasta diciembre de 1999. Durante ese período recibió documentación de 606 casos por un importe total de $25.722.684,17.
Las irregularidades detectadas
El Tribunal de Cuentas de la Provincia llevó a cabo una investigación exhaustiva que reveló incumplimientos graves:
– Ausencia total de rendición de cuentas: Borrajo nunca presentó rendiciones documentadas de su gestión, limitándose a informes verbales periódicos sin respaldo documental.
– Falta de documentación: al terminar su gestión en diciembre de 1999 no quedaron expedientes relacionados con la cartera cedida en la Dirección de Asuntos Jurídicos que estuvo a su cargo.
– Pérdida de control de las causas judiciales: no hubo seguimiento ni control efectivo de los 606 juicios que debía gestionar.
– Imposibilidad de verificación: la ausencia de documentación impidió incluso a los peritos contables realizar cualquier auditoría posterior.
El fallo de la Cámara
Los jueces Norma Ceballos, Mariano Ludueño y Rodolfo Jáuregui señalaron que “la conducta desplegada por el accionado se ha limitado a cuestionar” aspectos formales del proceso, pero “en modo alguno tendiente a demostrar o acreditar su diligencia en la función”.
La sentencia aplicó el principio de que, ante el incumplimiento irregular de funciones públicas, “surge la culpa ‘in re ipsa'” (la culpa en sí misma), y correspondía al funcionario demostrar su “no-culpa”, carga probatoria que Borrajo no pudo satisfacer. El tribunal también subrayó que “la ausencia de rendiciones de la referida cobranza con el correspondiente respaldo documental, en modo alguno puede impedir la cuantificación de un perjuicio fiscal” ni “el establecimiento de la responsabilidad del funcionario por la omisión cometida”.
La condena incluye el capital de $25.722.684,17 más intereses calculados con la tasa activa del Banco Nación (TABNA) desde el 6 de agosto de 1998 hasta el efectivo pago. La capitalización de intereses durante casi tres décadas eleva el monto a más de $100 millones de pesos actuales. El fallo impuso, además, las costas judiciales de ambas instancias al condenado y confirmó la responsabilidad civil del exfuncionario por el incumplimiento de sus deberes públicos. Se trata de uno de los casos más relevantes de responsabilidad patrimonial de funcionarios en la provincia, y sienta un antecedente sobre las consecuencias de la negligencia y la falta de rendición de cuentas en la administración de recursos estatales.
Un abogado peculiar
En los dos últimos años de la segunda gobernación de Jorge Busti, con Raúl Franzoni al frente del Instituto del Seguro, se implementaron planes de retiros voluntarios, hubo una venta masiva a una cartera de clientes con alta siniestralidad y se registraron demoras en el pago a beneficiarios. Las indemnizaciones por los retiros rondaban los 100.000 dólares. Uno de los asesores del IAPS cobraba un porcentaje de las indemnizaciones percibidas por los empleados, por lo que promovía la salida de cada trabajador y procuraba ubicarlos en aseguradoras privadas; muchos pasaron a las compañías Rivadavia y Sancor. Uno de los que ingresó a Sancor se llevó una cartera cercana a las 700 pólizas.
El abogado Franzoni se opuso a privatizar las firmas y a desarmar el IAPS, y por ello se apartó de la conducción. Luego se dedicó a negocios inmobiliarios, con varias inversiones en Paraná y alrededores. El interventor fue Gustavo Borrajo, abogado de Eduardo Macri y Raúl Rico. Borrajo fue nombrado por el entonces ministro de Economía, Marcelo Casaretto, como director de Asuntos Administrativos del Ministerio. En 1998, lo primero que hizo fue firmar un convenio con el estudio de los abogados Guillermo Bolado y Hernán Sábato, de Capital Federal, estableciendo honorarios en función de porcentajes sobre la reducción lograda respecto de las pretensiones originales de cada actor. Aunque el Tribunal de Cuentas objetó el acuerdo por haberse hecho por contratación directa y no por licitación, el planteo no prosperó y tuvo escasa repercusión en la prensa. “Es gente amiga de Borrajo”, se comentó al rubricarse el convenio. Borrajo vivió en Buenos Aires hasta que Rico y Macri regresaron a Paraná para sumarse al staff de funcionarios de Busti. Trabajó junto a Rico en ATC y, al volver a la capital entrerriana, pasó a la Secretaría de Energía de la provincia, vinculada al negocio del gasoducto. Borrajo era amigo personal de Eduardo Macri, al punto de encargarse de las cuentas bancarias en Suiza de éste. Luego volvió al área de Economía.
No fue el único estudio capitalino favorecido: también se firmó un convenio con el abogado Alejandro Bosh Madariaga. En ambos casos, los profesionales recibieron las causas de mayor monto que tenía el IAPS. Aunque los convenios preveían el pago de honorarios como un porcentaje del ahorro generado entre la pretensión del actor y el monto acordado, en el acuerdo con la dupla Bolado-Sábato los términos del pago diferían de los del resto.
En abril de 2004, la revista ANALISIS denunció que el exministro Eduardo Macri contaba con tres cuentas bancarias en Suiza a nombre de sociedades pantalla radicadas en Uruguay. Macri tenía una cuenta en el Bank Leu de Zurich —perteneciente al grupo Credit Suisse— denominada Wini, número 0065-888216-232, por donde habrían circulado más de un millón de dólares entre 1997 y 2001, aunque luego esos fondos fueron derivados a otras cuentas. Los movimientos comenzaron poco después de su renuncia al cargo de ministro, tras revelaciones de ANALISIS sobre movimientos bancarios en cuentas uruguayas, que precipitaron su dimisión el 31 de diciembre de ese año. Esos movimientos no los realizó personalmente Macri, sino que contó con el asesoramiento y ejecución de su amigo, el abogado Gustavo Borrajo, oriundo de Gualeguaychú, con actividades en Capital Federal y Paraná.
Uno de los mejores amigos de Borrajo es Alfredo Elgue, también de Gualeguaychú, quien fue funcionario del Banco Velox. A través de Elgue, Macri tenía cuentas en el Velox con colocación en la Caja Obrera de Montevideo. Elgue dejó el Velox llevándose su cartera de clientes, y así las cuentas de Macri pasaron al Bank Leu de Zurich mediante operaciones gestionadas desde la oficina en Florida 375, piso cuarto, en la Ciudad de Buenos Aires. La representante del Leu era Marina Harteneck de Cuervo y Elgue fue nombrado ejecutivo de cuentas. Macri abrió la cuenta Wini en 1997; en 2001 la cerró y la transformó en otras dos: la 0065-388780-92, a nombre de Wingreen Internacional S.A., cuyo beneficiario era Macri, y la 0065-636384-32, a nombre de Ramgate S.A., cuyo movimiento de fondos se desconoce pero se estima que tenía no menos de 300.000 dólares. Ramgate se constituyó en Montevideo el 15 de septiembre del 2000. Las dos últimas empresas offshore fueron legalizadas ante el consulado suizo en Montevideo.
Asimismo, Macri abrió la cuenta 0065-116707-82 a nombre de Notki Investment S.A., inscripta el 28 de julio de 2000 con el número 7531 del Registro Nacional de Comercio de Uruguay y publicada el 14 de agosto de ese año. En todas las operaciones participó como apoderado o asesor legal y contable el abogado Borrajo. La sociedad Notki fue la última constituida por Macri; en la documentación del 17 de abril de 2001 se otorgó “poder general de la empresa” a Néstor Fernando Grifoni, en un acta notarial redactada en Montevideo. Grifoni, con domicilio en Intendente Guillermo Palma 936 de Paraná, fue hombre de confianza de Macri en el Ministerio de Economía durante el primer gobierno de Busti y empleado de la firma Inenco SRL, con sede en Santa Fe, donde Macri tenía acciones junto a Jorge Paviotti. Grifoni es oriundo de Concordia y vive en Santa Fe desde hace varios años; allí llegó a ser dueño de Forestal Sauce Viejo, La Minera SRL e Inenco, y se quedó con Canal 9 de Paraná, a través de Bopavisión, años antes de la actual conducción empresaria, nombrando como gerente a Gustavo Borrajo. Borrajo además tiene un departamento junto a Paviotti en un costoso edificio de Miami, donde actualmente reside.
Grifoni trabajó en Inenco hasta julio de 2006; en agosto de ese año ingresó al Ministerio de Economía de Entre Ríos y en mayo de 2008 pasó al Consejo General de Educación, ya en la administración de Sergio Urribarri.
Notki Investment S.A. fue legalizada incluso ante el Consulado Argentino en Montevideo. La registración la realizó Rockney Consultants Ltd., con sede en Islas Caimán, que percibió 300 dólares de honorarios de la sociedad de Macri. En ese período Notki recibió varios depósitos provenientes de la agencia de cambios Divisar S.A., de Montevideo, enviados por el contador Carlos Casarotti, con domicilio en Buenos Aires 618 de Montevideo, quien figura como director de Notki. Según registros a los que se accedió, el 18 de septiembre del 2000 ingresaron 190.000 dólares; ese mismo día se enviaron otros 200.000 dólares. Cuatro días después se depositaron 250.000 dólares y otros 175.000 dólares. En menos de una semana habrían ingresado 815.000 dólares a la sociedad uruguaya del exministro. Macri llegó a tener, en Suiza, casi 1.700.000 dólares. No obstante, la justicia entrerriana, donde se radicó una denuncia por enriquecimiento ilícito en el juzgado de Susana Medina de Rizzo, nunca logró hallar las cuentas.
