
El acuerdo judicial abarcó delitos como grooming, abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño a la salud mental de la víctima, suministro de estupefacientes, corrupción de menores, privación ilegítima de la libertad, y producción y divulgación de pornografía infantil.
Acuña, profesor de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y referente del Club Atlético Urquiza, fue detenido el 24 de diciembre de 2024 y permaneció alojado en la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguay hasta junio, cuando fue trasladado a la cárcel de Gualeguaychú, donde continuará cumpliendo la condena.
La víctima que impulsó la causa tenía 15 años cuando sufrió los abusos. Durante el proceso aparecieron otras personas que también eran menores al momento de los hechos, aunque no se constituyeron como querellantes.
El caso se sustentó en testimonios y en una gran cantidad de material fotográfico y audiovisual, que permitió acreditar los delitos y llevó a Acuña a reconocerlos, evitando así una pena que podría haber sido aún mayor.
La causa impactó profundamente en la comunidad educativa de la UADER, en particular en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, sede Gualeguay, donde Acuña se desempeñaba como docente, dictaba la materia Derechos Humanos y había sido consejero directivo y coordinador de Inclusión Estudiantil. Tras su detención, la institución inició un juicio académico que terminó con su desvinculación.
También fue expulsado del Club Atlético Urquiza, cuyas autoridades habían anunciado su apartamiento “hasta que se esclarezca su situación con la Justicia”. Con la condena de este jueves, la responsabilidad penal quedó confirmada.
Menores vulnerables, droga, dinero, abuso sexual
Según la investigación, el docente captaba a menores en situación de vulnerabilidad económica y con consumo problemático, aprovechando su rol de autoridad y la confianza que generaba. Les ofrecía drogas y dinero a cambio de someterlos a abusos y registrarlos en fotos y videos.
Cuando fue denunciado, a fines del año pasado, se allanó su vivienda en Gualeguay, donde la Policía secuestró computadoras, teléfonos y una importante cantidad de plantas, cogollos y cigarrillos de marihuana.
La investigación incluyó el análisis de miles de imágenes y videos, algunos de ellos almacenados incluso en una computadora institucional de la UADER. Un estudiante encontró el material, lo reportó a las autoridades académicas y eso derivó en la denuncia.
“La revisión de los registros fue una tarea durísima”, señaló el abogado querellante Ricardo Monzón. Además, mencionó que muchos jóvenes preferían no hablar debido al trauma vivido y evitaban enfrentarse nuevamente a las imágenes. Aun así, “miles de fotografías y filmaciones” terminaron por consolidar una prueba concluyente que permitió llegar a la condena.




