El exinterventor en la Administración General de Puertos (AGP) durante la gestión presidencial de Mauricio Macri se convirtió en el primer funcionario condenado judicialmente que formó parte de la administración PRO, de óptima relación con los tribunales de Comodoro Py. Gonzalo Osvaldo Rodrigo Mórtola, de él se trata, fue sentenciado a seis meses de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, en una causa sobre un fraude al Estado por más de un millón de dólares perpetrado en 2016.
Entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, el juez federal Daniel Rafecas presidió las audiencias del juicio oral y público contra el exfuncionario, quien valiéndose de un informe técnico de apenas dos carillas intentó justificar una contratación que violó distintas normas de administración y compras públicas. Durante esas dos jornadas se analizaron las maniobras irregulares denunciadas como parte de un proceso cuyo fin era un supuesto negocio inmobiliario en terrenos del Puerto de Buenos Aires.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal 3 confirmó el pago, durante el primer año de gestión macrista, de más de 940 mil dólares a la empresa INDRA, que fue contratada de manera directa para realizar una consultoría sobre pliegos para una supuesta futura licitación del Puerto de Buenos Aires. Para burlar el reglamento de compras, que indicaba que por ese monto debía realizarse una licitación, Mórtola contrató a dos “asesores expertos” (Martín Hagelstrom y Ernesto Laborde), quienes recomendaron en un escrito de dos carillas contratar de manera directa a la empresa INDRA. Hagelstrom, que está procesado en la causa, sigue siendo un hombre relevante en la estructura del exministro de Transporte de Macri, Guillermo Dietrich, a quien acompañó en distintas charlas sobre la Hidrovía.
Concluido el debate oral, Rafecas condenó al exalumno del colegio Cardenal Newman por incumplimiento de deberes del funcionario público, aunque no por defraudación al Estado, cómo había pedido la querella. Le impuso una pena de seis meses de prisión en suspenso, costas e inhabilitación especial por el doble de tiempo.
Durante los últimos meses, el exfuncionario que por entonces se presentaba en su cuenta de X como “emprendedor, sanmartiniano” y que ahora se limita a llamarse “Consultor Portuario Internacional”, intentó a toda costa evitar el inicio del juicio oral. Primero con pedidos de librar exhortos a España y otros países en los que según su defensa se habrían realizado presentaciones del proyecto del Puerto de Buenos Aires. “Intentos de dilación”, los definió Rafecas al desestimarlos. Tras el rechazo, propuso una compensación económica a cambio de no ser declarado culpable, y hasta se ofreció a realizar servicios comunitarios a beneficio de distintos sectores carenciados para cerrar un acuerdo por fuera de la instancia judicial. El año pasado, en los comienzos de la gestión libertaría, intentó acercarse a las filas del oficialismo como otra manera de contener su situación. Finalmente, el juicio oral se realizó y culminó con el fallo condenatorio.
Entre los antecedentes que Mórtola destacaba como experiencia de gestión, subrayaba la confección del pliego para la Hidrovía durante el macrismo, que nunca fueron conocidos ni publicados. El exalumno del colegio Cardenal Newman, al que también asistió Macri, fue un asesor clave en todo el proceso de armado de licitación para la Hidrovía que el magnate, Dietrich y su equipo aseguraban haber dejado “listo” al finalizar su mandato, y que ofrecieron a la administración de Javier Milei. No es ningún secreto el interés del expresidente en la licitación que se intentó llevar adelante y fracasó en febrero, ni la cercanía de Macri con altas esferas del reinado de los Países Bajos, lugar que visitó en su momento junto a Mórtola.
En su escrito de elevación a juicio oral, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi consideró que la consultora “fue elegida, al menos arbitrariamente, es decir sin el menor fundamento legal o de conveniencia, para hacerse de una contratación, a la que accedió de modo directo, eludiendo una licitación pública, evitando la confrontación con otros oferentes, en virtud de la actuación irregular del entonces interventor de la Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola, quien violó de este modo los deberes a su cargo”. Las consideraciones del juez fueron ratificadas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, a cargo de los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
