La Corte Suprema de Justicia condenó hoy al Estado Nacional, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe y a los municipios de Rosario y Victoria a implementar y ejecutar un plan para evitar la quema de pastizales en la zona del delta del río Paraná.
Se trata de que los estados nacional, provinciales y las comunas ejecuten un Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP), según definió la Corte.
Ello implica la instalación de equipamiento e infraestructura para establecer mecanismos de información de alerta temprana, la implementación de la red de Faros de Conservación, de un Plan Sistemático de Control y de un Plan de Manejo del Fuego para el Delta.
La intervención de la Corte se dio tras los frecuentes incendios que se dan en las islas, algunos de ellos intencionales e ilegales, que están vinculados con la producción agropecuaria. El humo y las cenizas llegaron con vientos favorables a los centros urbanos de Buenos Aires y Santa Fe.
En el marco de esta acción de amparo, la Corte advirtió que la ejecución de las medidas para concretarlo es responsabilidad de las autoridades políticas nacionales, provinciales y municipales.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal identificó dónde se habían generado los focos, en el municipio de Victoria, y consideró que el PIECAS-DP, un acuerdo interjurisdiccional existente desde 2008, es el ámbito adecuado para coordinar las políticas de prevención entre la Nación y las provincias.
Además, advirtió que el seguimiento y monitoreo del plan no corresponde a la instancia judicial, dado que implicaría una tarea de tiempo indefinido por la naturaleza cíclica de los incendios.
La causa se inició el 25 de junio de 2020 por una demanda de la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, y las municipalidades de Rosario y Victoria con el objeto de que se les ordenara hacer cesar de modo efectivo, urgente e inmediato todos los focos de incendio que tienen lugar en las islas que están frente a las costas de Rosario.
Además, la organización solicitó adoptar todas las medidas necesarias para erradicar de modo definitivo la quema indiscriminada” e ilegal de pastizales que “se repite todos los años”.
La situación genera humo y hollín en Rosario, y afecta el derecho a la salud y al ambiente sano de sus habitantes. La mayoría de las islas corresponden a la jurisdicción de Entre Ríos y a la municipalidad de Victoria. En agosto del 2020, la Corte Suprema declaró que la causa correspondía a su competencia originaria, ordenó el traslado de la acción a los demandados y la citación de la provincia de Buenos Aires como tercero al considerar que la controversia le era común.
También dictó una medida cautelar en la que dispuso que los demandados debían constituir de manera inmediata un Comité de Emergencia Ambiental (CEA) en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP). Dispuso que que ese Comité debía adoptar las medidas para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares en la región del Delta del Paraná, utilizando las bases de ese plan estratégico.
Al contestar, el Estado Nacional se desentendió y dijo que el dominio originario de los recursos naturales y la responsabilidad de implementar políticas de protección y de fiscalización de las normativas ambientales pertenece a las provincias. Indicó que su es dictar presupuestos mínimos de protección ambiental.
Entre Ríos sostuvo que la cuestión se había tornado abstracta porque no existían focos activos en el Delta del Paraná. Informó que se habían adoptado las medidas para que no se produjeran nuevamente y subrayó que hubo una “situación excepcional regional de estrés hídrico”.
Santa Fe afirmó que “a pesar de que los incendios ocurren fuera de su jurisdicción, sus efectos afectan el territorio santafesino”, que en su provincia se prohíbe la quema de pastizales y que ha impulsado numerosas medidas para prevenir y controlar incendios.
Buenos Aires consideró que la provincia no incurrió en ningún obrar arbitrario o ilegal y que con lo sucedido en 2020 se organizó un plan técnico estratégico de prevención de incendios forestales.
Rosario cuestionó haber sido demandada y afirmó que “las quemas intencionales, ilegales y sistemáticas del Delta superior del Río Paraná se sitúan geográficamente (a excepción de las islas General Sabino Corsi -norte y sur- y General Pistarini empadronadas a favor de la Provincia de Santa Fe) en la Provincia de Entre Ríos”.
Y Victoria admitió que la mayoría de las islas en que se producen incendios corresponden a su área, pero que la municipalidad no tiene facultades para adoptar actos en la prevención, control y extinción de los incendios.
La Corte -al resolver- subrayó que “entre los objetivos centrales del PIECAS-DP aparece el de encontrar soluciones viables y efectivas a la problemática vinculada a los incendios en el Delta, que se definió como un humedal caracterizado por su fragilidad ambiental”. Sin embargo, de acuerdo a las respuestas dadas, dijo, no se advierten avances en ese sentido.
Además, dijo el máximo tribunal, “para integrar a todos los actores del federalismo argentino, el desarrollo de las políticas de preservación que concertaron el Estado federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos a través de la firma del PIECAS-DP debe razonablemente incluir la participación y el compromiso de los municipios”.
Así, resolvió condenar al Estado Nacional y a Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe y a los municipios de Rosario y Victoria “a implementar y ejecutar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP)”.
