Con más ordenanzas sancionadas, menos proyectos ingresados y un aumento de las iniciativas destinadas a controlar al Ejecutivo, el Concejo Deliberante de Córdoba cerró 2025 con una actividad marcada por la impronta del oficialismo y una oposición que buscó ganar volumen político desde las resoluciones: pedidos de informes y citaciones a funcionarios de la gestión de Daniel Passerini.
Durante 2025, el cuerpo parlamentario de la ciudad, presidido por el viceintendente Javier Pretto, realizó 38 sesiones entre febrero y diciembre: 34 ordinarias, tres especiales y una preparatoria, según el relevamiento de la red pública del Concejo Deliberante a través de la Secretaría Legislativa. Ese número refleja una agenda institucional sostenida, aunque con cambios en la dinámica parlamentaria respecto al año anterior.
Un dato central del balance es la disminución en la cantidad de proyectos ingresados. En total, en 2025 se presentaron 774 iniciativas, contra 864 en 2024, lo que equivale a una caída aproximada del 11 por ciento. La baja se explica, sobre todo, por la reducción de proyectos de declaración, habitualmente vinculados a expresiones simbólicas del cuerpo.
En sentido contrario, se observó un aumento notable de los proyectos de resolución, que pasaron de 117 en 2024 a 178 en 2025. Ese crecimiento evidencia un mayor ejercicio de la función de control político, principalmente a través de pedidos de informes y citaciones a funcionarios del Ejecutivo municipal, un terreno donde la oposición ganó protagonismo en el Concejo.
El peso del Ejecutivo
Pese a la caída en el total de proyectos ingresados, el año legislativo cerró con un dato contundente: se aprobaron 108 ordenanzas, frente a las 77 sancionadas en 2024, es decir 31 normas más, lo que ubica la producción normativa en uno de sus niveles más altos del período reciente.
El incremento de ordenanzas respecto a 2024 se explica en buena medida por la cantidad de convenios con municipios y comunas que pasaron por el Concejo para su aval, y también por los 12 nuevos convenios urbanísticos aprobados en la última sesión del año en medio de fuertes cruces políticos.
En ese marco, desde la oposición Elisa Caffaratti (UCR) cuestionó la aprobación “en paquete” y puso el foco en informes técnicos que advierten distintos problemas en los terrenos en cuestión. Por su parte, la juecista Graciela Villata reclamó por “la falta de un plan director”.
“Son estudios de factibilidad. A partir de las exigencias técnicas que ponga la Municipalidad y de su cumplimiento efectivo por parte de los privados, se verá si los convenios llegan a buen puerto”, cruzó el passerinista Martín Simonian en el último plenario del año.
Además de los convenios con la Provincia y otros municipios, el Concejo sancionó ordenanzas clave como Ficha Limpia, la regulación de apps de transporte, el programa de actividades productivas (PPAP), el “RIGI” cordobés, la ordenanza de instrumentos urbanísticos, el endurecimiento de sanciones ambientales y el paquete económico 2026, entre otras.
Autorías
El reparto de autorías de las normas aprobadas muestra un marcado predominio del oficialismo municipal. El 55% de las ordenanzas sancionadas (80) se originó en proyectos remitidos por el Ejecutivo municipal, mientras que el bloque mayoritario del Concejo aportó el 18% (26).
En conjunto, el oficialismo participó en el 73% de las ordenanzas aprobadas, frente a un 27% impulsado por los bloques del arco opositor: UCR (11), Juecismo (8), Ciudadanos (8), PRO (6), CPL (5) y FIT (2).
El dato consolida un esquema legislativo en el que el Concejo funcionó, en gran medida, como engranaje normativo de la gestión municipal, con elevada capacidad de sanción y una agenda fuertemente alineada con las prioridades del Ejecutivo encabezado por Passerini.
Por otra parte, del total de 774 proyectos ingresados en 2025, 428 fueron aprobados, 336 girados a comisión y 124 enviados al archivo, incluyendo iniciativas de años anteriores que perdieron estado parlamentario durante 2025.
La cifra refleja un alto nivel de resolución, aunque también evidencia una acumulación de expedientes que no lograron avanzar en el circuito legislativo, según señalan desde la oposición.
Asistencia a sesiones
En este punto, nueve concejales registraron asistencia perfecta a lo largo de las 38 sesiones del año: Marcos Vázquez, Gabriel Huespe, Mauricio Romero, Graciela Villata, María Eva Ontivero, Juan Balastegui, Sandra Trigo, Gustavo Pedrocca y Mónica Rosales.
En contrapartida, se registraron mayores niveles de inasistencias —por distintos motivos— entre Jéssica Rovetto Yapur (5), Javier Fabre (4), Miriam Aparicio (4), Soledad Zarazaga (4), Laura Vilches (4), Erika Mercado (3), María Verónica Garade Panetta (3) y Claudia Luján (3), un dato que también forma parte del balance anual.
El balance 2025 mostró un Concejo Deliberante más activo en términos normativos, pero con menor volumen de iniciativas simbólicas —aunque los homenajes permanecieron— y una oposición que volcó su estrategia hacia el control político del Ejecutivo municipal.
En un contexto en el que la gestión afronta los vaivenes de la crisis económica y con un fuerte protagonismo del oficialismo en la producción de ordenanzas, el recinto funcionó como escenario de alineamiento con el gobierno local por la mayoría automática del PJ, pero también como espacio de tensiones políticas que anticipan debates de mayor intensidad de cara al próximo turno electoral.
Achique presupuestario para 2026
Del presupuesto total del municipio para 2026, que asciende a $1,48 billones, el Concejo tiene asignados $22.561.983.838, de los cuales la partida de personal representa $15.698.067.531 y los servicios no personales $4.730.993.349.
En medio del debate sobre el uso de recursos públicos, el Concejo que preside Pretto avanza en un recorte de su planta política contratada. El ajuste, calificado como “quirúrgico”, implica una reducción del 30% de los vínculos laborales temporales y apunta principalmente a contratos que vencieron el 31 de diciembre y no serán todos renovados.
La medida se concentra en monotributistas y recae, en su mayoría, sobre personal vinculado a ediles del oficialismo, como señal interna de control del gasto. Actualmente, el Concejo registra 370 becarios y 170 contratados externos, con haberes que van desde $200.000 hasta $1.500.000, un esquema que ahora está en revisión.
