El Concejo Deliberante de Córdoba puso en marcha un proceso de recorte sobre su estructura de contratados en un contexto de escasez de recursos y la imposibilidad de mantener el esquema vigente. En las próximas horas empezarán a llegar las notificaciones.
Actualmente, el cuerpo legislativo municipal cuenta con 370 becarios y 170 monotributistas, cuyos ingresos van desde los 200 mil hasta el millón y medio de pesos, y en su mayoría están vinculados a concejales del oficialismo.
“No hay plata”, sintetizó sin rodeos una alta fuente del Concejo. Los fondos ya no alcanzan para cubrir todas las demandas y el ajuste es inevitable. Serán los bloques más numerosos los más afectados, en un recorte pensado para reproducir —en espejo— la política de contención del gasto impulsada por el Ejecutivo municipal.
El antecedente inmediato data de abril del año pasado, cuando en pleno escándalo por los llamados “empleados fantasmas” de la Legislatura provincial, el viceintendente Javier Pretto decidió blanquear la cantidad de personas que cobraban algún tipo de vínculo contractual con el Concejo. Entonces se informó que cerca de 650 personas percibían ingresos por tareas ligadas a la actividad legislativa municipal.
La publicación del listado no estuvo exenta de polémica: apellidos repetidos, lazos familiares y relaciones políticas cruzaban tanto al oficialismo como a la oposición. En ese momento, desde el Ejecutivo municipal se reconocía la existencia de más de 600 contratados, definidos como colaboradores de bajos ingresos que recorrían barrios, asistían a concejales y sostenían la actividad política cotidiana, con el argumento de evitar la figura del “ñoqui”.
Hoy ese relato choca con una realidad más cruda. El propio viceintendente quedó a cargo y es el responsable de ejecutar el recorte. No se trata —aclaran— de una “motosierra” al estilo libertario, sino de un ajuste quirúrgico obligado por la falta de recursos.
