Con la sesión ya convocada para este viernes 26 al mediodía, el Gobierno de Javier Milei acelera las negociaciones en el Senado de la Nación para sancionar el presupuesto-2026.phtml">Presupuesto 2026 sin modificaciones y evitar que el proyecto deba volver a la Cámara de Diputados. El panorama está allanado para la aprobación en general, aunque el recuento de votos sigue siendo ajustado y persisten artículos que generan tensión entre los aliados.
El dictamen en la comisión de Presupuesto y Hacienda, que reunió 11 firmas, permitió a la vicepresidenta Victoria Villarruel convocar la sesión apenas minutos después de concluido el debate. En el oficialismo reconocen que el número está cerca, pero no cerrado.
El oficialismo parte de una base de 20 bancas propias. Hoy cuenta con 19 y espera sumar una más con la jura de Enzo Fullone, quien ocupará la banca que la rionegrina Lorena Villaverde no pudo asumir tras el rechazo de su diploma por su presunta vinculación con una causa por tráfico de cocaína en Estados Unidos. A partir de ese piso, La Libertad Avanza necesita al menos 17 voluntades adicionales.
Enfrente, el bloque peronista reúne a 21 senadores conducidos por José Mayans, que ya anticiparon un rechazo en bloque al proyecto. Por eso, el Gobierno busca el respaldo de una treintena de legisladores dialoguistas y provinciales para alcanzar la mayoría.
Entre los apoyos prácticamente asegurados figura Luis Juez, quien abandonó el PRO para formar un monobloque y alinearse con el oficialismo. También se da por descontado el respaldo de la tucumana Beatriz Ávila y de la salteña Flavia Royón, vinculadas a los gobernadores Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, respectivamente, quienes ya acompañaron el Presupuesto en Diputados.
Radicales, PRO y los artículos sensibles
La Unión Cívica Radical, con una bancada de 10 senadores, firmó el dictamen luego de que se asegurara la exclusión del polémico capítulo XI, que proponía la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad, ya rechazado en la Cámara baja. “La única forma de que salga hoy va a ser como vino de Diputados”, había advertido el jefe del bloque, el correntino Eduardo Vischi, y esa condición terminó imponiéndose.
No obstante, los radicales mantienen reparos respecto del artículo 30, que deroga disposiciones centrales de las leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional, Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Educación Técnico Profesional, un punto que podría tensar la votación en particular.
El PRO, reducido a un bloque de apenas tres senadores, firmó el dictamen en disidencia parcial por la ausencia de un artículo sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, un reclamo promovido por Jorge Macri. Aun así, desde la bancada amarilla esperan no obstruir la sanción del Presupuesto, argumentando la necesidad de garantizar gobernabilidad y previsibilidad.
Gobernadores y negociaciones cruzadas
Como ocurrió en Diputados, los gobernadores vuelven a tener un papel central. En el oficialismo cuentan con el apoyo de la neuquina Julieta Corroza, cercan a Rolando Figueroa, y confían en que los dos senadores misioneros, que evitaron pronunciarse públicamente, acompañarán el proyecto como lo hicieron en la Cámara baja.
Clave también resulta el bloque Convicción Federal, integrado por cinco senadores de distintas provincias. En ese marco se inscribe el acuerdo político negociado con Gustavo Sáenz, que incluyó la designación de la salteña Pamela Calletti como auditora de la Auditoría General de la Nación, aprobada de madrugada y leída como un gesto directo del Ejecutivo hacia los gobernadores aliados.
Caputo y su mensaje al mercado
Más allá de la aritmética parlamentaria, el principal interesado en la sanción del Presupuesto es el ministro de Economía, Luis Caputo. Tras dos años de prórroga del Presupuesto 2023, la aprobación del texto sería una señal al mercado de que el Gobierno puede construir mayorías legislativas, en un contexto con vencimientos de deuda externa exigentes para 2026.
El proyecto incorpora el artículo 56, que faculta al Ministerio de Economía a realizar operaciones de administración de pasivos —compra, venta y canje de instrumentos financieros— sin las restricciones establecidas por la Ley de Administración Financiera. En la práctica, introduce cambios importantes al régimen fijado por la denominada Ley Guzmán, que limitaba esas operaciones a casos de mejora en montos, plazos o intereses.
Caputo defendió públicamente esa estrategia y sostuvo que un canje hacia bonos “convencionales” podría reducir el riesgo país sin alterar las variables macroeconómicas. Según explicó en el streaming La Casa, la reciente licitación del BONAR 29N mostró una tasa sensiblemente más baja que la de los bonos reestructurados, un dato que el Gobierno busca capitalizar.
Este domingo por la tarde, el oficialismo mantuvo una reunión virtual con jefes de bloques aliados para ultimar la estrategia. En la Casa Rosada saben que introducir cambios obligaría a devolver el proyecto a Diputados, un escenario que nadie quiere habilitar a esta altura del calendario legislativo. Con la sesión fijada y el conteo de votos en marcha, el Presupuesto 2026 se encamina a una definición ajustada en el Senado, atravesada por negociaciones políticas, intereses provinciales y una pulseada de fondo sobre el margen de maniobra económica del Gobierno para el próximo año.
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