Un grupo de diputados de origen peronista, pertenecientes a distintos bloques, presentó un proyecto de manera conjunta que, más allá de su contenido económico, expone un mensaje político de alto voltaje: la intención de comenzar a construir una articulación transversal, sin la participación de La Cámpora ni del kirchnerismo más ortodoxo.
Según consignó La Política Online, la propuesta lleva la firma, entre otros, del entrerriano Guillermo Michel (Unión por la Patria), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y de los referentes de Encuentro Federal Miguel Pichetto y Nicolás Massot. La presencia de dirigentes con trayectorias y pertenencias diversas fue interpretada en el Congreso como un gesto de acercamiento entre sectores que, hasta ahora, venían actuando de manera fragmentada.
Si bien el proyecto apunta a dar una respuesta al problema del endeudamiento de los hogares, el trasfondo político fue lo que más llamó la atención. La jugada aparece en sintonía con los movimientos que viene desplegando el kicillofismo en la provincia de Buenos Aires, orientados a ganar autonomía frente a la conducción tradicional del kirchnerismo.
Otro elemento que sobresale es su perfil federal. Acompañan la iniciativa el mendocino la entrerriana Marianela Marclay, Emir Félix —enfrentado en su provincia con la camporista Anabel Fernández Sagasti—, el chubutense Juan Pablo Luque, el puntano Ernesto Alí, la bonaerense Victoria Tolosa Paz, hoy cercana a Axel Kicillof, y el tucumano Carlos Cisneros.
En términos técnicos, el proyecto busca atender el fenómeno del “sobreendeudamiento” de familias que mantienen pasivos con tarjetas de crédito o con proveedores no financieros, como fintechs, cooperativas, mutuales y cadenas comerciales, que suelen aplicar tasas elevadas y condiciones contractuales desfavorables.
La iniciativa propone la creación de una línea de créditos a través de la Anses destinada a jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de programas sociales, con el objetivo de que puedan cancelar esas obligaciones. El monto máximo previsto es de 1,5 millón de pesos por persona.
En los fundamentos, los diputados sostienen que la medida no solo tendría un impacto social positivo, sino que también resultaría conveniente para el organismo previsional, ya que los préstamos se otorgarían a valores de mercado, lo que permitiría garantizar su sustentabilidad financiera.
