

Este miércoles 8 de octubre a las 13:00 se realizará la apertura de sobres con las ofertas para la concesión de 741 kilómetros de rutas nacionales en la primera etapa de la Red Federal de Concesiones, conocida como la Ruta del Mercosur. El tramo incluye los corredores Oriental y Conexión, que integran las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174.
El gobierno de Javier Milei debió sumar un incentivo para atraer inversiones a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), una decisión distante del perfil exclusivamente privado inicialmente buscado. El financiamiento ofrecido tiene un techo previsto de 56.000 millones de pesos o hasta el 70% del monto total que marque el contrato de concesión, bajo la modalidad UVA +2%, con hasta seis años para el repago y un año de gracia.
La apertura de sobres representa el inicio del proceso destinado a seleccionar a las empresas responsables de la construcción, mantenimiento, explotación y administración de los corredores definidos. Toda la operatoria se ejecuta por la plataforma Contrat.Ar, en el marco de la licitación 504-0007-LPU25 iniciada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación.

El segmento en licitación corresponde a dos áreas del antiguo Corredor Vial 18, que incluyen principalmente las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Estas vías forman parte del nuevo esquema de concesión diseñado por el Gobierno Nacional para transferir la operación y el mantenimiento de una parte significativa de la red federal al sector privado.
La Ruta del Mercosur vincula Argentina con Brasil y Uruguay y registra un flujo elevado de cargas y pasajeros, hecho que define su carácter estratégico en la infraestructura nacional. Los pliegos establecen que el plazo de concesión será de 20 a 30 años, según el tipo de obras y monto de inversión propuesto por las empresas. En todos los casos, los contratos estipulan la explotación integral bajo régimen de peaje.
El financiamiento dispuesto por el BICE se diseñó mediante un esquema fiduciario de garantía y fondeo, de acceso opcional para la firma ganadora. De acuerdo a la comunicación del banco, el superávit fiscal alcanzado permite respaldar inversiones del sector privado en obras esenciales para la infraestructura productiva, comercial y logística del país.
El programa busca instaurar un nuevo sistema de concesión que reemplace la gestión pública de Corredores Viales S.A. y reactivar obras vitales para la conectividad nacional. En su conjunto, la Red Federal de Concesiones abarca 9.154,67 kilómetros agrupados en 18 tramos, lo que representa cerca del 20% de la red vial nacional y concentra el 80% del tránsito.
El desarrollo vial se organiza en tres etapas. La primera, que involucra los corredores Oriental y Conexión, inicia hoy con la apertura de sobres. Las etapas dos y tres, aún en preparación, agregarán más de 8.000 kilómetros diseminados en distintos corredores, incluyendo ejes troncales del sistema argentino.
El tramo Oriental —incluido en la actual licitación— recorre rutas de alto movimiento comercial y turístico, cruciales para el intercambio regional. Este corredor une regiones clave del litoral y facilita la conexión logística entre puertos, polos industriales y fronteras internacionales.
El BICE resaltó que su intervención responde a una política de acompañamiento al desarrollo de la infraestructura vial como pilar de la competitividad, mediante instrumentos financieros específicos para grandes proyectos. La modalidad fiduciaria permite garantizar recursos, reducir riesgos y brindar previsibilidad en el pago de créditos asociados a las concesiones.
La licitación 504-0007-LPU25 apunta a captar capitales privados nacionales e internacionales para modernizar y mantener corredores centrales del país. Las presentaciones definirán tanto las empresas que asumirán la concesión como las condiciones de inversión, obras y tarifas de peaje.
La iniciativa también busca hacer eficiente el uso de recursos fiscales y liberar al Estado de los costos operativos directos, delegando en operadores privados el mantenimiento bajo contratos prolongados y controlados.
Según fuentes oficiales, el traspaso de corredores al ámbito privado permitirá reducir el gasto estatal ligado a la gestión directa de rutas y avanzar hacia el autofinanciamiento vial. El BICE, no obstante, mantendrá un papel complementario con respaldo financiero en condiciones de mercado, figurando como garante y proveedor parcial de fondos para las inversiones estipuladas bajo el nuevo sistema.
La hoja de ruta prevé que tras la adjudicación de estas concesiones iniciales, se activen las licitaciones para los tramos restantes actualmente bajo la órbita de Corredores Viales, la empresa estatal creada en 2018 tras el fin del modelo de Participación Público-Privada (PPP). Estas siguientes etapas sumarán unos 5.800 kilómetros y su ejecución supondrá la disolución final de la compañía pública.