Bajo el paraguas de la Ley 27.401, de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (que refiere a la corrupción pública privada), la empresa de seguridad sueca Securitas -con 12.000 empleados en la Argentina-, se autodenunció en 2020 y admitió que pagó sobornos millonarios a representantes de organismos públicos en el país para quedarse con contratos. Desde entonces, tuvo que reconstruirse.
¿Cómo fue ese camino? Tal como informó LA NACION entonces, Securitas fue la primera compañía en entrar en un acuerdo de colaboración eficaz, previsto en aquella ley aprobada en 2017.
Con este tipo de convenios, las empresas tienen la oportunidad de brindar información a la Justicia, aportar pruebas, reparar el daño causado (devolviendo, además, las ganancias producto del delito) y se comprometen a tener un programa de integridad bien delineado (compliance). Como contrapartida, hay un atenuante en la pena.
Alberto Pizzi, director de Secar Security Group, Securion, la compañía que continuó con la operación de Securitas luego de un management buy out -cuando el management compra la compañía en la que trabaja- habló sobre el día después de una empresa que llega a la Justicia por corrupción. Lo hizo en un encuentro organizado en los últimos días por la Asociación Argentina de Ética y Compliance.
“Estamos transitando un camino inexplorado. Somos la primera compañía que se denunció bajo la ley 27.401″, definió. La sentencia todavía no se dictó, por lo que el ejecutivo cree que “va a depender mucho de cómo trate la Justicia a la compañía para que incentive a que otras hagan lo mismo. Los que tienen que caer son los responsables del ilícito, no la compañía”, opinó durante el encuentro organizado por la Asociación Argentina de Ética y Compliance.
El modelo de negocios de la corrupción
Un dato que llegó a la casa matriz, en Estocolmo, encendió las alertas allí, y lejos de esconder o desestimar la información -como había sucedido con otras denuncias en la Argentina-, los directivos suecos decidieron contratar a una empresa independiente para que lleve adelante una investigación exhaustiva en su filial argentina.
Fue entonces que saltó la matriz de corrupción que estaba en marcha en ese momento. No era un hecho aislado, pudieron dilucidar. Había millones de dólares que salieron de la compañía de forma irregular.
La decisión fue autodenunciarse, despedir a los implicados y sanear las cuentas con la entonces AFIP por US$13 millones.
La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, de diciembre de 2024 se explaya sobre la operatoria ilegal. En 110 páginas hace referencia a “delitos de defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y/o administración infiel o fraudulenta, al menos, entre los años 2016 y 2018″.
La pregunta es: ¿Cuán dispuestos estamos a hacer lo correcto?
También describe que se trataba de “un modelo de negocios basado en corromper funcionarios públicos de organismos o empresas del Estado, tanto a nivel federal como provincial, para obtener y/o mantener la adjudicación de contrataciones públicas -para lo cual, en muchos casos, se sobrefacturaban los servicios prestados”.
Según la causa, que sigue en marcha, “la comisión de actividades ilícitas, lejos de aparecer como una contingencia o circunstancia meramente ocasional, respondió a una matriz consolidada de funcionamiento, planificada y disponible…”
La compañía admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y Energía de Entre Ríos SA (Enersa), entre muchos otros.
Una nueva era
Luego de los despidos, Alberto Pizzi fue contratado para “poner las cosas en orden”, según sus propias palabras, y finalmente realizó la compra de Securitas junto al fondo de inversión Mas Equity.
Para la compañía sueca fue muy fuerte el daño reputacional, por lo que decidieron irse del país. “Hubo una enorme desilusión con el management local”, dijo el empresario. Entre finales de 2023 y abril de 2024 se llevó adelante un rebranding y lanzaron Securion, aunque se mantuvo la alianza con Securitas AB como Certified Partner.
“Me convocaron en 2019 para sumarme a la compañía Securitas. Acababan de hacer, en 2018, una limpieza de todo su directorio. Por supuesto que para la compañía fue un golpe muy duro. Securitas había comprado en la Argentina cerca de 15 empresas de seguridad, todas locales, y no llegó a conformar un sistema de compliance realmente robusto como para que las prácticas que traían de origen no se frenaran”, aseguró el ejecutivo.
¿Cuáles son las principales implicancias cuando falla un programa de compliance? Según el ejecutivo, hay un enorme impacto económico. Para empezar, la compañía tuvo que rectificar el balance seis años para atrás y pagar US$13 millones a la AFIP. Fue un gran problema porque cotiza en el Nasdaq de Estocolmo, que es parte del Nasdaq de Nueva York”, agregó.
“Después, la AFIP tiene que comunicarle al juzgado que vio estos problemas. Entonces, ahí entra la ley 27.401, que para mí es muy importante porque permite que la empresa se autodenuncie. La ley tiene un artículo muy importante que habla de la confidencialidad y esto es muy bueno. Puedo dar fe de que el juzgado, cuando recibió toda esta información, durante el periodo de investigación mantuvo la confidencialidad durante cuatro años”, dijo Pizzi.
Además, hicieron un acuerdo de colaboración eficaz que firmaron de la mano de sus abogados. “Nos sentamos ante un fiscal y dijimos ‘miren señores, acá está todo lo que ustedes necesitan. Se lo vamos a proporcionar’”, detalló. Finalmente, tal como dicta la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, se hizo un programa de compliance robusto porque “antes compliance era pour la galerie. Tiene que ser un aliado del negocio y hasta puede ser tercerizado para tener aún más independencia. Es clave que los empleados no crean que serán despedidos si hacen una denuncia”, sostuvo el ejecutivo.
Con respecto al cimbronazo que significó autodenunciarse, Pizzi reflexionó sobre el cierre del encuentro: “Este camino es muy muy difícil. Sin embargo, la pregunta que hay que hacerse es: ¿cuán dispuestos estamos a hacer lo correcto?“.
