El empresario paranaense Gabriel Pedro Losi está imputado en la causa de los Cuadernos. Este jueves comienza el juicio oral que, además de a él, sentará en el banquillo a funcionarios públicos y a otros 62 empresarios.
Según la investigación fiscal, la acusación se basa en el pago de coimas entre 2003 y 2015 por parte de empresarios a funcionarios del Gobierno con el objetivo de resultar beneficiados con obras públicas.
El informe del periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, que denunció la trama de corrupción, señaló que los empresarios involucrados provienen del rubro de la construcción, pero también del transporte, la energía y la logística. En conjunto enfrentan penas que van desde un mínimo de 80 años hasta un máximo de 419 años de prisión.
Veinte de estos empresarios admitieron haber realizado los pagos al acogerse al régimen de “imputado-colaborador” y declarar como arrepentidos, luego de acordar con el fiscal Carlos Stornelli; ese acuerdo fue aprobado por el fallecido juez Claudio Bonadio, quienes encabezaron la instrucción del caso.
Un grupo mayor, 46 empresarios, intentó sin éxito evitar ser parte del juicio que empieza hoy ofreciendo sumas de dinero para “extinguir la acción penal” en su contra. En total, según La Nación, ofrecieron más de 13 millones de dólares.
Parte de lo que Losi contó
A Losi se le imputa haber integrado una asociación ilícita junto a otros empresarios y funcionarios públicos que funcionó desde principios de 2003 hasta noviembre de 2015.
La acusación sostiene que la asociación “organizó un sistema de recaudación de fondos con el fin de enriquecerse ilegalmente y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos. La acusación formal sostiene que la asociación ilícita fue comandada por los expresidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, cada uno en su respectivo mandato de Gobierno. “El dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo o sus secretarios privados”. Desde allí era redistribuido. La maniobra fue organizada por el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario Roberto Baratta, según la documentación a la que accedió ANÁLISIS.
Buena parte de esos viajes y visitas que implicaron retornos y remesas de dinero fueron asentados en las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
En su indagatoria, Losi relató parte de la historia de la empresa familiar. Apareció implicado porque lo mencionó el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner.
Losi aseguró que nunca tuvo funciones en la Mesa Ejecutiva de la Cámara de la Construcción, aunque sí participó en asuntos del sector vial.
“Desconozco si en algún momento existió un sistema tarifado de retornos en las obras”, declaró. Reconoció luego que participó de reuniones con otros empresarios viales, en las que se habló de licitaciones en particular, intereses, redeterminaciones de precios y atrasos en los pagos. “Nunca se acordó previamente el resultado de alguna licitación, al margen de los dichos”.
Losi dijo que, por su competitividad, lograron “algunas obras en nuestra zona de influencia”, y mencionó, por ejemplo, participaciones en la Ruta 18 y la Ruta 14. Sostuvo que hubo inconvenientes con los pagos de Vialidad y que “había discrecionalidad”.
“En un determinado momento, un colega, Víctor Pietroboni, actualmente fallecido y con quien había conformado UTES, me transmite que ‘Ernesto’ (Clarens) quería hablar conmigo. Conversé primero el tema en mi empresa e hicimos caso omiso, pero llegó un punto donde, fruto de los atrasos en los pagos de los certificados de obra, la situación financiera se nos hizo insostenible y determinó la decisión del presidente de habilitar la asistencia a una reunión, aún asumiendo que esta podía derivar en exigencias de dinero. Así fue como accedí a reunirme con Ernesto Clarens, en reiteradas oportunidades”, contó Losi.
Agregó que al primer encuentro fue acompañado por Pietroboni. En una de las reuniones Losi manifestó a Clarens su disconformidad con la discrecionalidad y los atrasos en los pagos. Clarens le respondió que tenía contacto con el ingeniero José López.
“En la segunda o tercera reunión con Clarens me manifestó que para poder cobrar debíamos devolver el 3 por ciento de todo lo que se nos pagara, sí o sí. Dicha condición era una exigencia para que la deuda se normalizara. No hubo palabras amenazantes, pero la manera en que se expresaba era muy concreta”, declaró.
Afirmó que “a las entregas de dinero las hice personalmente, por pedido de mi padre, yendo a las oficinas de Clarens. No tenemos por obvias razones un registro de estos pagos, pero se limitaron a la disponibilidad de dinero que tenía mi padre. Pero tampoco se respetó estrictamente el porcentaje exigido, sino que llevábamos en función de las posibilidades. Tengamos en cuenta que eran fondos no bancarizados que llevábamos desde Paraná. No recuerdo cuántas fueron exactamente las entregas de dinero a Clarens, fueron más las veces que vine a reunirme que las veces que entregué dinero. No era una cuota fija ni siempre el mismo monto de dinero. Estaba relacionada con la cobranza que percibíamos. Repito, no se respetaba el 3 por ciento exigido, pero guardaba proporción. Como las cobranzas no mejoraron significativamente, intensificamos nuestras quejas y gestiones, y pasado un tiempo sin resultados sustanciales, mi padre decidió cortar con los pagos que nos exigían, ya que a la larga, nos iban a tener que pagar y no teníamos disponibilidad de dinero en negro. La situación financiera, por otra parte, y en función del esfuerzo del trabajo realizado, era algo menos apremiante. Tiempo después, debe haber sido en 2011, me llamó a mi teléfono celular el ingeniero Sandro Férgola, quien no recuerdo si en esa época seguía en funciones, ya que había sido gerente de obras, subadministrador de la Dirección Nacional de Vialidad. Me citó en las oficinas de la empresa Rovella Carranza. Si bien primero reclamó el cumplimiento de los pagos devengados por las cobranzas, me solicitó en tono de exigencia que lo ayudáramos a arreglar una situación especial y que el tema debía tratarlo con Clarens. En esa reunión estuvimos los dos solos. Cuando concurrí a verlo a Clarens, me explicó detalladamente cuál era el problema que debía solucionar. Se trataba, según me dijo, de un tema fiscal muy complicado con Gotti, que venía de arrastre. Según relató, se iba a hacer porque pese a una negativa inicial de la Presidenta Cristina Fernández, que había tomado conocimiento con posterioridad al fallecimiento de Néstor Kirchner, finalmente ella había accedido a resolverlo. Me dio la impresión que quien hablaba con Cristina era José López, no Clarens. En esa reunión, Clarens me pide un monto de 4 millones de pesos, que los necesitaba en blanco y que los pagos nuestros iban a ser contra facturas emitidas por la empresa Gotti. Luego de ello se pusieron en contacto conmigo distintas personas de la empresa Rovella y Gotti. Hasta el momento desconocía que Rovella y Gotti tuvieran vinculación. Pero sí aclaro que Rovella era una de las empresas favorecidas en la discrecionalidad de los pagos. Así fue que facturaron subcontratos de movimientos de suelo en un par de obras nuestras, que obviamente no fueron realizadas por Gotti sino por nuestro personal y equipos. Esas facturas fueron canceladas y cumplimos con lo exigido, si bien con algún atraso atribuible no a nosotros sino a los interlocutores que Clarens había designado. Toda esta operatoria con Gotti está debidamente documentada con la contabilidad de mi empresa”.
Hacia el final de su declaración, Losi sostuvo que “en los últimos años de la gestión ganamos un par de obras que no tuvieron inicio durante la misma, contrariamente a otras obras similares de otras empresas. Nuestro trabajo en el último período de la gestión de gobierno se concretó mayormente en subcontratos de obras de otros contratistas y compra de contratos ganados que estaban casi parados, que supimos llevar adelante. El saneamiento de la deuda que hizo la nueva gestión de gobierno en 2016, nos encontró en un lugar muy alto del ranking de montos, y altísimo si lo medidos por plazos de mora. Por último, en el marco de la imputación que se me formula, niego terminantemente haber integrado una asociación ilícita, como también tenido cualquier contacto directo con Baratta o haber entregado dinero directamente a algún funcionario público, pues, reitero, en mi caso las entregas de dinero fueron a un particular. Niego también haber sido favorecido especialmente en alguna obra pública, dado que pese a los antecedentes de la empresa y su capacidad técnica, debimos haber obtenido más contratos. Recuerdo que en una oportunidad fuimos a nuestro juicio burdamente descalificados de una obra que habíamos ganado, que era un tramo de la ruta 14, la que fue finalmente adjudicada a IECSA. En esa ocasión, Férgola me invitó a no impugnar”.
Detalles de la causa
Un informe de Infobae, tras el pedido de elevación a juicio, recordó que todo comenzó el 1 de agosto de 2018 con ocho cuadernos escritos a mano por Oscar Centeno, ex chofer del asesor y mano derecha de Julio De Vido, Roberto Baratta. Las puntillosas anotaciones de Centeno, quien durante doce años consignó minuto a minuto sus viajes para recolectar sobornos, se extendieron en la investigación hasta niveles impensados: la causa llegó a tener 172 personas procesadas.
Los 31 arrepentidos cuya confesión fue “certificada” por Bonadio son: Oscar Centeno, Juan Carlos de Goycochea, Angelo Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Héctor Zabaleta, Carlos Wagner, Jorge Neira, Claudio Glazman, Aldo Benito Roggio, Juan Chediack, Claudio Uberti, Jorge Balán, Javier Romero, Rodolfo Poblete, José López, Alberto Tasselli, Francisco Valenti, Enrique Pescarmona, Marcela Sztenberg, Patricio Gerbi, Gabriel Losi, Miguel Aznar, Fabián Gutiérrez, Ernesto Clarens, Sergio Todisco, Elizabeth Municoy, Juan Manuel Campillo, Carlos Gellert, Carolina Pochetti y Víctor Manzanares.
Los procesamientos dictados por Bonadio contra ex funcionarios kirchneristas (entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner, De Vido, Baratta, etc.) y empresarios fueron confirmados por la Cámara Federal.
De esta causa central se desprendieron otras, como la de lavado de dinero del fallecido Muñoz, acusado por inversiones de origen sospechoso por 70 millones de dólares en Estados Unidos, en la compra de departamentos e inmuebles.
En total, Bonadio envió a 53 imputados a juicio por la trama central de los cuadernos, 14 por el tramo de lavado de dinero del fallecido ex secretario Muñoz y 6 por los subsidios ferroviarios, por los cuales presuntamente se pagaron sobornos.
En tanto, fueron sobreseídos Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” De Pedro, Andrés “Cuervo” Larroque, José Ottavis y Julián Álvarez, quienes habían sido imputados por supuestamente haber recibido dinero para el financiamiento de la campaña.
