El secretario de Servicios Públicos, Luis Zatti, negó que la renovación sea automática y dijo que el Ejecutivo resolverá qué hacer. El Gobierno de la Municipalidad de Paraná tiene poco más de tres meses para decidir si extiende la concesión por otro período a las actuales empresas de transporte urbano de pasajero o si llama a licitación para evaluar nuevos prestadores. El plazo expira el 10 de octubre, un mes antes del término de la concesión, y para entonces, el Ejecutivo tendrá que haber optado por una de las dos posibilidades: prórroga o compulsa de oferentes.Para los empresarios de los colectivos, no hay dudas de que “corresponde” la extensión de la concesión por otros cuatro años, hasta 2011. Basan la posición en las ordenanzas vigentes y en el cumplimiento de los requerimientos realizados por la Comuna por parte de las empresas. Marcelo Lischet, titular de la Agrupación de Transporte Urbano de Pasajeros (ATUP) -grupo que opera el servicio en la ciudad desde 1984-, entendió que “no están dadas las condiciones para un llamado a licitación” porque “hemos cumplido con las exigencias que se nos han ido pidiendo”. Y mencionó, a modo de ejemplo, la actitud asumida por la agrupación ante la caída de las empresas Martín Fierro y Transporte Urquiza y añadió el hecho de que “el servicio se cumple”. Así las cosas, para que no haya prórroga, debería haber una causa con fundamento sólido, aseguró. La otra pata del argumento pasa por la legislación. Al respecto, Lischet recordó la existencia de una ordenanza (7.607), sancionada en diciembre de 1993, que introdujo un término al contrato de concesión firmado en 1984 por la Comuna y la ATUP. Hasta ese momento (1993), regían los alcances de la ordenanza 6.723, sancionada en agosto del ‘84 con motivo del llamado a licitación y adjudicación del servicio a la ATUP. Esa norma establecía un primer período de ocho años y luego prórrogas cada lustro, renovables siempre que los prestadores hubieran cumplido con las exigencias del Municipio. Es decir que la 6.723 no establecía fecha de finalización del contrato, cuestión que fue modificada casi una década después, cuando se fijó que en 2011 debe volver a cero y convocar propuestas a través de una licitación. EN BLOQUE. Así descripto el panorama, Lischet dijo: “Nosotros, lo que estamos pidiendo es que se cumplan los 18 años de contrato. Solicitamos que se prorrogue (la concesión): quedan cuatro años y sabemos que en el 2011 termina el contrato”.Es que el sector entiende que los cambios introducidos por la ordenanza 7.607, durante la anterior gestión de gobierno del actual intendente Julio Solanas, fijaron un bloque de 18 años de prestación al pautar la fecha de término del acuerdo en 2011. De todas maneras, la norma prevé tres renovaciones -cada cinco años- y otra, final, de cuatro años, pero luego de que las prestadoras cumplan una serie de condiciones: “siempre que el servicio se hubiere prestado efizcamente y se cumplimenten los requisitos o mejoras que exija la Municipalidad, atendiendo a las nuevas necesidades del servicio”. Eso se lee en el artículo 2 que seguidamente establece: “Al vencimiento del último plazo previsto (cuatro años), se considerará finalizada la actual concesión, debiendo la Municipalidad de Paraná proceder a efectuar el llamado a licitación pública para la adjudicación” del servicio de transporte de pasajeros de colectivos. Pero esta ordenanza (7.607) contempla un dato curioso relacionado con un desfase de fechas. Sucede que la norma por la que se otorgó la primera prórroga del servicio -tras la adjudicación en 1984- fue sancionada el 30 de diciembre de 1993 y promulgada en enero de 1994, pero tiene alcance retroactivo puesto que abarca el período de renovación desde el 10 de noviembre de 1992. Es decir, que durante un año el servicio habría funcionado sin ese andamiaje legal. Por esa diferencia de tiempo, es que el sector de transporte habla de un bloque de 18 años y no de 19. PLAZOS Y TARIFAS Además de la definición respecto de la concesión, los empresarios demandan un respuesta respecto de un pedido de recomposición tarifaria presentado en la Comuna en julio de 2006. El tema tiene relevancia por estos días para el sector empresario debido a que está en discusión un nuevo aumento de sueldo de los choferes. Lischet recordó que en la nota, que está en el Concejo Deliberante para su estudio, se solicita una recomposición tarifaria del 24 % a julio del año pasado. “Queremos que se resuelva porque el jueves (por mañana) se vence la conciliación obligatoria de la UTA y va a haber otro tironeo”, dijo el empresario en referencia al planteo gremial que se tramita a nivel nacional. Indicó que actualmente el sueldo inicial de un chofer es de 2.114 pesos, un viático de 120 pesos mensuales y el 1.5% por año de antigüedad. Ahora el gremio solicita un incremento de 560 pesos, con lo que el salario ascendería a unos 2.800 pesos con el viático, informó el empresario y dijo que una suba en la masa salarial “sería imposible de cubrir” para las firmas. Esta cuestión es también tema de análisis en el Municipio, junto al futuro del transporte público, según manifestó el titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Luis Zatti. Se trata de dos grandes temas, que despiertan polémica, sobre los que deberá resolver la actual gestión de Gobierno en un escenario particular. Es que la gestión ya transita el último tramo de mandato y se ensancha la etapa de transición. Ante esa situación, el Ejecutivo había anticipado en mayo la intención de convocar a las autoridades electas para analizar el asunto en conjunto (Ver recuadro). Pero todavía no ha habido avances.Luis Zatti, secretario de Servicios Públicos, anunció que en esta semana se retomará “en firme” el trabajo de análisis del futuro del transporte urbano de pasajeros en la ciudad, luego de que el conflicto en el área de Limpieza demandara la atención del funcionariado durante unos 20 días. De todas formas, Zatti aclaró que la renovación o no de la concesión del servicio por los próximos cuatro años “es una decisión política”. Y marcó que la mayoría de las prórrogas otorgadas a las actuales prestatarias no han sido por ordenanza, sino por decreto. Por lo tanto, reafirmó que “los cuatro años que quedan también dependen de una decisión política; es decir que no es automático”. Mencionó, como excepciones, la existencia de dos ordenanzas por las que se concedió el servicio en sendos períodos: la 6.723 de agosto de 1984, que contiene el pliego de bases y condiciones de la licitación ganada por la ATUP y deja en sus manos el servicio por un tramo inicial de ocho años, y la 7.607 de fines de 1993, que renueva el permiso por cinco años (1992-1997). Zatti añadió que la gestión cuenta con un dictamen de Asesoría Legal de la Comuna, que señala las escasas oportunidades en que media una ordenanza en la historia del transporte urbano que ya lleva 23 años a cargo de ATUP. “Esa ampliación está por ordenanza (en referencia a la de 1992), todas las demás fueron por decisiones políticas vía decreto. Es decir que estos cuatro años que se aduce como (renovación) automática, no es tan así porque la decisión política puede ser sí o no”. Consultado respecto de la convocatoria a las autoridades electas, Zatti indicó que aún no se han entablado contactos por ese tema y aclaró que el eventual llamado no sería para realizar una consulta, sino para que “la gestión que venga esté al tanto de lo que podemos llegar a hacer”. Pero añadió que “todavía no se ha hablado de ese tema”, incluso tampoco fue cuestión de conversación en la reunión institucional que mantuvo el intendente electo, José Carlos Halle, con el actual, Julio Solanas. (El Diario)
