En una dinámica legislativa signada por idas y vueltas, el oficialismo decidió avanzar con una reforma parcial del Código de Convivencia, dejando fuera —al menos por ahora— la prohibición de los naranjitas “truchos” y los limpiavidrios, dos de los puntos más polémicos del paquete impulsado por el gobierno de Martín Llaryora.
La decisión, que cuenta con acompañamiento de sectores de la oposición, pretende aprobar únicamente las modificaciones que reúnen mayor consenso político y social, y postergar el debate sobre las figuras que generan más resistencias hasta el inicio del período legislativo 2026.
Las dudas y retrocesos afloraron en las últimas horas, después de que una iniciativa que parecía encaminada a votarse en su totalidad entrara en modo marcha atrás, especialmente tras el pronunciamiento público de la Iglesia de Córdoba, que cuestionó los artículos vinculados a problemáticas sociales, como la prohibición de cuidacoches y limpiavidrios.
El comunicado de la Pastoral Social provocó un fuerte malestar en el oficialismo. La legisladora Nadia Fernández fue una de las voces más duras: dijo no coincidir con el documento, al que acusó de tener “un sesgo importante” y de desconocer el trabajo previo en comisión. También criticó el silencio de la Iglesia ante declaraciones polémicas de la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero.
El liberal mileista Gregorio Hernández Maqueda —uno de los fervientes impulsores de la restricción— marcó diferencias con la Iglesia sobre los “naranjitas“. Al manifestar su disgusto, Fernández lanzó en un momento de la reunión de comisión el ácido comentario de “el curita Munir (Bracco) y toda esa banda”. Ambos reconocieron ser católicos, pero sostuvieron que el tema viene siendo analizado en comisión, al rechazar el mote de “entre gallos y medianoche”.
La oficialista también afirmó que la Iglesia no salió a rechazar las declaraciones de senadora Álvarez Rivero cuando esta sostuvo que “los niños argentinos no tienen derecho a venir al Hospital Garrahan a ser curados”. “No dijeron nada”, cuestionó, y agregó que la senadora anda con el crucifijo en la mano.
Moción
En ese marco, el presidente del bloque oficialista, Facundo Torres, propuso formalmente avanzar solo con los artículos que cuentan con amplio acuerdo y dejar en comisión los vinculados a naranjitas y limpiavidrios. Más tarde se incorporaron también las sanciones para los antivacunas y la restricción de motos con acompañantes.
Esos puntos, que generan controversia, serán objeto de un mayor debate al inicio de 2026, cuando finalice el receso legislativo. A esa postura se sumaron la UCR y el juecismo, que coincidieron en la necesidad de ampliar la discusión.
Torres defendió respetar la autonomía municipal para regular el uso del espacio público y el estacionamiento medido. En ese sentido, sostuvo que muchos municipios y comunas aún no tienen reglamentado el uso del espacio público, por lo que consideró necesario dar tiempo a los gobiernos locales para adecuarse, dictar normas propias y después adherir a la ley de forma efectiva.
Duro rechazo
No todos acompañaron la postergación. Hernández Maqueda y Agustín Spaccesi reclamaron que la prohibición de naranjitas y limpiavidrios se sancione de inmediato, al señalar que el tema fue tratado en al menos tres reuniones de comisión y una sesión, más que cualquier otro proyecto.
Desde el Frente de Izquierda, Luciana Echevarría advirtió que no están dadas las condiciones sociales para avanzar con decisiones de “mano dura” en medio de la crisis económica y pidió no emitir despacho sobre la reforma hasta que haya un debate más profundo.
Finalmente, se impuso la estrategia de aprobar una reforma “a medias”: avanzar ahora con los puntos de consenso y patear para 2026 las definiciones sobre naranjitas y limpiavidrios, en un escenario en el que la tensión política, social y religiosa dejó en evidencia que el Código de Convivencia sigue siendo un terreno sensible.
La esencia de la reforma
Según destacó Fernández, el cambio estructural más relevante es la designación del Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación del Código, con facultades para planificar, coordinar y diseñar la política contravencional bajo un esquema de trabajo interagencial que involucra a la policía, la Justicia y otras áreas del Estado.
La parlamentaria oficialista aclaró que esta decisión no implica volver al viejo Código de Faltas: la policía conserva funciones preventivas y operativas, mientras que el juzgamiento sigue en manos de autoridades judiciales.
La reforma incorpora la figura de reiterancia como agravante en la graduación de sanciones cuando se cometen nuevas infracciones mientras una sentencia anterior no está firme, aplicando criterios objetivos como la proximidad temporal y la similitud de las conductas. Además, promueve el uso de información y evidencia para identificar zonas de alta conflictividad y optimizar recursos.
Otro eje central es el enfoque victimo-céntrico: el proyecto reconoce que las contravenciones generan víctimas e incorpora una mirada restaurativa, con la creación de un servicio de acompañamiento y medidas de resguardo para las personas afectadas.
En materia de antecedentes contravencionales, se establece su caducidad: un año si no se inicia el procedimiento, dos años si está en trámite y tres años cuando hay sentencia firme, plazo tras el cual no pueden seguir registrados.
La iniciativa también habilita el decomiso de bienes utilizados para cometer infracciones, que podrán tener un nuevo destino si no son reclamados en 180 días, y amplía las medidas educativas y resocializadoras, como la asistencia obligatoria a cursos en seguridad vial, convivencia, violencia o cuidado ambiental.
Ley de Tránsito
La modificación a la Ley de Tránisto se despachó por amplia mayoría. Uno de los cambios más relevantes en materia de tránsito será la incorporación formal de los sistemas de encendido automático de luces -conocidos como DRL- como válidos para circular durante el día. Se trata de una adecuación largamente reclamada por conductores en Córdoba, ya que estos dispositivos vienen incorporados de fábrica en muchos vehículos nuevos.
Con la modificación, quienes circulen por rutas provinciales o nacionales con luces DRL encendidas no podrán ser sancionados por la Policía Caminera. La norma aclara que la validez rige exclusivamente durante el día y que, en el caso de los vehículos que no cuenten con esta tecnología, se mantiene la obligatoriedad de llevar las luces bajas encendidas.
Además, la reforma de la ley de Tránsito contempla el endurecimiento de sanciones para conductas temerarias, especialmente en autopistas y autovías. Se prevé un aumento de multas y una agravación de penas para infracciones vinculadas a excesos de velocidad y maniobras de alto riesgo.
