De la redacción de INFORME DIGITAL
Quienes escarban en las profundidades de la política advierten que este “regalo” del Congreso no era un gesto simbólico: implicaba miles de millones que iban a las provincias. El proyecto de reparto del impuesto a los combustibles, redactado con la participación de Rogelio Frigerio, Guillermo Michel y varios gobernadores, se convirtió en una promesa truncada tras una votación ajustada que terminó beneficiando al Gobierno nacional.
Un reparto que valía tres veces más que los ATN
De acuerdo con estimaciones económicas, la recaudación proyectada del impuesto a los combustibles para 2025 rondaría los $4,8 billones.
La iniciativa —acordada por los 24 gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI)— proponía elevar la participación directa de las provincias del 25% al 58%. Esa diferencia representaba unos $1,58 billones adicionales en recursos coparticipables.
El monto era tres veces superior al valor de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que hoy se distribuyen de manera discrecional desde la Casa Rosada. Para los mandatarios provinciales, la aprobación del proyecto significaba autonomía financiera y previsibilidad, además de romper con la dependencia política del gobierno central.
Cómo se hubiesen repartido los fondos
El texto proponía que de los fondos derivados del impuesto a los combustibles:
- 25% se repartiera en partes iguales entre todas las jurisdicciones, incluyendo CABA.
- El 75% restante se distribuyera según los coeficientes de coparticipación vigentes.
- Se eliminaban los fideicomisos específicos —Infraestructura Hídrica, Transporte, entre otros—, que actualmente absorben buena parte de esa recaudación y reducen los montos que llegan a las provincias.
Este esquema de reparto directo hubiera representado una inyección inmediata de fondos para obras públicas, rutas, infraestructura energética y programas sociales en cada distrito.
En Entre Ríos, por ejemplo, el impacto estimado equivalía a más de $45.000 millones adicionales en 2025.
Una noche que cambió el mapa fiscal
Aunque el respaldo inicial fue unánime, el proyecto naufragó en la madrugada del jueves por apenas tres votos. Ese margen mínimo bastó para frustrar lo que los mandatarios consideraban la reforma fiscal más relevante del año.
Con solo tres de los 119 ausentes, la ley habría prosperado.
Los gobernadores de la Liga de Provincias Unidas —entre ellos Pullaro, Torres, Valdés, Morales y Frigerio— expresaron su malestar por la caída. El bloque ya había celebrado la media sanción previa y consideraba la norma más rentable que los ATN, pero debió retroceder ante el revés parlamentario.
El nuevo tablero político
El Gobierno nacional consiguió, con esa derrota provincial, evitar una obligación de reparto automático que hubiera afectado su margen de manejo presupuestario.
En la misma sesión, la oposición moderada decidió no insistir con el rechazo de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), garantizando una tregua política hasta el debate del Presupuesto 2026, previsto para el 12 de noviembre.
Para ese día, se espera un nuevo intento de recomposición con los gobernadores, mientras se negocian los seis cargos vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN).
Detrás de esa trama, Clarín reveló que la pulseada por el reparto de combustibles fue también una batalla por poder y control político, más que por técnica fiscal.
El impacto para Entre Ríos y la región
En la proyección federal, Entre Ríos habría sido una de las provincias más beneficiadas por la redistribución. El esquema incluía montos directos para infraestructura y rutas provinciales, además de fondos compensatorios para municipios medianos.
El revés implica que esos recursos —alrededor de $45.000 millones— no llegarán durante 2025 y seguirán concentrados en Nación.
Un “regalo” frustrado
La derrota del proyecto fue leída por los gobernadores como una señal política antes de las elecciones: el Congreso optó por sostener el equilibrio de poder con la Casa Rosada, sacrificando una ley que hubiese modificado el federalismo fiscal.
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